“Para bajar el gasto, el Gobierno prepara una reestructuración del Estado después de octubre. Quiere lograr un recorte amplio del déficit en 2018 y dar señales claras de lucha contra la inflación”, se escribió en el diario La Nación, el 8 de mayo pasado. La nota comenta las metas fiscales del ministro Nicolás Dujovne, pero necesita aclarar que no habrá despidos y que, muy por el contrario, se pretende jerarquizar la carrera administrativa.
Las falacias son numerosas, pero nos centraremos en las más importantes. En primer lugar, los diseños estructurales de los Estados y el número de empleados públicos no son una variable de ajuste: dependen del proyecto de gobierno que se pretende implementar. Por otra parte, las cifras argentinas en esta materia están por debajo de las de los países centrales. A fines del 2015, y frente a los señalamientos respecto de la proporción de PIB destinada al empleo público, Federico Bernal señalaba: “¿Qué valor promedio nos decía IDESA (Instituto para el Desarrollo Social Argentino) que tenía la OCDE? 15,3 por ciento. ¿Y la Argentina populista y autoritaria? 14,8 por ciento”. Los 3.579.000 empleados de los tres niveles estatales son los que pueden llevar adelante, cada día, los programas de gobierno. Este número no es preocupante, salvo que se quiera disparar contra el Estado. Como en otros temas, se asiste a una ideología que se disfraza de rigurosidad técnica.
En el artículo se comenta el temor entre los funcionarios de generar “ruidos” y “tensiones” antes de las elecciones, por lo que el ajuste será posterior. También cita a funcionarios que se comprometen a no generar despidos y a jerarquizar la carrera administrativa. Si esto es cierto, el temor parece infundado, pero no hace falta ser un experto para saber que un ajuste siempre abarca cargos y promociones salariales. Fusionar programas, organismos y secretarías de Estado es una decisión de gobierno que, resulta evidente, no obedece a un proyecto de desarrollo. El objetivo es claro: llegó la hora de desmantelar un Estado pensado para la inclusión.
Esta voluntad de ajuste que se pregona suena casi a broma. Unas semanas antes, La Nación advertía que la estructura del Estado nacional había aumentado un 25 por ciento durante el gobierno del presidente Macri, con el consecuente aumento de cargos jerárquicos ¿Las razones? Hay profesionales a los que no les atrae el nivel salarial del Estado nacional. La nota también señalaba que entre 2015 y 2016, la masa salarial había aumentado un 34 por ciento, un porcentaje que no logra explicarse por los acuerdos paritarios. La Nación aclaraba que estos aumentos en la estructura estatal y la masa salarial también se dieron durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que se omitía, no casualmente, es que aquellos aumentos obedecieron a razones que estuvieron a la vista: creación de nuevas universidades, reestatización de empresas y una extendida cobertura social, entre otras políticas que alcanzaron a una población cuya desprotección era nuestra vergüenza.
Durante el gobierno anterior, los trabajadores estatales no fueron vistos como la variable de ajuste. Si este es el nuevo enfoque, su promoción será pura retórica, mientras se dispara contra la Administración Pública.
* Diputada nacional (MC) FpV-PJ.
