La gota que colmó el vaso. No callamos, ni otorgamos. El colectivo de trabajadores y trabajadoras de los Centros de Asistencia Judicial, ante la pública decisión del gobierno de la provincia de Santa Fe de cubrir el costo de los honorarios y aportes que demandó la representación profesional particular de una querella en un juicio oral llevado a cabo en la ciudad capital, entendemos que es momento de alzar nuestras voces y expresar nuestro profundo malestar, ante un acto de nuestro empleador que afecta directamente nuestra dignidad.
Hasta el momento, se han oído diversas opiniones, provenientes de diferentes ámbitos. Aunque muchas nos parecen preocupantes, entendemos que todas son respetables, en tanto defienden sus propios intereses. Sin embargo, resulta alarmante, preocupante y movilizante que ningún responsable de los CAJ haya manifestado su postura aún, para clarificar estas circunstancias. Tampoco lo han hecho las organizaciones que deberían ocuparse de la defensa de nuestros derechos laborales y profesionales, lo que también nos alarma.
Entonces, creemos que tamaño abandono merece que nos pronunciemos. Porque hace demasiado tiempo que esperamos respuestas que mejoren nuestra penosa situación laboral. Respetuosamente hemos canalizado todos nuestros planteos por las vías formales correspondientes, adoptando una prudencial postura ante la inacción de las distintas gestiones. Pero frente al hecho en cuestión, no podemos callar. Porque no podemos consentir semejante atropello. La función de los CAJ es brindar contención, asistencia y, eventualmente representación, a víctimas en condiciones de vulnerabilidad, ya sea de índole material, como así también por la incidencia de otros factores que puedan condicionar su acceso a la justicia. En su mayoría, los destinatarios de nuestro servicio son personas que no pueden pagar a abogados/as particulares.
Todas esas labores constituyen obligaciones a cargo del Estado, que debe garantizar la asistencia interdisciplinaria a quienes no cuenten con medios suficientes para recibir asesoramiento. Dicho de otro modo, el Estado cumple con su obligación de brindar asistencia y patrocinio gratuitos a través de los CAJ. Esa es la finalidad con que se crearon éstas oficinas. Ahora bien, la concreción de dichos objetivos requiere el diseño y ejecución de políticas públicas de calidad a mediano y largo plazo. La revisión constante y crítica de las propias practicas, la escucha activa, la capacitación permanente, la formulación de alianzas en temas comunes con otras agencias estatales o asociaciones civiles, el trabajo mancomunado y en red, la selección estratégica de los litigios, la disposición de recursos suficientes, la planificación a mediano y largo plazo, conforman aspectos de trabajo sostenido y responsable que se apartan de respuestas demagógicas.
En ocasiones, cuando se habla de asistencia a victimas, la primera y única opción que se brinda a la victima o a sus familiares, como respuesta al reclamo de justicia, es la constitución de querella. De este modo, la “querella” se representa en el imaginario como sinónimo de investigación eficaz, instalándose la creencia social de que, si hay querella, habrá identificación de los culpables, habrá justicia.
Sin embargo, consideramos imprescindible aclarar que esto no siempre puede suceder así. Sin desconocer la potencialidad del instituto de la querella en su aplicación estratégica, este tema debe ser tratado responsablemente, en cada caso concreto, atendiendo a las particularidades especificas de la situación, evaluando los eventuales beneficios y riesgos. Dicho trabajo hace a las funciones de los CAJ, siendo abordado con la victima o sus familiares, resguardando sus tiempos y ponderando la incidencia que tal decisión podría generarles.
No obstante, la participación de los CAJ no es obligatoria, por lo que cualquier persona en
condición de víctima que tenga interés en participar activamente del proceso penal puede
contratar los servicios de abogados/as particulares. Con la salvedad, claro está, de que
los/as abogados/as cobren honorarios por su trabajo. En ese caso, si el condenado al pago
es insolvente, como en cualquier otra causa judicial, el/la profesional puede solicitar el pago
a quien requirió sus servicios, que en esta situación sería la víctima o sus familiares. En tal
supuesto, el Estado no tiene ninguna razón para intervenir en el vínculo entre el/la
profesional liberal y su cliente, quienes pueden pactar la manera en que se cumplimentará el
pago de dichos honorarios.
