Con pedido de pena a prisión perpetua y multa por 758 millones de pesos, comenzó el juicio por asociación ilícita, homicidio, balaceras y lavado contra Esteban Lindor Alvarado. El hombre, que se presentó como "comerciante" en los primeros minutos del debate, llegó al banquillo de acusados con otras seis personas. Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery adelantaron que durante el desarrollo de las audiencias se expondrán las aristas de la estructura criminal. Sobre el final de la audiencia, el sindicado jefe de la organización delictiva pidió la palabra y admitió una intimidación contra la vivienda de una empleada de fiscalía, por lo que dio explicaciones y se disculpó. También, dijo que estuvo por cerrar un abreviado a 12 años, se quejó de la multa que le imponen los fiscales y se desligó de otros hechos, como el homicidio imputado.
El entramado delictivo por el que Alvarado está sentado en el banquillo de acusados junto a otras seis personas comenzó a ventilarse ayer en el Centro de Justicia Penal, donde se dispuso un amplio operativo de seguridad. Se trata de al menos 12 hechos que serán analizados por el tribunal integrado por Alejandro Negroni, Patricia Bilotta y María Isabel Mas Varela, quienes escucharán a unos 150 testigos a lo largo del juicio, que se extendería hasta principios de abril.
Los fiscales de Criminalidad Organizada, Schiappa Pietra y Edery, dieron detalles de la acusación por asociación ilícita, los homicidios de Lucio Maldonado y Cristian Enrique; dos atentados al Centro de Justicia Penal y los tribunales provinciales, dos atentados a la casa de la empleada del Ministerio Público de la Acusación, que era parte de la investigación, y cinco causas por lavado de activos.
En la causa ya hay 22 personas condenadas en juicios abreviados, entre ellas, seis policías: Cristian Di Franco, Luis Quevertoque, Pablo Báncora, Jorgelina Chávez, Marcelo y Martín Rey. "Este caso se construyó a pesar o junto con la interferencia como la que sufrimos de parte de policías que trabajaban para la Fiscalía (Báncora y los hermanos Rey)", expresó Edery. Y recordó que en juicio abreviado "el abogado de la organización (Claudio Tavella) fue condenado por haber sido parte de la asociación ilícita".
Para abordar los hechos, Edery recordó situaciones de 2018: "Es indispensable poner en contexto lo que pasaba en la ciudad y lo que veníamos investigando. Entre mayo y agosto de 2018 se produjeron unos 18 ataques contra domicilios de jueces y edificios judiciales (hechos juzgados el año pasado), que habían tenido algún vínculo con el juicio de Los Monos. El fiscal Jorge Baclini creó un equipo de investigación donde estábamos empleados judiciales y personal policial. En octubre de 2018 se hicieron las imputaciones a Guille Cantero, Teletubi Delgado, y otros condenados el año pasado por esos hechos. En muchos, se dejaba un cartel con la frase 'con la mafia no se jode'".
Recordó que uno de los imputados en aquella causa, apodado Chulo, estaba prófugo. "Veremos de qué manera los que integran la banda de Alvarado se montaron en esos hechos para cometer delitos y hacernos creer que eran cometidos por la organización Los Monos", dijo Edery.
La causa llevada a juicio comenzó con los homicidios de Enrique, en el que aparece involucrado Mauricio Laferrara; y Lucio Maldonado, donde Alvarado fue acusado como instigador, y otros miembros como partícipes.
Sobre la figura de la asociación ilícita, los fiscales indicaron que funcionó desde agosto de 2012 hasta 2019. Y la dividieron en tres estamentos: el violento, por el que ya hay cuatro condenados; el económico, que tiene que ver con "quienes permitieron que haya funcionamiento económico, creación de empresas, montaje de pantallas para hacer circular bienes", donde son 11 los ya condenados; y el estamento que le dio permiso estatal ilegal, en el que ya hay 6 condenados" en abreviados, en relación a los policías.
En cuanto a los atentados que se juzgan, imputaron las balaceras del 10 de diciembre de 2018, cometidas contra el Centro de Justicia Penal y los Tribunales provinciales. También los sucesos del 14 de enero de 2019, cuando dejaron "una cabeza de un perro muerto frente a la casa" de la empleada judicial. Y, el 31 de ese mes, cuando balean el frente de su domicilio.
Los demás imputados en la causa son Laferrara, Facundo Almada, Matías Ávila y Germán Fernández, todos con pedidos de prisión perpetua. En tanto, solicitaron 8 años para Miguel Greci Hazzi; y 6 para Damiana Ghirardi, por lavado.
En conferencia de prensa, Edery sostuvo: "Creemos que llegamos a casi toda la estructura de una organización criminal grande, digo casi porque para que subsistan en el tiempo tiene que haber un vínculo político, en este caso no lo pudimos encontrar". Para Schiappa Pietra, "parte de esta investigación develó y vamos a exhibir que durante mucho tiempo se permitió que Alvarado funcione y prospere con una cobertura policial, y eso refleja lo que muchas veces se dice sobre las maneras en que intervienen las fuerzas policiales en el gerenciamiento ilegal de la criminalidad, creo que este caso dará cuenta de ello".
Entre otros datos, indicaron que Luis Medina, asesinado en 2013, "era socio de Alvarado y evidentemente hubo algún problema entre ellos, parte de eso se hablará en el juicio", sumó Edery. En la audiencia dijeron que ese año entró una denuncia al federal sobre una organización donde los mencionaban.
Los fiscales agregaron que Alvarado recibía visitas mientras estaba preso en la causa por robo de autos en Buenos Aires, y entre otros nombraron a Ema Pimpi Sandoval y al barra de Central, "Pillín" Bracamonte.
Sobre el cierre de la audiencia de ayer, Alvarado cuestionó la acusación; dijo que en el caso de la intimidación a la empleada judicial "la idea inicial era dejar una corona (fúnebre)", pero le dejaron la cabeza del perro en su casa, según la acusación. Además, indicó que no sabía que le iban a "tirar" -días después-, porque no tenía señal en Córdoba, y que se enteró cuando ese hecho ya había ocurrido. También mencionó que meses atrás estuvo en conversaciones por un abreviado a 12 años -según indicaron fuentes judiciales era solo por hechos de lavado y asociación ilícita-, pero que finalmente no se hizo tras el crimen de Carlos Argüelles, el año pasado.
