El fiscal Federico Zurueta y la auxiliar fiscal Marina Cura siguieron ayer con su extenso alegato en la Megacausa Jujuy, en la que se juzga a 23 ex miembros de Gendarmería, el Ejército, la Policía provincial y el Servicio Penitenciario de Jujuy por crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 120 personas, 44 de las cuales están desaparecidas.
Para este debate se acumularon 15 causas. Esta vez la fiscalía federal expuso sobre los hechos comprendidos en la conocida como Causa Aragón (comenzó a alegar en relación a la Causa Scurta pero pasó para el próximo jueves), por delitos en perjuicio de Reynaldo Aragón, Pablo Jacobo Chalabe, Marina Leticia Vilte, Eva Delicia Garrido de Juárez, Juan Ángel "Pájaro Loco" Robles, Juan Bautista Lazarte, Armando Tilca Barreix y Máximo Alberto Tell, todes desaparecides, aunque en algunos casos aquí solo se juzgan detenciones anteriores.
La mayoría de estas personas, como ya viene observandose en relación a las otras víctimas de este proceso, estuvieron detenidas en la cárcel de Villa Gorriti en la capital jujeña, donde, recordó Zurueta, fueron “sometidas a tormentos” como “parte de ese plan sistemático” de eliminación de opositores y “no tenían otro objetivo que quebrar la voluntad” de los detenidos y detenidas.
Para fundar su afirmación, el fiscal citó el testimonio del ex detenido Jorge Néstor Valenzuela, quien dijo que en 1976 los presos y presas políticas estaban en un régimen de máxima seguridad, dentro de celdas en las que permanecían incomunicades, donde “los interrogaban ‘a modo de dictadura militar’” y había "tortura psíquica". Por ejemplo a él le decían que su familia estaba mal y que él debía hablar para facilitar las cosas. Contó también que vio a otros detenidos “muy golpeados”.
Para dar idea del sufrimiento provocado por la represión, recordó el testimonio de la ex detenida Martina Ermelinda Chávez, quien contó que cuando llegaban los militares al penal se apoderaba de ella “un medio terrible, porque estábamos a su merced. Me sentía muy indefensa, temblaba como una hoja y no sabía como reaccionar, la incertidumbre es uno de los castigos más duros que viví, y mis compañeros también”.
Otra imagen de su relato da una idea del pavor provocado por el terrorismo estatal: una mañana las sacaron de las celdas, les ataron las manos y las pusieron en fila en uno de los pasillos de la cárcel. Ya pensaba que era su último día de vida cuando el grito "Traslado" se lo vino a confirmar, porque en ese momento y en esas circunstancias esa palabra significaba desaparición, dijo. Enseguida las subieron a un furgón, la tensión era tal que otra detenida “no soportó y se desmayó”. Chávez trató de que la atendieran, pero le respondieron que se callara o "le darían un tiro en la cabeza”. Finalmente, las llevaron al aeropuerto de El Cadillal, donde un soldado les dijo que las llevaban a Villa Devoto.
Era el conocido como Operativo Aire 718, el traslado en aviones Hércules de 90 personas detenidas en la cárcel de Jujuy a Buenos Aires, ocurrido el 7 de octubre de 1976, cuando 12 mujeres fueron llevadas a la cárcel de Villa Devoto y 78 hombres a la Unidad Penal 9 de La Plata. Ese operativo se llevó a cabo con gran violencia, sobre todo sobre algunas víctimas, como contó el ex detenido Juan Felipe Noguera: “Marcaron a tres compañeros: (Luis) Aredes, Armando Tilca" y Robles con cintas rojas y eso indicaba que el trato hacia ellos tenía que ser "más violento", recordó Zurueta ayer.
El fiscal también memoró el testimonio del médico Rubén Eduardo Altamirano, quien prestaba servicios en la cárcel de Gorriti y confirmó las declaraciones de sobrevivientes acerca de que estaban en celdas individuales, no se les permitía caminar, ni hablar entre ellos, ni leer, y dijo que a su criterio, esto constituye tortura psicológica. También recordó que “los egresos de los presos políticos ocurrían habitualmente de noche”. Ya se sabe que en el caso de las personas desaparecidas, los represores aseguraban luego que las habían liberado.
Una desaparición a como dé lugar
Quizás una de las historias más descriptivas del proceder represivo es la de Juan Ángel Robles, detenido dos veces de forma ilegal. La primera vez estuvo secuestrado entre 27 de abril de 1976 y enero de 1977. En junio de 1977 fue nuevamente detenido, acusado por una supuesta estafa cometida en la ciudad de Palpalá, vecina de la capital provincial.
