A través de su cuenta de Instagram, el legislador Nacional del Frente de Todos, Lucas Godoy, informó que se reunió con la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Magdalena Odarda, para interiorizarse sobre los avances del relevamiento técnico, jurídico y catastral, así como de la situación dominial de las comunidades indígenas particularmente en Salta, donde convive la mayor cantidad de etnias registradas en el país “con una situación de vulnerabilidad muy acuciante sobre todo en el norte de la provincia”, escribió el diputado.
Consultado por Salta/12, Godoy confirmó que solicitó el encuentro para saber el estado en que se encuentran los relevamientos en la provincia, habida cuenta los años de abandono que sufrió durante la gestión de Mauricio Macri.
En esa reunión, tampoco dejaron de lado lo ocurrido a fin de año, cuando con media sanción en el Senado, a punto de vencer el plazo para prorrogar la Ley de Emergencia de Tierras Indígenas (Nº26.160) que suspende los desalojos, el presidente Alberto Fernández elevó un Decreto de Necesidad y Urgencia que determinó prorrogar sus alcances automáticamente ante el riesgo que corrían muchas comunidades de perder sus territorios.
Godoy recordó que él fue uno de los que insistió en el seno de la cámara Baja del Congreso para que se apruebe el proyecto que venía con media sanción por parte del Senado “habíamos conseguido dictamen de comisión, pero como fueron las elecciones, cambió la conformación del cuerpo, y en el interín, como vencía el plazo, el presidente decidió, con muy buen tino, emitir el decreto”, explicó.
Dijo no comprender la actitud de algunos miembros de la oposición como el radical Mario Negri, que interpusieron amparos a pesar que la medida es para defender el territorio indígena de quienes quieren expulsarlos “se oponen porque sostienen que esto ya tendría que estar resuelto, como si fuese sencillo, cuando en un proceso privado de posesión veinteañal puede demorar 20 años”.
Ese mismo DNU, contó Godoy, asignó un presupuesto de $290 millones al INAI “para el relevamiento catastral y la regularización dominial”, fondo que fue incluido en el dictamen de la ley de presupuesto que finalmente “fue rechazada de manera irresponsable por la oposición”, sentenció. Por esto, mandó una señal de alerta al Ejecutivo provincial recordándole que allí también se deberá gestionar, como se hace con las obras de infraestructura, para que Jefatura de Gabinete emita una resolución particular y designe las partidas previstas para la tarea en Salta, “y se pueda avanzar y definitivamente culminar con ese relevamiento que ya lleva años”.
El legislador dijo que cumplirá con su parte y así lo está haciendo “para expresarle al gobierno Nacional la voluntad que se avance en el cumplimiento y la defensa de los derechos de los pueblos originarios en nuestra provincia”.
Asimismo subrayó que “es una tarea de todos”, debido a que el relevamiento no lo realiza únicamente el INAI, sino que la Ley indica que se debe llevar a cabo conjuntamente con los equipos técnicos de cada provincia. “En algunos lugares se avanzó más y en otros menos”, indicó, y entre los segundos, incluyó a Salta como una de las que vienen muy retrasadas.
Por esto adelantó que está esperando un informe que emitirá el organismo Nacional “que muestra en detalle la deuda que tiene en la materia la provincia”. Entre otras mencionó unas 100 carpetas que esperan su atención y que los funcionarios locales avancen en su tarea de relevar y otorgar los títulos correspondientes.
De todas maneras, reconoció que el problema de tierras no se solucionará de manera inmediata ya que la voluntad en los procesos son lentos, tanto judicial como política para que ello suceda. Para justificar sus dichos utilizó el caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de Lhaka Honhat en los lotes 55 y 14 del departamento Rivadavia, situación que comenzó a principios de los 90' “la sentencia llegó recién hace dos años y todavía está en proceso de resolución”.
Godoy rescató la férrea y “enorme voluntad de avanzar”, de la cúpula del INAI, luego del parate que sufrió durante los cuatro años de gestión de Mauricio Macri “por una decisión ideológica”, y los casi dos años de pandemia que dificultaron la salida a territorio. Pero para ello, deberá estar acompañada con la voluntad provincial de conformar equipos para que no suceda, situaciones como en Cafayate, donde por retrasos y conflictos locales con las comunidades locales, fue el Instituto Nacional el que tomó la decisión de otorgar las matrículas “antes de seguir esperando a la provincia”.
Por último, relató que también dialogaron con Odarda sobre la necesidad de avanzar en otras iniciativas legislativas que tengan por finalidad garantizar los derechos de las comunidades indígenas. Entre ellas se encuentran la creación de una comisión permanente de Asuntos Indígenas en Diputados “discutir definitivamente una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena de Tierras” y buscar otras que sigan ampliando y garantizando los derechos de las comunidades.
