Las 100 reglas de Brasilia, estándar básico de normas para garantizar el acceso a la Justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad, serán vinculadas por 23 países en una campaña para visibilizar los obstáculos que impiden el acceso efectivo a los ámbitos judiciales de diferentes colectivos, que padecen serias dificultades para conocer sus derechos, acudir a un tribunal, defenderse o denunciar con garantías. El esfuerzo tiene hashtag: #AbramosLaJusticia, promovido en las redes sociales de las principales entidades de Justicia eurolatinoamericanas, entre las que se cuentan el Ministerio Público de la Defensa, en Argentina.
Un lenguaje demasiado técnico, la falta de servicios de traducción a lenguas indígenas, el desconocimiento de los propios derechos, distancias físicas insalvables o simplemente miedos y desconfianza, remarcan en un informe, son solo algunos de los obstáculos más habituales que impiden el acceso a los sistemas públicos de Justicia en América Latina. “Poca o ninguna utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho, si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de Justicia para obtener la tutela de dicho derecho. Y, obviamente, las dificultades son mayores cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad”, explica la Defensora General Stella Maris Martínez, y Coordinadora General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF). En #AbramosLaJusticia, tendrán espacio hasta el 27 de febrero las voces de pueblos indígenas, migrantes, lgbttiq+, personas con discapacidad, de entornos remotos, privadas de libertad o mujeres víctimas de violencias de género, fiscalxs, defensorxs y magistradxs, para crear conciencia sobre los retos de un acceso genuino y sobre la urgencia de impulsar un convenio internacional que logre hacerles frente.