De ahí que la actual decisión del gobierno provincial de contribuir al pago de honorarios profesionales particulares sea inoportuna e inadecuada. Una medida desacertada, irresponsable y carente de seriedad. Porque se trata de una relación establecida entre particulares, que se rige por los acuerdos estipulados entre ellos y, en todo caso, por las normas que regulan la ética y el ejercicio profesional.
Y además, porque la provincia cuenta con una agencia diseñada específicamente para atender a personas en condiciones de vulnerabilidad, con facultades para representar la constitución de querella, conformada por profesionales altamente capacitados/as. Si lo que interesaba a la gestión era el resguardo de los intereses de los familiares de la víctima, la vía para concretarlo era poniendo a su disposición la oficina específica que funciona en Santa Fe.
Con lo hecho, se sienta un peligroso precedente, que atenta contra un trabajo de años en
materia de elaboración de criterios para la intervención en juicio como querellante por parte
de los CAJ. También se transmite un mensaje confuso hacia la sociedad y se consuma una
discriminación hacia el resto de los/as abogados/as que intervienen en el foro.
Simultáneamente, se nos invisibiliza, desconoce y deslegitima en nuestra lucha laboral,
asumiéndose el pago de una importante suma de dinero a particulares por trabajos atinentes
a nuestra función. ¿En qué lugar queda el CAJ y sus empleados/as a partir de ahora? De
aquí en más, cualquier persona podría contratar abogados/as particulares y reclamar que el
Estado cubra sus honorarios, basándose en este antecedente que, sin dudas, corrompe el
funcionamiento del sistema.
Es tiempo de que se nos valore y jerarquice en la medida que merecemos, no sólo en lo laboral, sino también institucionalmente. Los y las profesionales de los CAJ contamos con una vasta formación, que hemos debido solventar con nuestro propio bolsillo. Reiteradamente hemos dado cuenta de nuestra aptitud, litigando estratégicamente en causas complejas, en las que hemos logrado la obtención de jurisprudencia novedosa y progresiva sobre el reconocimiento de derechos de las víctimas.
Salvo por nuestro empleador, existe consenso en diferentes ámbitos sobre la seriedad con que desempeñamos nuestro trabajo, destacando nuestra impronta. Pedimos que se atienda a nuestros planteos para mejorar nuestra realidad y que, en definitiva, se traducirán en una mejora del servicio que prestamos. Para efectivizar de manera real la promoción y defensa de los derechos que le asisten a las víctimas de delitos, debe fortalecerse y mejorarse a los CAJ, instituciones de vanguardia, planificadas desde un nuevo paradigma en materia de atención estatal, rompiendo con la organización burocrática y el trabajo en compartimientos estancos.
No podemos seguir trabajando sin que se jerarquice nuestra función, y que ésta se vea
reflejada en mejores salarios. Tampoco toleramos más que el Poder Ejecutivo siga sin
reconocernos como abogados/as del Estado, no cubriendo el pago de aportes a las cajas
profesionales al que nos vemos obligados a nombre propio y del que no podemos escapar,
ya que necesitamos contar con matrícula para trabajar en los CAJ. Menos aún es sostenible
la actual estructura funcional, sobre la que hemos propuesto su readecuación para adaptarla
a las exigencias actuales, permitiendo proyectar nuestra potencia transformadora.
Es posible que nuestra voz pretenda tergiversarse. Por eso, dejamos en claro que nuestros reclamos no están dirigidos contra la abogada particular que ha pretendido cobrar por su trabajo. Mucho menos contra los familiares de la víctima que han elegido legítimamente la vía para ejercitar su pretensión en el proceso.
Nuestro enfático rechazo apunta contra una decisión de gobierno que nos denigra, aún cuando intenten disfrazarlo, vana y sutilmente, como una ayuda económica en el marco de un plan estatal de acompañamiento a las victimas. Esperamos que, al menos, esta gota que colmó el vaso permita una reflexión seria sobre el asunto y contribuya al desarrollo de acciones de mejora. Por nuestra parte, y ante el silencio de muchos, ya no nos callamos. Ni mucho menos, otorgamos.
Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores del CAJ
