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Desde Lima
El expresidente Ollanta Humala, que gobernó el Perú entre 2011 y 2016, se enfrenta a una posible condena a 20 años de prisión por lavado de activos por el financiamiento con dinero negro de sus campañas electorales de 2006 y 2011. Este martes, la fiscalía inició su alegato acusatorio contra el exmandatario, en un caso relacionado con la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, que ha remecido la política peruana. El juicio oral a Humala se ha iniciado luego de más de cinco años de investigación fiscal y también incluye a su esposa, Nadine Heredia, quien fue una primera dama de alto perfil político. Para ella la fiscalía pide una condena de 26 años. La acusa de haber tenido un rol protagónico en la recepción de los aportes ocultos de campaña y haberse quedado con parte de ese dinero. Por este caso los esposos Humala estuvieron en prisión preventiva entre julio de 2017 y abril de 2018. Junto a ellos son juzgados otros nueve acusados, entre ellos la madre y un hermano de Heredia. Por la pandemia el proceso judicial se lleva a cabo en forma virtual.
Humala y Odebrecht
El caso Humala es el primero en llegar a los tribunales por el financiamiento oculto de campañas electorales. Lo que se decida en este juicio tendrá repercusión en los otros procesos, como el seguido contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori, para quien la fiscalía pide 30 años de prisión por recibir clandestinamente en efectivo más de 15 millones de dólares de Odebrecht y poderosos empresarios peruanos para sus campañas de 2011 y 2016. Cuando ocurrieron estos hechos no estaba tipificado como delito el financiamiento no declarado de campañas electorales -se estableció como tal recién en 2019-, por lo que la fiscalía acusa a los procesados por lavado, argumentando que han recibido en forma oculta dinero de origen ilícito y han realizado una serie de acciones para lavarlo y meterlo al sistema para financiar las campañas. Lo que se defina en el juicio a Humala sobre si estos aportes ocultos de campaña encuadran o no como delito de lavado impactará en los otros procesos.
La fiscalía acusa a Humala y a su esposa de haber recibido tres millones de dólares de Odebrecht para la campaña electoral de 2011, tras la cual Humala llegó al poder, y unos 200 mil dólares del gobierno de Venezuela para la campaña de 2006, elección que el expresidente perdió ante Alan García. La fiscalía asegura que el exmandatario y su esposa manejaron personalmente esos aportes. Ambos niegan haber recibido esas contribuciones clandestinas. La mayor carga de pruebas se da en el caso de los tres millones de dólares entregados en secreto por Odebrecht. La fiscalía cuenta con testimonios de altos exdirectivos de la constructora brasileña que confirman esa entrega, entre ellos Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, que en ese tiempo eran el presidente de la compañía y el director de la misma para el Perú, respectivamente. Correos electrónicos entre ejecutivos de la constructora revelarían las órdenes para entregar ese dinero.
Según los testimonios de los funcionarios de la empresa, dos millones de dólares fueron entregados en efectivo directamente a Nadine Heredia, el monto restante fue aportado a los encargados brasileños de la campaña publicitaria de Humala. La fiscalía señala que parte del dinero que recibió Heredia fue fraccionado e ingresado a la campaña como contribuciones de falsos aportantes, lo que, argumenta, sustenta el cargo de lavado, y otra parte, asegura el fiscal Germán Juárez, se la quedó la esposa de Humala y utilizó ese dinero en la compra de una serie de bienes. En el caso del supuesto aporte no declarado del gobierno venezolano, la fiscalía dice que habría ingresado al país a través de contratos simulados de trabajo de Heredia con un par de empresas y por valija diplomática. El fiscal Juárez ha señalado que durante el proceso presentará testimonios que sustenten su acusación en este segundo caso.
Humala, de 59 años, un excomandante que llegó al poder en 2011 apoyado por la izquierda pero rápidamente rompió con ella para hacer un gobierno de continuidad neoliberal y que fracasó en su intento de volver a la presidencia en 2021 al obtener apenas 1,6 por ciento de los votos, es el tercer expresidente en la historia del país juzgado por un tribunal. Los anteriores han sido los exdictadores Alberto Fujimori (1990-2000), actualmente en prisión, sentenciado en 2009 a 25 años por crímenes de lesa humanidad y que también recibió otras condenas a penas menores por cargos de corrupción, y Francisco Morales Bermúdez (1975-1980), que hace unos meses cumplió cien años y recientemente ha sido sentenciado en ausencia por un tribunal de Italia a cadena perpetua por su implicancia en el Plan Cóndor, pero que está en libertad sin una posible extradición a la vista.
El juicio a Humala se da en medio de un gran descrédito de la clase política peruana por una sucesión de escándalos de corrupción. Los expresidentes Alejandro Toldo (2001-2006), a la espera que se confirme su extradición desde Estados Unidos, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), bajo arresto domiciliario, y Martín Vizcarra (2018-2020), enfrentan procesos por corrupción pendientes de llegar a juicio. Los dos primeros por casos relacionados a Odebrecht. El dos veces presidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se suicidó en abril de 2019 cuando iba a ser detenido por cargos de cobro de sobornos a Odebrecht. Por otro lado, el excongresista Manuel Merino, presidente por solo cinco días en noviembre de 2020 luego que el Congreso destituyera a Vizcarra, está acusado por la fiscalía por la muerte de dos personas durante la represión a las masivas protestas en contra de su breve gobierno.
