El presupuesto 2017 planea destinar este año el equivalente a unos 8 mil millones de dólares para Educación y unos 3 mil millones de dólares para Salud. Es el mismo monto que pagará en 2017 el Banco Central en pesos por intereses de Lebac: equivalente a unos 11 millones de dólares. La deuda del sector público no se termina ahí y el Ministerio de Finanzas informó que se cancelarán intereses de bonos por otros 11 mil millones de dólares, en donde una gran parte será embolsada por acreedores privados del exterior y organismos internacionales. Estas cifras dicen mucho. Por cada dólar que se destina a Educación y Salud la sociedad debe poner otros dos dólares para pagar los intereses de la deuda.
El Tesoro, las provincias, los municipios y las empresas del sector privado decidieron en los últimos 18 meses endeudarse por casi 100 mil millones de dólares, cifra que equivale al 20 por ciento del PIB. La política económica del Gobierno promocionó este endeudamiento y no parece plantear una estrategia diferente para el mediano plazo. Los intereses serán cada vez una carga más pesada para el conjunto de la población, que por el momento no percibe ningún beneficio de ese ingreso de dólares financieros. El balance del último año y medio es una caída de salario real, la pérdida de puestos de trabajo, el retroceso de la producción del mercado interno y el descenso del consumo de bienes masivos como los alimentos.
El endeudamiento no consiguió proteger el bienestar de las mayorías, aunque permitió sostener las políticas de desregulación a favor de los inversores financieros, la promoción de los negocios especulativos y la apertura comercial en detrimento de la producción local. ¿Qué legitimidad tiene una deuda que no se aplicó para mejorar la infraestructura y la calidad de vida de la población sino que se contrajo para acrecentar ganancias de sectores dedicados a especular en el corto plazo? La sociedad tiene derecho a hacerse la pregunta y sobre todo a pedir explicaciones a sus autoridades.
La auditoria de la deuda externa en Ecuador es un antecedente regional clave en el que se privilegiaron los intereses de los sectores vulnerables de la población sobre el de los bancos y acreedores internacionales. En 2007, se creó la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, con el objetivo de identificar deudas ilegítimas tanto con privados como con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
La Comisión decidió la suspensión de los pagos de los bonos Global y se avanzó en la recompra de títulos a precios muy convenientes para el Estado. La porción de presupuesto destinado al pago de deudas en 2006 era de 24 por ciento y se estabilizó en menos del 7 por ciento en 2011, al tiempo que el presupuesto social pasó del 12 a 25 por ciento en el mismo período.
La Constitución ecuatoriana en 2008 agregó otro elemento para limitar los efectos de la deuda sobre las próximas generaciones. Se plantearon normas que permiten tomar deuda pública sólo para financiar proyectos de inversión para infraestructura. La devolución de los pasivos, en tanto, queda supeditada a que el conjunto de la población tenga capacidad de acceder a los servicios y a la canasta básica de alimentos.
El Centro Cultural de la Cooperación publicó en 2013 la investigación La cesación de pagos de la deuda externa en Ecuador, en donde se ofrece un detalle preciso de la estrategia que siguió ese país para revisar la ilegitimidad de su deuda contraída entre 1976 y 2006, mientras que plantea la posibilidad de replicar esta auditoría para el resto de la región. Con el actual ritmo frenético de endeudamiento público, es un interesante antecedente para evaluar para la Argentina.