El acuerdo que está negociando el gobierno nacional para importar casas prefabricadas desde China continúa sembrando críticas y denuncias provenientes del sector de la construcción. Esta semana se sumó la presentación de un proyecto de ley de diputados justicialistas de Chaco y Corrientes para impedir que se lleve a cabo ese negocio. La presentación de estos legisladores nacionales prohíbe la importación de casas prefabricadas y el uso de recursos naturales asociados a esta iniciativa, especialmente la madera. El proyecto recoge precisamente todas las críticas vertidas por las cámaras involucradas en el sector de la construcción, que alertan sobre el impacto negativo que tendrá esta medida en la actividad y en el nivel de empleo. En el rubro se perdieron miles de puestos de trabajo en el último año y medio. Además, remarcan que el precio promedio al que se pactó el metro cuadrado de una vivienda traída desde el gigante asiático es muy superior, y en algunos casos el doble, de lo que cuesta producirla en el país. Desde los gremios analizan además hacer presentaciones ante la Justicia. 

Existen dos tipos de bienes: transables y no transables. Estos últimos son aquellos que sólo pueden consumirse en la economía en que se producen y no pueden importarse ni exportarse, con lo cual sus precios están determinados por factores internos. En toda bibliografía económica la construcción es un bien no transable, así como las materias primas y las manufacturas son transables. De hecho, cuando se intentó durante el kirchnerismo pesificar los precios del sector inmobiliario, la argumentación que se esgrimió, evidente y lógica, era que se construye en pesos, con mano de obra e insumos locales, pero se publica y se vende en dólares. Sin embargo, el macrismo logró, a partir de un acuerdo con el gobierno chino, alterar esa lógica y sumar un elemento externo que alterará esa estructura de producción.

Durante su paso por Beijing, Mauricio Macri avanzó en un acuerdo por la compra de 15.000 casas prefabricadas de origen chino que se realizará en dos tramos. Cada casa de 60 metros cuadrados tiene un costo por metro de 650 dólares promedio, sin contar el terreno, es decir que cada una tendrá un valor de 39.000 dólares (sin terreno). Un valor que hasta duplica los precios que existen actualmente en plaza y son provistos por productores locales. El problema es que los fabricantes locales no tienen los recursos para garantizar la producción que requiere el programa, aunque aseguran que podrían llegar a abastecer una potencial demanda con un programa de financiamiento oficial. El programa de importación de viviendas ascendería a mil millones de dólares. 

La contraparte del acuerdo es Liang Wengen, presidente de Sany, principal firma en China y quinta en el mundo dedicada a la producción de maquinaria para la construcción (hormigón, excavación, carbón, perforación, maquinaria portuaria y grúas sobre oruga). Wengen, miembro del Comité Central del Partido Comunista chino, es un viejo conocido de la familia Macri, con la cual había hecho negocios a través de sus inversiones en la firma China Communications Construction Company (CCCC). Participó de uniones transitorias con Iecsa, que hasta hace unos meses perteneció a Angelo Calcaterra, primo del presidente.

Para entregar las primeras cinco mil viviendas, la empresa proyecta invertir 30 millones de dólares sobre la base del precio calculado de 39.000 dólares por vivienda. El proyecto piloto le reportará a Sany un flujo de fondos operativo de 195 millones de dólares. Las primeras 5000 viviendas serían en la provincia de Buenos Aires, en terrenos públicos que forman parte del programa Procrear. Para el cierre de la operación sólo resta que ambos países se pongan de acuerdo sobre el financiamiento, que sería provisto en principio por el Eximbank de China o el China Development Bank (CDB).

“Estamos en alerta y nos movilizaremos en defensa de las fuentes de trabajo. Lo que necesitamos ahora son planes de viviendas, pero como tienen que ser, con ladrillos”, sostuvo el secretario general de la Uocra, Juan Pablo Medina. El dirigente insistió en que el sistema de construcción que quiere implementar el gobierno debe ser repudiado por todos los sectores. “Hay que defender el derecho sagrado del trabajo”, sostuvo Medina. La crítica es compartida por las principales cámaras de la actividad constructora y proveedoras de insumos, como madereras, ladrilleras y hormigoneras. 

Desde el Gobierno buscan comparar los 650 dólares por metro cuadrado que pretende cobrar la empresa china con los casi 2000 dólares que cuesta una construcción tradicional. Sin embargo, la instalación de una vivienda prefabricada en el país se cobra alrededor de 350 dólares, aunque en principio no tiene la escala de producción necesaria para abastecer la demanda que prevé el programa oficial. 

Luis Cáceres, titular de la Unión Obrera Ladrillera, denunció que, según las cifras de la Cámara Argentina de la Construcción, desde mediados de 2016 esa industria tuvo 245.466 trabajadores afectados entre despedidos y suspendidos. Se calcula que 160.000 ladrilleros desarrollan su actividad en la Argentina. Algunos emprendimientos lo hacen bajo figuras societarias empresariales, otras personales y también en formas de cooperativas. “El Estado tiene provisto avanzar con viviendas chinas que afectarán seriamente a la construcción y de forma específica a la industria ladrillera atentando contra el trabajador, ya que las casas están compuestas de hormigón y ni un solo ladrillo local”, sostuvo Cáceres. De Misiones y Corrientes, 25 industriales presentaron al Ministerio de Agroindustria una propuesta local para competirle en costos a la firma china Sany con mano de obra y materia prima local.

Esta semana diputados de Chaco y Corrientes presentaron un proyecto firmado por el correntino Carlos Rubín (PJ), que propone prohibir la importación de casas prefabricadas y el uso de recursos naturales. El proyecto retoma planteos formulados desde distintos sectores relacionados con la construcción, como el de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima) que manifestó mediante varios comunicados su preocupación y enérgica oposición al proyecto. Desde la entidad que cuenta con 27 cámaras asociadas en todo el país, resaltaron la existencia de una industria maderera nacional capaz de sustituir con tecnología, capital y mano de obra nacional, lo que se pretende importar. 

Por su parte, el diputado misiones del FpV-PJ Daniel Di Stefano presentó un pedido de informe al Poder Ejecutivo sobre la compra de estas viviendas chinas y otro sobre la utilización de la madera para su fabricación, ya que podría implicar un duro golpe para la industria maderera nacional. Argentina tiene 1,2 millón de hectáreas de bosques cultivados y de ese total, el 80 por ciento se concentra en tres provincias: Entre Ríos, Corrientes y Misiones.