Cada año se realizan 22 millones de abortos inseguros, según un informe de la Organización Mundial de la Salud, de los cuales, entre 335.000 y 500.000 se hacen en Argentina. Una de cada cinco mujeres muere en el proceso reproductivo a causa de esta práctica, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud. El porcentaje varía según las regiones, y Santa Fe está en la media nacional. De todos modos, las estadísticas muestran sólo una parte de la realidad dado que muchas de estas intervenciones se realizan dentro de un circuito clandestino y, por lo tanto, no llegan a la estadística.
En este contexto, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, integrada por 500 profesionales de todo el país, considera que la problemática debe abordarse dentro del sistema de salud, pero uno de los mayores inconvenientes es la falta de capacitación de los médicos.
Con el objetivo de abrir un espacio de formación académica, integrantes de la Red presentaron una propuesta para dictar la asignatura electiva "El aborto como problema de salud" en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario que fue aprobada y comenzará en el segundo cuatrimestre.
"Todos los abortos son consecuencia de embarazos no deseados, ya sea por una situación de violencia o por otras cuestiones relacionadas con los derechos sexuales", afirma la médica clínica y sexóloga Raquel Tizziani, quien considera que pueden evitarse si se brindan servicios de salud de calidad, información, educación y acceso a métodos anticonceptivos seguros, eficaces y continuos.
Por otro lado, está la capacitación profesional del médico, del enfermero, del trabajador social, del psicólogo, de todas las personas que componen el sistema de salud y que deben garantizar el acceso a la interrupción legal. "La salud es un proceso complejo que también incluye la atención y si esta es deficitaria, restrictiva o está ausente, enferma", puntualizó la docente.
"Ninguna mujer quiere pasar por un proceso de interrupción del embarazo, es doloroso, angustiante, un momento de mucha vulnerabilidad, en el que expone su cuerpo, su vida y muchas veces está sola", dijo Tizziani.
Marco legal
El Código Penal argentino establece que el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer no es punible si el embarazo proviene de una violación o si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer. Con este criterio, aquí la salud no es entendida como la ausencia de enfermedad sino como "el estado de bienestar biopsicosocial".
Dado que se trata de un derecho constitucional, no es necesaria la intervención de la Justicia ni la denuncia policial para realizar esta práctica, sino sólo una declaración jurada de la mujer, recalca la médica.
El protocolo nacional para el manejo de estas situaciones explicita que ninguna persona que trabaje dentro de una institución de salud puede obstaculizar el acceso de las mujeres a la interrupción legal. Y si bien se contempla la objeción de conciencia a nivel personal, el profesional tiene la obligación de dar información. "Todas las personas que fueron procesadas y tuvieron condenas firmes en relación al aborto fue porque no garantizaron derechos", señaló.
En el ejercicio de este derecho se ponen en juego numerosos derechos humanos como la igualdad, la autodeterminación, la privacidad, el principio de legalidad y la no discriminación.
Materia única
La asignatura está dividida en varios módulos. El primero es sobre el marco legal para que los profesionales de la salud "sepan dónde están parados, cómo los ampara el Estado, cuáles son sus garantías y también responsabilidades, ya que tienen la obligación de ser garantes de derechos", explicó Tizziani.
Otro se refiere al proceso de atención, cómo realizar la consulta médica, cómo escribir en la historia clínica, las causas, los distintos consentimientos informados y declaraciones juradas. El tercero es sobre técnicas y procedimientos farmacológicos y quirúrgicos de las interrupciones legales que se abordan desde lo académico.
Los dos últimos módulos se centran en la atención integral pos aborto, que incluye el abordaje de las problemáticas que llevaron a ese embarazo no deseado, la anticoncepción, las infecciones de transmisión sexual, la identificación de situaciones de violencia y un trabajo sobre las mismas. Y por último, un espacio de clarificación de valores con el objetivo de sensibilizar acerca de los derechos y la salud de las mujeres.
"Como docentes de la Universidad pensamos que debe ser una instancia de educación dentro del grado, y deseamos que se extienda a otras Facultades así como a la formación de posgrado, sobre todo en las especialidades donde esta problemática todavía no se aborda de manera democrática y con perspectiva de género", expresó Tizziani.
La cátedra está integrada por la médica generalista María Paula Botta y la médica clínica y sexóloga Raquel Tizziani. También la conforman las doctoras María Celeste Loizaga Alarcón, Mariana Mascardi, Flavia Leguizamo, Paula Mirabet y el enfermero Pablo Dalmasso.
(*) Integrante de la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la UNR.
