La Justicia condenó a prisión perpetua a dos hombres señalados como el "brazo armado" de los inversores farmacéuticos Antonio Iborra (fallecido) y su hijo Juan Pablo. Se trata de Pablo Peralta y Hernán Nuñez, acusados por la tentativa de homicidio contra el abogado penalista Alberto Tortajada y el crimen del policía Carlos Dolce. Por el primero de los hechos, perpetrado en septiembre de 2012, en la puerta del estudio jurídico del letrado, fue acusado solo Peralta, quien se hizo pasar por un cliente y le disparó en el palier del edificio ubicado frente a Tribunales. Y a los dos juzgaron por el crimen del policía, ocurrido el 5 de febrero de 2013, en Tres de Febrero al 1000, tras amenazar en su consultorio al médico Omar Ulloa (de la cadena Farmavip) para que no abriera una sucursal en San Lorenzo y Maipú.

La fiscal Nora Marull se refirió a los ahora condenados como quienes "se encargaban de los aprietes y ataques ordenados por los Iborra, contra quien pudiera perjudicar su negocio. Eran el brazo armado, los que hacían el trabajo sucio".

La causa conocida como la mafia de las farmacias llegó a su primera condena en octubre pasado, cuando Iborra hijo -quien junto a su padre eran dueños de al menos cuatro farmacias, hasta 2014- fue condenado en juicio abreviado a la pena de seis años y ocho meses de prisión, tras reconocer haber sido autor de una serie de hechos de amenazas y ataques, como advertencias a sus competidores o a personal relacionado con la salud y los medicamentos. Si bien las pruebas no alcanzaron para endilgarle la autoría intelectual del homicidio del policía; sí se lo condenó en relación con la instigación de los disparos contra el abogado Tortajada, quien representaba a una empleada en un juicio laboral. Su padre, en tanto, murió durante la investigación pero llegó a ser procesado.

Los que llegaron a juicio oral, y fueron penados por los jueces Edgardo Feritta, María Isabel Mas Varela y Marisol Usandizaga, son los considerados "ejecutores". Además tienen otras causas pendientes por el sistema penal escrito. Para la fiscal se trata de "hechos independientes entre sí, pero con la misma línea causal. Todos perpetrados con el trasfondo del negocio farmacéutico. Aprietes y ataques por encargo, que mandaban los Iborra", alegó. Y agregó: "Los inversores iban a valerse de todo para incrementar sus negocios. Los Iborra venían imponiéndose contra quienes fueran una molestia para sus espurios negocios".

Entre los demás hechos investigados, aparece una seguidilla de atentados y amenazas, cometidos en siete meses: balacera del 24 de agosto de 2012 en la vivienda de la ex jefa de Inspección de Farmacias del Ministerio de Salud provincial, Patricia Kleinlein; amenazas y lesiones contra el dueño de la Farmacia Inglesa, de Sarmiento al 600, en enero de 2013; advertencias por correo electrónico a personal del Laboratorio Roemmers, en enero de 2014; y un ataque al dueño de la farmacia Suiza.