La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó ayer la fecha del 16 de agosto para la realización –adelantada ya por este diario– de una audiencia pública en la que se debatirá si es constitucional la enseñanza obligatoria de la religión católica en las escuelas públicas de Salta, la única provincia del país en la que la religión está integrada en la currícula en horario escolar. El reclamo fue impulsado por dos madres de alumnos y alumnas de escuelas públicas en 2010. “Se trata de que se entienda que la religión es algo de la vida privada de la familia, y no de la escuela pública”, dijo en diálogo con PáginaI12 una de ellas, Alejandra Gilk. Por su parte, el ex ministro de educación Daniel Filmus aseguró que “es un debate que se saldó en Argentina en 1884 con la ley 1420, que establece que la enseñanza debe ser gratuita, universal, obligatoria y laica”.
El caso empezó en 2010, cuando las dos madres, Alejandra Gilk y María Alani, presentaron un recurso de amparo contra la enseñanza religiosa en la provincia, con el objetivo de que no formara parte de la currícula obligatoria en las escuelas públicas. La situación respecto al dictado de materias religiosas varía en las distintas provincias, según se establece en las constituciones o leyes de educación provinciales. Por ejemplo, en Catamarca, Chubut, San Juan y La Pampa, la educación religiosa está permitida, pero por fuera del horario curricular. Salta es la única provincia en la que está integrada como cualquier otra materia, durante el horario normal de clase.
“En el boletín de mi hija una vez pusieron ‘no creyente’, en el lugar en donde iba la nota de la materia de religión”, recordó Gilk. “Es discriminatorio que te pregunten de qué religión sos, o que te saquen del aula por ser de otra religión”, agregó luego, y contó que algunos profesores incluso “intentan convencer a los chicos para que se hagan católicos”. La madre que impulsó la denuncia explicó que “una de las materias que figura en la currícula de las escuelas primarias salteñas se llama ‘Historia de las religiones’, aunque en realidad se trata de un catecismo encubierto”. Por otro lado, advirtió que lo más preocupante, más allá de las materias, “son todas las prácticas que acompaña el día a día de las escuelas: rezar antes de que arranque la jornada, en los actos y ese tipo de cosas”.
El 24 de abril de este año, durante la inauguración de la escuela Docentes Correntinos y el jardín Paraje Santa Catalina, en la localidad correntina de Esquina, el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, afirmó que estaba “convencido de que las enseñanzas del Evangelio deben ser aprendidas (en las escuelas). El ejemplo de Jesús debe ser aprendido, pero también el ejemplo de Mahoma, las enseñanzas del budismo y el hinduismo, otras religiones también para crecer juntos reconociendo al otro”.
En la audiencia convocada por la Corte Suprema participarán funcionarios del Ministerio de Educación de Salta, los denunciantes –padres de alumnos de escuelas públicas y la Asociación por los Derechos Civiles, que apoyó la presentación–, y quienes sean admitidos como amicus curiae, es decir, terceros “amigos del tribunal” que puedan aportar opiniones especializadas para la causa. Gilk no se mostró optimista para la audiencia, debido a que “el comportamiento que está teniendo la Corte en el último tiempo no ayuda a creer que van a escuchar nuestros reclamos”. En suma, advirtió que no ve desde el gobierno de Cambiemos una postura que pueda llegar a respaldarlos. “Les gusta todo lo que adoctrina, lo que alínea y lo que disciplina”, opinó. Sobre los dichos del ministro, indicó que “fueron ridículos. Bullrich está a la derecha de Sarmiento”.
Una vez presentado el amparo en 2010, el caso tuvo idas y vueltas en los tribunales salteños. En primera instancia, en 2012, el juez Marcelo Domínguez, de la Sala III de la Cámara Civil, entendió que la forma en la que se imparte educación religiosa en las escuelas públicas lesiona la libertad de conciencia y dispuso eliminar los rituales religiosos, como los rezos. Sin embargo, la Corte provincial revocó el fallo al año siguiente y avaló la educación religiosa tal como estaba previamente, con el único agregado de advertirle al gobierno provincial que ofreciera actividades alternativas para los alumnos que no quisieran asistir a las clases de religión.
En marzo de este año, el fiscal Víctor Abramovich sostuvo en un escrito dirigido al máximo tribunal que incorporar la religión al plan de estudios y mantener los rituales es “discriminatorio” e “inconstitucional”, es contrario a los derechos a la libertad de religión y conciencia, a la igualdad y autonomía personal y a la intimidad. Advirtió también que si bien las provincias tienen autonomía para establecer su legislación, no pueden quedar afectados los derechos constitucionales.
Filmus indicó que le parecía “totalmente correcto lo planteado por el fiscal”. El ex ministro de Educación explicó que “Argentina encontró un mecanismo ejemplar, que es el derecho de los padres a elegir si quieren que sus hijos tengan una formación religiosa, con la opción de mandarlos a colegios de ese tipo”. “El aspecto religioso pertenece a la vida familiar y privada”, agregó. Sobre los comentarios de Bullrich, Filmus indicó que “fue un comentario desafortunado”, y que “sería imposible dar todas las religiones que existen en la sociedad, y terminaría por ser discriminatorio”.
Informe: Juan Funes.
