Cuatro usuarios de salud mental murieron intoxicados durante un incendio en una de las habitaciones del centro de rehabilitación Resiliencia San Fernando, de la localidad de Pilar. Según denunció la Comisión Provincial por la Memoria, el lugar no está habilitado y los internos se encuentran alojados en condiciones de detención y violando los más elementales derechos humanos.
La CPM, que se presentó como particular damnificado institucional, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se entrevistó con los sobrevivientes que narraron lo sucedido y el funcionamiento del San Fernando. Por otra parte, interpuso un habeas corpus colectivo en favor de los usuarios de la comunidad.
Según esos relatos, tanto los fallecidos como los sobrevivientes se encontraban "sobremedicados con un coctel de psicofármacos que pudo dificultar la respuesta, todas las ventanas tenían rejas, no había ningún matafuego en el edificio ni existía plan de contingencia ni salidas de emergencias".
Además, detallaron que la comunidad "estaba sobrepoblada, tenía denuncias previas por estos hechos", a lo que se agrega "el fallecimiento de un joven el año pasado que no se investigó".
De acuerdo a la denuncia, del total de usuarios (24), "18 estaban alojados en tres habitaciones, el resto en camas o colchones tirados en el suelo del living. Además del hacinamiento y sobremedicación, la mayoría de las personas permanecían recluidas más de 23 horas en las habitaciones, saliendo algunos minutos para el almuerzo y cena, y una vez por semana al patio sólo aquellos que no se quejaban de las graves condiciones de internación", señaló la agencia Andar, de la CPM.
En relación al presunto tratamiento que ofrecía la institución, Andar citó que "contaba sólo con una psicóloga y un médico psiquiatra que iba una vez por mes. Ambos profesionales convalidaban las graves condiciones de internación, en particular la reclusión en habitación de aislamiento."
Por último, recordó que "en esta comunidad, el 17 de noviembre de 2021, murió Ezequiel Ibarra, pero la comunidad siguió funcionando y la causa que investiga el hecho no avanzó." Cabe señalar que la comunidad Resiliencia San Fernando recibía internos derivados desde la justicia, sin estar habilitada y con una causa penal guardada en el placard.
