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“Empezó con el viejo preocupado por el marido de Sandra, pero parece que a Mauricio le gustó el juguete”, le dijo Mariano Macri al periodista Santiago O’Donnell en su libro Hermano. El juguete al que se refería Mariano Macri eran las escuchas ilegales o el espionaje. Por esas declaraciones, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi convocó al hermano del expresidente para que brinde declaración testimonial en la causa en la que se investigan las andanzas de los espías conocidos como Súper Mario Bros, que se dedicaron a vigilar a propios y extraños.
Entre los propios estaba la hermana menor de la familia, Florencia Macri, y su pareja Salvatore Pica. A ellos los Súper Mario Bros los siguieron e incluso les tomaron fotografías desde una casa contigua. Un analista de Contrainteligencia declaró que a él le pidieron que hiciera un informe sobre Pica sin darle mayores precisiones. Hubieran sido espías muy osados si decidieron por su propia cuenta espiar a la hermana menor del primer mandatario. Pero, más allá de la osadía, con la decisión de Martínez de Giorgi de convocar a testimoniar a Mariano Macri, la causa vuelve a orbitar alrededor del expresidente y de su supuesta compulsión por el "juguete" del espionaje.
Mariano deberá presentarse el 21 de marzo. En la misma ronda de testimoniales fueron citados la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño, el diputado Diego Santilli y el juez de garantías de Avellaneda Luis Carzoglio, entre otros.
Se reactiva la causa por el espionaje ilegal macrista
Dos meses después de que la Cámara Federal porteña –con los votos de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi– dijera que durante el gobierno de Mauricio Macri no hubo un plan sistemático de espionaje y que los espías eran cuentapropistas, el juez Martínez de Giorgi sacó una batería de medidas tendientes a reactivar la causa que hace casi un año llegó desde Lomas de Zamora por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal.
Martínez de Giorgi citó para el 14 de marzo a Santilli, que figura en la investigación como una de las víctimas de los Súper Mario Bros. El magistrado quiere que Santilli –actual diputado nacional por Juntos por el Cambio– explique en qué momento tomó contacto con él un grupo de agentes de la AFI. Durante la gestión anterior, Santilli se desempeñó como vicejefe de gobierno y tuvo a su cargo la cartera de Seguridad porteña. Como tal, él era el máximo responsable de los policías de la Ciudad que habían pasado en comisión a la AFI. Ése fue el núcleo originario de los Súper Mario Bros.
Martínez de Giorgi también convocó para el 15 de marzo a José Luis Vila, a quien la AFI le dejó en 2018 una bomba sin conectar como ofrenda en la puerta de un edificio de la Avenida Callao donde había vivido. Para entonces, Vila era el responsable del área internacional del Ministerio de Defensa y, por muchos años, había integrado la Secretaría de Inteligencia. La investigación en Lomas de Zamora se inició cuando un detenido por drogas dijo en una indagatoria que lo había contratado un agente de la AFI, el abogado Facundo Melo, para dejar el artefacto explosivo. La defensa de Melo siempre dijo que la declaración fue mendaz.
Para el 28 de marzo, Martínez de Giorgi llamó a Carzoglio, el juez de Garantías de Avellaneda que en agosto de 2018 recibió la visita del entonces director administrativo de Asuntos Jurídicos de la AFI Juan Sebastián de Stefano y del director de Análisis Fernando Di Pasquale para interesarse por las detenciones de Hugo y Pablo Moyano. Que la reunión existió no es un hecho controvertido: la propia AFI la confirmó durante el gobierno de Mauricio Macri. Mientras Carzoglio denuncia que lo fueron a presionar y hasta que le hicieron llegar una orden de detención para firmar, los espías sostienen –no con gran convicción– que su interés radicaba en medir el estrépito social que podría generar una detención así.
La declaración de Caamaño
Caamaño deberá presentarse el 22 de marzo. La interventora estuvo la semana pasada con Martínez de Giorgi, cuando fue a informarle que tenía 105.000 registros de escuchas en la AFI. El juez pidió a la oficina de escuchas de la Corte que explique cómo era el sistema online que compartía con la AFI y si los espías tenían acceso únicamente a las interceptaciones en casos que eran autorizados por un juez o si podían pedir otras escuchas.
Martínez de Giorgi también le solicitó a Caamaño que entregue una copia del video de la reunión del 15 de junio de 2017 en la que funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, el intendente platense Julio Garro, empresarios y tres altos mandos de la AFI discutían cómo armarle una causa al dirigente gremial Juan Pablo “Pata” Medina. Ese video fue hallado en la AFI y denunciado el 27 de diciembre pasado, una semana después de que la Cámara Federal porteña convalidara la teoría del cuentapropismo. La grabación fue un duro golpe para esa teoría porque mostraba en acción a tres pesos pesados de la exSIDE: a De Stefano, al jefe de gabinete Darío Biorci y al entonces director operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra.
Además, Caamaño deberá informar al juzgado cómo se fue modificando la estructura de la AFI durante el macrismo, cómo se usaron los fondos reservados y quiénes integraban dos estructuras claves --Contrainteligencia y Jurídicos--. Todo esto fue parte de una solicitud del fiscal Franco Picardi, que interviene en la investigación.
En la Corte se sortearon los conjueces
A principios de mes, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través de su abogado Carlos Beraldi, denunció que la Corte no solo tenía cajoneados los recursos de esta causa de espionaje, sino que sus cuatro integrantes se habían excusado uno tras otro para no intervenir.
Pasadas las 9 de la mañana, en el salón Gorostiaga del Palacio de Justicia, se sorteó a los presidentes de Cámara que reemplazarán a los cuatro supremos a la hora de analizar los planteos que surgieron en este expediente. Entre otras cuestiones deben revisar si está bien que la investigación haya salido de Lomas de Zamora y pasado a los tribunales de Comodoro Py.
Los agraciados fueron el Javier Leal de Ibarra --presidente de la Cámara de Comodoro Rivadavia y actual responsable de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO)--, Llorens --presidente de la Cámara Federal porteña--, Mario Rodolfo Leal --presidente de la Cámara Federal de Tucumán--, Ramón González --titular de la Cámara Federal de Corrientes-- y Juan Pablo Salas, de la Cámara Federal de San Martín.
El abogado Rafael Resnick Brenner, que estaba en el sorteo y es querellante por el espionaje penitenciario, se opuso a la designación de Llorens, uno de los camaristas que convalidó la teoría del cuentapropismo y que fue denunciado días atrás por la Comisión Bicameral de Inteligencia. Además, Resnick reclamó saber por qué se excusaron los supremos y dijo que, en el sorteo, no se respetó el cupo femenino.
En caso de excusaciones o planteos de las partes, la Corte sorteó a cinco suplentes: Manuel Pizarro (Cámara Federal de Mendoza), Alejandro Tazza (Cámara Federal de Mar del Plata), Juan Carlos Bonzón (Cámara en lo Penal Económico), Roberto Amábile (Cámara Federal de Bahía Blanca) y Guillermo Antelo (Cámara Civil y Comercial).
