El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González, imputó provisionalmente a cuatro efectivos policiales por "supuesta comisión del delito de vejaciones agravadas por el uso de la violencia" en perjuicio de un hombre de 32 años con Síndrome de Tourette. La audiencia se realizará el viernes próximo. 

El denunciante indicó que los policías lo golpearon mientras lo trasladaban en el móvil policial, y añadió que no están siendo acusados por la fiscalía otros efectivos que lo violentaron y lo sometieron a tortura psicológica ya dentro de la Comisaría 20 de Orán.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, los imputados son un subcomisario, un oficial ayudante y dos cabos.  

Facundo Patrese relató a Salta/12 que el pasado 23 de enero, en un boliche de Orán, un grupo de varones le hizo comentarios ofensivos respecto a su novia y se generó una pelea entre ellos. Intervino la policía y cerca de las 5.30 lo llevaron demorado, en tato mientras lo trasladaban en el móvil policial lo golpearon. También argumentó que primero fue llevado para una revisión al Hospital San Vicente de Paul, donde un médico constató que no tenía lesiones. 

Luego "me meten dos piñas, me tiran en la caja en medio de dos maderitas, boca abajo, en mi frente se me hace un hematoma de 4 centímetros. Me pegan dos culatazos en el hemisferio derecho, en la cabeza y patadas con los borcegos en la espalda, en los hombros, en todos lados", relató. Dijo que lo tuvieron alrededor de una hora y media golpeándolo y dando vueltas en el móvil.

Luego el móvil se detiene en una esquina donde "me dan vuelta y me ponen la rodilla en el cuello", lo ingresan a la Comisaría donde intervinieron cuatro o cinco policías. Patrese comento que una vez allí lo pusieron al costado, en un lugar fuera de la cobertura de la cámara de seguridad y "me torturan sin que vean las cámaras. Me ponen boca abajo mi frente chocaba el piso, me apretaban las esposas" y lo agarraban de los pelos. 

Sin embargo el denunciante dijo que la tortura que considera más grave es la psicológica. "Después, frente a la cámara, me agarran bien y me atan a la reja, me insultan y me dicen de todo, me agreden verbalmente". Relató que los efectivos le decían que iban a violar a su madre discapacitada y a su novia embarazada.  Recordó que cuando estaba esposado junto a las rejas un policía se acercó con insultos instándolo a firmar un documento. Pastrese pidió al fiscal que revise la cámara de la Comisaría porque en ella se ve esa escena y también cuando gritaba e incluso cuando pedía agua para tomar la medicación por el Síndrome de Tourette y no se la facilitaron. Dijo que también pidió hablar con un abogado y tampoco se lo permitieron.

La psicopedagoga Sandra Acosta, consultada por Salta/12 explicó que el Síndrome de Tourette "es neurológico, ataca al sistema nervioso en la parte que dirige los movimientos motores, produce movimientos involuntarios como tics repetitivos que no pueden controlar y a veces va a acompañado por repetición de sonidos también". Dijo que en momentos de gran estrés o de crisis, esto se repite más. Además enfatizó en que los síntomas son muy evidentes y opinó que los policías deberían haberse dado cuenta.

Facundo Pastrese dijo que todavía no se recupera de la violencia policial y que va gastando $300.000 en estudios médicos, kinesiología, masoterapia, psiquiatría y psicología. Refirió que aún tiene secuelas de la tortura física porque tiene el hombro izquierdo dislocado, le duele el hemisferio derecho del cerebro "por los culatazos", no tiene sensibilidad en las muñecas y dijo que estuvo hasta hace 7 días con tos porque lo lesionaron al apretarle la garganta. Respecto a la violencia psicológica dijo que ahora sufre de ansiedad y depresión y miedo de que los policías dañen a su madre o a su novia. También detalló que lo amenazaron de muerte diciéndole que si los denunciaba lo matarían y lo tirarían en una bolsa.

"Pedí consigna de Gendarmería y no me la dieron", contó Pastrese. Dijo que de civil lo siguen y que por el temor que esto le genera contrató seguridad privada.

Pastrese es empresario, tiene farmacias y una constructora de casas. Resaltó que una persona pobre y mal alimentada "no sobreviviría" a la violencia policial y pidió que esto no se vuelva a repetir con nadie. Recordó que hay tratados internacionales de derechos humanos contra la tortura vigentes y pidió que se los haga cumplir en Salta.

El fiscal González resaltó en la imputación los certificados, estudios médicos y fotografías aportados por el damnificado para probar sus lesiones.