Inicialmente fue llevado a la Comisaría 1°, en la ciudad de San Salvador. Luego fue nuevamente llevado a Villa Gorriti. El 12 de julio el juez provincial Roberto Bandi le informó que sería liberado y le recomendó que se fuera de Jujuy. Lo llevaron nuevamente al penal, ya con la orden de libertad, pero su hijo, el abogado Carlos Cosentini y otros parientes y amigos lo “esperaron en vano”. “No salió con vida del penal, permanece desaparecido desde aquel 12 de julio de 1977”, aseguró la fiscala Cura.
Cansados de esperar, Cosentini entró al penal y ubicó a Robles, empezaron a caminar por un pasillo, buscando la salida, cuando un uniformado se lo llevó diciendo que tenían que entregarle elementos personales. El abogado salió solo y otra vez esperaron. Fue de nuevo al penal y esta vez el guardia le informó que Robles había firmado una planilla de egreso. Se estaba retirando cuando se encontró con el abogado Héctor Quispe, que le dijo que vio a Robles cuando salía del penal y era subido a un vehículo.
Conocedores de la vileza de la dictadura, el grupo que esperaba a Robles se había distribuido, cubriendo ambas puertas, adelante y atrás, pero nunca lo vieron, a pesar de que estuvieron hasta las 22. Hasta el propio juez Bandi acompañó al abogado defensor a preguntar en la Central de Policía: “Aquí no está”, les dijeron.
La otra parte del destino de Robles se conoce por otros testimonios, tales como el de José Burgos, un preso común que compartía con Robles el Pabellón 5 situado al final de la edificación. Burgos no recordó el día, pero sabe que fue liberado a las 22 de una noche de invierno. Contó que cuando salía pudo escuchar que detrás “Venía el Pájaro gritando ‘no me dejen’, ‘no me dejen’”. Describió que los hicieron bajar escalones (el Pabellón está arriba), los hicieron pasar por una bloquera (que existe dentro del penal), y los sacaron por un portón que da a la calle Pueyrredón. Burgos dijo que sentía que atrás era como que si le estuvieran tapando la boca a Robles, le daba la sensación de que quería gritar, como que iba peleando con los celadores, y solo se oían murmullos, “como haciendo fuerza”.
Otro ejemplo de la crueldad de los personeros de la dictadura es la incomunicación. En el caso de Robles, su hijo contó que como no le permitían visitar a su padre, en su familia optaron por visitar a otro preso por delitos comunes, Manuel Heredia, y de esa manera lograron ver a su padre.
Quince minutos de sol
Al referir a las torturas, el fiscal Zurueta recurrió también al testimonio de las cartas enviadas por detenidos. En una de ellas, Robles pedía que su abogado tratara de que le levantaran un castigo, ya llevaba por entonces "casi diez días incomunicado y cinco sin cama”, y unos oficiales le habían dicho que su situación era de "aislado sin sol".
En una carta fechada el 20 de abril de 1977, el detenido desaparecido Armando Tilca Barreix pedía la intervención de organismos extranjeros por la situación de los presos y las presas. Solicitaba que se garantizara su libertad y "el respeto a la vida", deseaba “que al menos esta misiva sea un testimonio que evite mayor número de asesinatos”. También denunciaba que recibían un "trato alienante e inhumano", que estaban incomunicados, sin visitas, sin correspondencia, sin lectura, encerrados el día entero en celdas individuales y con paseos de 15 minutos en el patio cada 3 días o más.
Zurueta recurrió en este aspecto a las constancias de los libros de guardia y de novedades del penal. El 31 de marzo de 1976 se anotó en el libro de Novedades de Seguridad Externa que el Ejército argentino había ordenado que se controlara "a los delincuentes subversivos" a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) o la Justicia Federal, que se controlaran sus lugares de alojamiento "requisándose todo el material".
En el libro N° 10, el 22 de diciembre de 1976 se asentó que se sacó "a tomar sol al patio N° 3 a los detenidos a disposición del PEN (Poder Ejecutivo Nacional)" por "el término de 15 minutos, a cada uno en forma individual".
En el libro de Novedades de Seguridad Interna N° 7, el 2 de abril de 1976 se anotó que "por orden de la superioridad" se dio "15 minutos de sol" a algunos internos. En el Libro de Seguridad Interna Celaduría de Penados N° 7, se anotó que "El 7 de agosto de 1976 salieron al patio cinco internos subversivos, por espacio de una hora".
"Los testimonios de las propias víctimas prueban el trato tormentoso al que fueron sometidos", sostuvo el fiscal.