El intendente de La Merced, Javier Wayar, recibió una nueva denuncia penal en la justicia salteña. En esta ocasión, por ocultar información y avanzar con la privatización de los festejos de Carnaval en esa localidad del departamento Cerrillos.

La vicepresidenta primera del cuerpo, Soledad Chocobar, contó a Salta/12 que recién el viernes pasado se enteraron a través de las redes sociales del municipio, y de una publicación en un diario, que el municipio había tomado la decisión de tercerizar el tradicional Festival de Antaño que en esta oportunidad se realizará el lunes 28 de febrero, coincidiendo con el Carnaval.

En la publicación se invitaba a concursar a los interesados de organizar dicho evento al tiempo que se anunciaba que este jueves 24, solo cuatro días antes del Festival, se estarían analizando las ofertas. Ante la sorpresiva noticia, que no había sido informada ni consultada al Concejo Deliberante, como manda la Ley Orgánica, la vicepresidenta a cargo, a falta del presidente, Enrique Torres, que se encontraba en Salta, decidió ir al municipio junto a otros ediles para pedir respuestas. “Pero nos dimos con que no querían darnos copia de la resolución de tercerización ni detalles de cómo se había realizado la convocatoria o tomado la decisión”, expresó la edil.

“No apareció ningún funcionario, solo una secretaria que nos contestó que el asesor legal del municipio solicitaba una nota formal con el pedido”, añadió Chocobar. Ante la respuesta, los concejales resaltaron que no necesitaban ningún tipo de pedido formal debido a que es información pública, “pero más allá de eso, nos fuimos al edificio del Concejo a redactarla y luego la presentamos con la firma de seis de los siete integrantes del cuerpo”, contó la concejala. 

Una vez entregada la nota en el municipio, se presentó ante ellos el secretario de Hacienda, Carlos Wayar, que es el padre del jefe comunal. El funcionario volvió a negar la información bajo el argumento de que los pasos administrativos no lo obligaban a entregar la resolución inmediatamente.

Por lo tanto, Chocobar y sus compañeros sospecharon que no existía ningún instrumento legal que avale lo que estaban haciendo, y se retiraron nuevamente para volver con un oficial de la policía y el abogado del Concejo Deliberante, quienes oficiaron de testigos ante la negativa municipal de entregar información pública de sus actos. “Así y todo no nos quisieron dar nada, y fue tan fuerte la discusión que por eso decidimos realizar la denuncia, porque a falta de una semana no podemos retirarnos a esperar que ellos nos manden una respuesta por escrito cuando se les ocurra”, expuso la denunciante.

“La convocatoria en las redes y el diario estaba escrita a las apuradas y sin hacer referencia a ninguna resolución municipal”, detalló haciendo mención a que se había confeccionado una publicación a escondidas, sin resolución, y en días en los que el Concejo no sesiona. Por lo que se permitió dudar de los fines que se buscan al privatizar un evento “que siempre se hizo de manera pública y que le permitía a muchos vecinos hacer unos pesos vendiendo comida y bebidas”, algo que esta vez tampoco saben si podrán hacer.

“El Festival de Antaño forma parte del patrimonio cultural mercedeño y no puede organizarse de esta manera, a espaldas del pueblo y con tan poco tiempo de anticipación”, sostuvo Chocobar y agregó: “cuando abran los sobres van a quedar apenas tres días para promocionar y vender las entradas, y ni siquiera sabemos qué artistas van a estar”, a la vez que reiteró que no se está dando posibilidad a los emprendedores locales de vender sus producciones en el evento “porque la venta de bebidas es exclusiva del organizador”.

Además, en los términos de la convocatoria, el municipio se quedaría con el 15% de lo vendido que, según los ediles, “no es nada”, porque en otros eventos de menor convocatoria se les pide el 12%, y en este caso “solo un 3% más, cuando esta fiesta le asegura un lleno total. Se está direccionando toda la ganancia hacia una sola persona”, concluyó Chocobar, quien no señaló a nadie en particular aunque en el pueblo ya se maneja el apellido de un empresario que viene organizando eventos en la zona, de apellido Guerrero.

El presidente del Concejo, Enrique Torres, ratificó a este medio los dichos de quien ocupó su lugar en su ausencia y dijo que acompaña todo lo realizado por sus pares. La denuncia se presentó ante la fiscalía penal de Cerrillos por retención indebida de documento público, obstrucción al acceso a la información pública y mal desempeño de funciones.

Sobre Javier Wayar ya pesa una imputación de la fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, por retención indebida, incumplimiento de los deberes de funcionario público, en dos hechos, y peculado. En uno de ellos se lo acusa de haber girado dinero a tres concejales de la antigua gestión, que también fueron imputados. En el otro, por haberse negado a girar el porcentaje correspondiente por ley al cuerpo deliberativo local en los años que lleva de gestión.

A la fecha, el municipio de La Merced le debe más de $8 millones al Concejo. La denuncia la radicó su ex presidente, Santiago Huerga, y fue ratificada por Enrique Torres, quien aseguró que se presentarán como querellantes en la causa que se tramita contra el jefe comunal.