La Justicia sigue cerrando puertas en la investigación por el asesinato de Lucas González. La Cámara Nacional de Apelaciones rechazó los recursos del fiscal Leonel Gómez Barbella y de la querella, por lo que las oficiales Micaela Fariña y Lorena Miño, cuyos rastros odoríferos fueron detectados en la réplica de arma plantada en el auto de Lucas, continuarán en libertad como lo había decidido el juez Martín del Viso. La Sala IV de la Cámara Criminal y Correccional tampoco hizo lugar al pedido del fiscal para detener al comisario mayor Fabián Lencina, el agente de mayor rango investigado hasta el momento, y a las dos abogadas del Departamento de Asuntos Legales a las que acusa de haber actuado en el encubrimiento. El domingo por la noche, Cintia López, la mamá de Lucas, intentó suicidarse por tercera vez desde el asesinato de su hijo, según dio a conocer el abogado de la familia, Gregorio Dalbón. Cintia fue estabilizada en el Hospital Materno Infantil de Florencio Varela y será trasladada a un centro de rehabilitación.
Con una resolución de solo dos hojas, los jueces Alberto Seijas e Ignacio Rodríguez Varela rechazaron las apelaciones presentadas por Gómez Barbella y Dalbón. Los camaristas consideraron que los recursos fueron "mal concedidos" y Fariña y Miño seguirán en libertad. Los recursos habían sido interpuestos luego de que Del Viso rechazara el pedido de volver a procesar a las oficiales --estuvieron presas en diciembre y fueron liberadas por falta de mérito--, pese a que los canes de la Policía Federal detectaron sus rastros odoríferos en la réplica plantada. Los investigadores consideran que ellas fueron enviadas para colocar el arma de juguete y sostener la versión del enfrentamiento, pero Del Viso, y ahora la Cámara, cierran la puerta a esta hipótesis. La familia de Lucas ya denunció al juez por mal desempeño de sus funciones y prevaricato.
La Sala IV también desestimó otro recurso de la Fiscalía. Gómez Barbella había pedido la detención de tres personas que apuntan la investigación aún más arriba en la cadena de mando. Se trata del comisario mayor Fabián Lencina, a cargo del Área II de la Policía porteña, y de las dos abogadas civiles, Verónica Andraca y su jefa Silvia Ozón, del Departamento de Asuntos Legales de la Policía, dependiente del Ministerio de Seguridad.
A Lencina lo señaló en su indagatoria Daniel Santana, uno de los comisarios procesados por el encubrimiento del crimen, que estaba a cargo de toda las dependencias de la Comuna N°4. Santana dijo que la mañana del 17 de noviembre, cuando Lucas fue asesinado, se encontraba en la celebración del quinto aniversario de la Policía porteña. Dijo que allí estaba toda la cúpula de la fuerza y que fue Lencina, su superior, quien lo envió al lugar de los hechos en su carácter "meramente administrativo". Aseguró que le reportó desde allí durante toda la tarde.
Por si fuera poco, peritajes telefónicos revelaron conversaciones entre los dos comisarios en las que Santana narra a Lencina lo sucedido en Alvarado y Perdriel, la esquina en la que Gómez Barbella y el propio Del Viso señalan que se concretó la trama de encubrimiento. Esas pruebas tampoco fueron suficientes para que el juez hiciera lugar al pedido de detención ni al de indagatoria, y ahora la Cámara rechazó la apelación del fiscal. Las abogadas, en tanto, están señaladas por Gómez Barbella por su rol en el encubrimiento. Está probado que Andraca estuvo en el lugar y el fiscal considera que la envió Ozón. A Gómez Barbella también le rechazaron el pedido de detención de los oficiales Pablo Granara y Lucas Varas, imputados por estar enterados de la maniobra y no denunciarla.
