Dos importantes jefes de la Agencia Federal de Inteligencia llegaron a su despacho en el juzgado de garantías de Avellaneda para decirle que Mauricio Macri estaba “obsesionado” con la detención de Hugo y Pablo Moyano; después mandaron un borrador para que procediera con los arrestos de los dirigentes sindicales y, luego, terminó él sometido a juicio político y suspendido. Ése fue el relato que los integrantes de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia escucharon este martes de boca del juez Luis Carzoglio. Después de su declaración, la Bicameral decidió avanzar con la citación de Gabriel Vitale, otro juez que también sufrió presiones del gobierno de Cambiemos cuando investigaba la causa sobre la barra de Independiente.

El 31 de agosto de 2018, Carzoglio recibió la visita del entonces director administrativo de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián de Stefano, y de Fernando Di Pasquale, en aquel momento a cargo del área de Análisis del organismo. Carzoglio, desde hace años, denuncia que fueron a transmitirle el deseo de Macri de ver a los Moyano tras las rejas. El juez dijo ante la Bicameral que no le cabía ninguna duda de que toda la maniobra había sido orquestada por el entonces presidente. Los propios espías confirman que la visita existió: lo hizo Gustavo Arribas ante la Bicameral en 2019 y después ante el juez Ariel Lijo, que tenía a su cargo una denuncia de Moyano por el armado en su contra. La explicación de la AFI macrista es que la excursión a Avellaneda sucedió porque estaban preocupados por el estrépito social que unas detenciones como éstas podrían causar.

En su exposición, Carzoglio mencionó que otro juez, Vitale, había sido víctima de maniobras similares mientras investigaba a la barra de Independiente, que era la puerta que veía el macrismo para detener a Hugo y Pablo Moyano. Por eso, la Bicameral decidió convocar al juez de garantías de Lomas de Zamora. La cita con él sería el próximo miércoles.

Vitale estaba a cargo de la investigación sobre la barra del “Rojo”, que tenía como imputado estrella a Pablo “Bebote” Álvarez. Allí la fiscalía –encabezada por Sebastián Scalera– buscó que Bebote se convirtiera en arrepentido a partir de 2018. En simultáneo, la fiscalía le abrió la puerta de la causa al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich: dispuso que en la investigación intervinieran la Policía Federal y la Gendarmería. El abogado de Bebote era Rubén Reznik, que asesoraba también a Gerardo Milman –uno de los funcionarios más importantes de Bullrich–. Como Vitale no consintió tener a Bebote como arrepentido, empezó él a tener problemas judiciales: le abrieron una investigación desde la fiscalía –supuestamente con el visto bueno del procurador Julio Conte Grand–, revisaron sus datos e incluso accedieron a las cámaras que estaban dispuestas afuera de su despacho.

La historia de Vitale tuvo menor trascendencia pública, pero está documentada en las denuncias de gravedad institucional que él hizo ante la Suprema Corte bonaerense a partir de 2019. Además, tanto la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) llevaron su caso ante el relator especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados.

La Bicameral tenía previsto interrogar este martes a De Stefano, pero se negó a responder las preguntas y dejó un escrito informando que no iba a presentarse porque la semana pasada lo llamó a indagatoria el juez federal Ernesto Kreplak en la causa de la “Gestapo” antisindical. “Me reservaré cualquier tipo de manifestación sobre los hechos que puedan serme imputados en los procesos penales en trámite, aun cuando todo aquello resulte infundado”, escribió el exjefe de Jurídicos, uno de los hombres fuertes de la AFI macrista y actualmente refugiado por Horacio Rodríguez Larreta como director de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase).