Una persona jubilada del Poder Judicial gana, en promedio, trece veces lo que percibe una persona que tiene la jubilación mínima. El dato –que podría mostrar la distancia entre quienes transitan los tribunales y la gente de a pie– no conmovió demasiado a sus señorías quienes, a través de la Asociación de Magistrados, salieron a denunciar la posibilidad de que sean revisados los regímenes jubilatorios especiales –como los que tienen quienes integran el Poder Judicial o el Servicio Exterior– como un “embate más a la independencia judicial”. La discusión, de larga data, se actualizó después de que el presidente Alberto Fernández dijera que se analizan cambios en esas jubilaciones de privilegio como parte del acuerdo que deberá sellarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri.
La reacción de la Asociación de Magistrados –que nuclea a jueces y fiscales– se suscitó horas después de que Fernández negara que su administración evaluara cambios en la jubilaciones docentes y, por el contrario, sostuvo que sí podrían revisarse los regímenes especiales de los que gozan quienes integran el Poder Judicial o el Servicio Exterior. “Algo hicimos con los jueces y creo que deberíamos avanzar más”, reconoció el Presidente en un diálogo con El Destape Radio. Para los magistrados, ésa fue la señal de alerta.
La Asociación de Magistrados rechazó cambios en sus jubilaciones –cuya modificación, como recordó Fernández, se debatió hace dos años– y apuntó contra la “inoperancia de las políticas económicas”, sin hacer mención alguna a la necesidad de acordar con el Fondo para tramitar la deuda que dejó el gobierno de Cambiemos.
“Estamos preocupados. Es un avasallamiento”, le dijo a Página/12 el juez Marcelo Gallo Tagle, que preside la Asociación de Magistrados, . “Nuestro sistema no es de privilegio. Nuestro régimen es tan especial que cuando aportábamos el 12 por ciento era sustentable, ahora tras la reforma aportamos el 18 por ciento. Si deja de ser sustentable es por todas las vacantes que hay en el Poder Judicial y que no se cubren”, insistió Gallo Tagle.
A diferencia de lo que sostienen los magistrados, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) afirma que el régimen jubilatorio de jueces y fiscales es de privilegio por la magnitud de las jubilaciones o pensiones al igual que el de los diplomáticos. En general, se asume que otra situación que beneficia a quienes integran la "Justicia" es que únicamente tributan el Impuesto a las Ganancias quienes ingresaron a partir de 2017.
En lo que hace a las jubilaciones o pensiones del Poder Judicial, a diciembre de 2021, había 7252 beneficios cuyo promedio estaba en torno a los 385.181 pesos, según estimaciones del CEPA. En el caso del Servicio Exterior, había 693 jubilaciones o pensiones para la misma época y la media rondaba los 445.508 pesos. Esto equivale a decir que un juez gana, en promedio, trece veces más de lo que gana quien percibe la jubilación mínima.
Por el momento, no hubo voces en el oficialismo, más allá de la del Presidente, que salieran a contrastar con lo que planteó la Asociación de Magistrados. Quienes mantienen la relación con el Poder Judicial, según pudo saber este diario, creen que la discusión es, al menos, prematura y que, en todo caso, no hace a la política judicial del Gobierno, sino que tiene que ver con una discusión del área económica. Tampoco hubo pronunciamientos de las líneas más progresistas dentro del Poder Judicial y del Ministerio Público o las asociaciones que tienen mayor afinidad con el gobierno nacional.
Entre los sectores de judiciales que tienen más distancia ideológica con el Frente de Todos, había una preocupación: según sus cálculos, podría haber un plafón favorable para avanzar en el recorte de las jubilaciones porque incluso María Eugenia Vidal hizo campaña el año pasado con el eslogan de terminar con las situaciones de privilegio. En el oficialismo no daban crédito a esa lectura de los jueces. Por el contrario, evalúan que la oposición –pese a lo que haya dicho en la última campaña– se abroquelará detrás del Poder Judicial, donde, en general, consigue fallos favorables. “Desconocen que esto es parte de lo que acordó Macri en 2018. Estaba dicho”, dice con amargura una de las fuentes que transita los pasillos de los tribunales.
El comunicado de la Asociación de Magistrados se conoció como un prefacio a la apertura de sesiones parlamentarias que encabezará el Presidente el martes próximo y mientras crece la expectativa sobre cuáles serán los anuncios en materia judicial. El Consejo de la Magistratura –el órgano en el que jueces, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo interactúan– tiene desde hace dos meses la espada de Damocles pendiendo sobre su cabeza, después de que la Corte Suprema dijera que su composición es inconstitucional y que le diera un ultimátum para completar su integración antes del 16 de abril. Allí, la posibilidad es que el cuerpo –que se encarga de la selección y remoción de los jueces– se paralice. Eso podría tensar aún más la relación con la Corte, que tiene una integrante menos de lo que debería.
“Nosotros estamos abiertos al diálogo”, responde Gallo Tagle ante la consulta de este diario sobre si iniciarán una ronda de discusión con el Gobierno para saber qué será esa revisión que el Presidente anunció como posible. Sin embargo, siempre está abierta la puerta a impugnar cualquier reforma o modificación a través de los tribunales, como lo hicieron con la reforma de hace dos años que elevó el porcentaje de aportes.
