En Bolivia, no hubo prácticas de tiro ni nada que justificara que 70 mil balas de goma salieran de la Argentina y no volvieran. La información --que desmiente el argumento con el que se intentó ocultar el faltante de materiales represivos que terminaron en poder de las fuerzas que dieron el golpe contra Evo Morales-- surge de la declaración que brindaron este lunes tres gendarmes que estuvieron en La Paz entre febrero y junio de 2020. Los tres efectivos de la fuerza de seguridad fueron los primeros en testimoniar ante el juez en lo penal económico Alejandro Catania, que investiga el contrabando agravado de armas durante el gobierno de Mauricio Macri.

Este lunes, Catania comenzó con la ronda de testimoniales de gendarmes que estuvieron en el Estado Plurinacional. Si bien entre noviembre de 2019 y junio de 2020 hubo tres contingentes de esa fuerza de seguridad, el juez optó por arrancar por los dos últimos para entender cómo era la mecánica en Bolivia. Después deberá avanzar con las citaciones de los miembros del Grupo Alacrán –un cuerpo de élite de la Gendarmería– que llegaron el 13 de noviembre de 2019 al Alto y se trasladaron hacia La Paz.

Ante Catania, estuvieron el alférez Alejandro González y los sargentos Jaime Olivera y Leonardo Benítez. Los tres fueron parte del último contingente, el que llegó a Bolivia el 28 de febrero de 2020 y debió permanecer hasta el 27 de junio de ese año porque los sorprendió la pandemia, lo que dificultó su retorno.

Los integrantes de la Gendarmería, en líneas generales, relataron ante el juez que:

  • Llegaron en avión de línea, a diferencia del primer contingente que viajó en un Hércules que proveyó la Fuerza Aérea Argentina;

  • Todos pasaron por Migraciones;

  • Viajaron con sus armas reglamentarias y vestidos de civil;

  • Debieron hacer tareas de seguridad en la embajada argentina en Bolivia y en la residencia del embajador argentino –las dos propiedades están ubicadas a unas cuadras de distancia, no más de diez minutos si se hace el trayecto a pie, dijeron–;

  • Cada gendarme tenía un arma primaria –escopeta– y una secundaria –una pistola–;

  • Las armas se entregaron en la residencia del embajador. Allí se guardaban cajas con armamento en una piecita de 2x2 desde donde se monitoreaban las cámaras de seguridad;

  • Cada integrante del contingente tenía su armamento con él;

  • No hubo entrenamientos ni prácticas de tiro –como ya había surgido en el sumario interno que hizo la Gendarmería–. Este punto es especialmente importante porque desmiente la versión que intentaron instalar jefes de la fuerza para justificar el faltante de las 70 mil balas;

  • Con la policía y con las fuerzas armadas bolivianas, no tuvieron trato. Únicamente se saludaban con los efectivos policiales que estaban apostados en una garita fuera de la embajada o de la residencia;

  • Volvieron con todo el material que tenían;

  • El retorno fue por tierra, vía La Quiaca.

Catania continuará con los testimonios el miércoles. Tiene citaciones cursadas hasta el 16 de marzo, confiaron fuentes judiciales a Página/12.

En las declaraciones de este lunes estuvieron presentes los abogados de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, del excomandante de la Gendarmería Gerardo Otero, del exjefe del Grupo Alacrán Fabián Salas y del exagregado en La Paz Adolfo Caliba, entre otros. Macri, a través de su abogado Pablo Lanusse, había intentado inicialmente impedir que los gendarmes declararan en el sumario interno. El argumento de la defensa del expresidente era que, al ser un procedimiento propio de la fuerza, no había forma de controlarlo. Ahora que declaran ante el juez, parece que a Macri ya no le interesa que sus abogados estén presentes.

El escándalo por el envío de armas a Bolivia para apoyar el golpe contra Morales se desató en julio pasado, cuando se halló una carta del 13 de noviembre de 2019 en la que el entonces jefe de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jorge Gonzalo Terceros Lara, le agradecía al embajador argentino Normando Álvarez García por la entrega de 40 mil balas antitumulto 12/70. En ese momento, el gobierno de Alberto Fernández --a través de Martín Soria (Justicia), Sabina Frederic (Seguridad) y Mercedes Marcó del Pont (AFIP)-- denunció a Macri por el contrabando. A los pocos días, la Policía boliviana anunció que había encontrado en un depósito 29.600 balas del mismo tipo con el logo de Fabricaciones Militares. Los cartuchos también habían entrado al almacén el 13 de noviembre de 2019, o sea, el mismo día en que los gendarmes argentinos llegaron a La Paz.

Las balas entregadas a las fuerzas golpistas en Bolivia habían sido compradas por Bullrich para la cumbre del G-20, que se celebró en la Argentina a finales de 2018. Inicialmente, los alacranes no iban a llevar esos cartuchos, pero se pidió autorización a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para trasladarlos hacia La Paz tras una reunión que se hizo el 12 de noviembre de 2019 en la Casa Rosada. Ese fue el material represivo que no volvió al país; el resto regresó.

En el expediente por el contrabando a Bolivia, no solo están imputados Macri y Bullrich, sino que los acompaña la plana mayor de Cambiemos: el exjefe de gabinete Marcos Peña, el excanciller Jorge Faurie, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo y el exembajador Álvarez García, entre otros.