El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, cuestionó el amparo judicial que presentó la Sociedad Rural Argentina (SRA) para no pagar retenciones. Calificó a esa presentación como “un hecho político para generar un conflicto con el gobierno nacional". Tal como lo anticipó Página/12, la SRA y su filial de Jesús María, Córdoba, presentaron una acción de amparo contra las retenciones bajo el argumento de que, al no haberse aprobado el Presupuesto 2022, el Estado no puede exigir a los productores que paguen un canon por las exportaciones.
“Las retenciones son inconstitucionales. Para que exista un tributo tiene que haber una ley", señaló el titular de SRA, Nicolás Pino. La presentación judicial de la patronal agropecuaria plantea ante la Justicia de Córdoba que "al caer la ley de Emergencia y no aprobándose el Presupuesto, a partir del primero de enero las retenciones deberían ser cero". "La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por dos años de esa facultad, priva de sustento legal a los derechos de exportación exigidos con posterioridad a la fecha mencionada", indica el escrito. Las retenciones representaron en 2021 ingresos para el Estado nacional por 963.117 millones de pesos y explicaron el 8,75 por ciento de todos los recursos tributarios.
El ministro Julián Domínguez salió al cruce de la SRA. Aclaró que, desde un punto de vista jurídico, aunque la ley de Presupuesto 2022 no haya sido aprobada, sí hay una ley que la prorroga y mantiene en vigencia las herramientas de recaudación. La ley “sigue vigente y prorroga el Presupuesto 2021”. Por lo tanto, “ninguna de sus facultades ha sido alterada, ya que con el decreto que extiende su validez también se prorrogan todos los instrumentos recaudatorios". "Buscan generar un conflicto en el que no vamos a entrar", advirtió el titular de la cartera agraria al ser consultado sobre la intencionalidad de la estrategia de los ruralistas para no pagar derechos de exportación.
"Todavía no hemos salido de la crisis de la pandemia y tenemos muchos problemas como para generar nuevos", señaló Domínguez durante una entrevista radial. Asimismo, enfatizó que el presidente Alberto Fernández le pidió a todos sus colaboradores "que sigamos con una estrategia de desarrollo y de diálogo con todos los sectores".
Corrientes
Por otro lado, Domínguez advirtió que, además de los efectos ambientales y sociales, "los incendios en Corrientes causarán un trastorno en toda la ganadería argentina, porque el 35 por ciento de las cabezas de ganado del país está en zonas afectadas por sequías severas".
Aunque aclaró que "en el corto plazo no va a haber un aumento del precio de la carne" y que "por el contrario el precio incluso podría bajar porque va a haber una liquidación de stock en lo inmediato", Domínguez anticipó que "en 2023 vamos a sentirlo más, una vez que impacten de lleno las consecuencias de la pérdida de ganado y pasturas".
"Además del territorio correntino, también están afectados el norte de Entre Ríos, el sur de Misiones y el oeste de Formosa y Chaco, en un área que concentra 18 millones de cabezas de ganado, el 35 por ciento del total del país. Corrientes es la segunda provincia de la Argentina en cuanto a la cantidad de cabezas de ganado. Es la fábrica nacional de terneros. Lo que pase con la ganadería correntina pasa a ser un tema nacional ya que el stock ganadero se va a comprometer", dijo el titular de la cartera agropecuaria.
En cuanto a las medidas del Gobierno nacional para hacer frente a la situación, Domínguez indicó que "hace cuatro semanas que estamos trabajando con la Provincia, a la que le hemos pedido las declaraciones de emergencia y desastre agropecuario".
"Estamos trabajando en un plan de contención en lo inmediato, para que los productores puedan seguir produciendo una vez que se sofoquen los incendios. Se definieron tres líneas de financiamiento, una de 200 millones de pesos para los productores no bancarizados, otra a tasa cero con garantía del Fogar y una tercera del Banco Nación al 7 por ciento", detalló Domínguez.
Por otra parte, explicó que la delegación Mercedes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) está gestionando un plan estratégico de recuperación de la ganadería y que se ha permitido el traslado de hacienda a otras provincias.
