La reforma del sistema de jubilaciones que prepara el Gobierno contempla la segmentación de las prestaciones en tres niveles. El primero será de carácter universal y lo constituye la nueva pensión por vejez creada el año pasado con la ley de “reparación histórica”. Se empieza a cobrar a partir de los 65 años tanto en hombres como en mujeres, sin necesidad de aportes previsionales. El monto de ingresos equivale al 80 por ciento de la jubilación mínima. En la práctica, este cambio constituye un deterioro notable para los adultos mayores respecto del estado de derechos que habían alcanzado con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, cuando se aprobaron distintas moratorias que les permitieron a más de 3 millones de personas saldar su deuda de aportes con la Anses –muchos no habían efectuado ninguno– y percibir como piso el haber mínimo. La diferencia es de más de 1200 pesos en este momento, ya que la jubilación mínima se encuentra en 6394 pesos y la pensión por vejez es de 5115 pesos. Además, esta última no genera el derecho de pensión para los familiares del titular. En el caso de las mujeres, la modificación entraña un perjuicio sustancial porque implica un aumento de cinco años de la edad a partir de la cual pueden obtener ingresos, dado que con las moratorias podían jubilarse desde los 60 años y ahora tendrán que esperar hasta los 65 para cobrar la pensión por vejez. Es un recorte de gastos en línea con los reclamos de ajuste fiscal que el FMI y los mercados le formulan al Gobierno permanentemente.

Esta prestación será financiada por rentas generales. Los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Social y de la Anses que diseñan el proyecto establecerían como línea de corte para la pensión por vejez un nivel de aportes previsionales inferior a los 15 años, aunque el número exacto todavía no está definido. Esto significa que los hombres y mujeres que lleguen a los 65 años y queden por debajo de ese nivel de años de aportes tendrán la opción de pasar a cobrar automáticamente este beneficio, equivalente al 80 por ciento de la jubilación mínima, como se explicó más arriba. Sin embargo, la iniciativa les daría la posibilidad de mejorar esos ingresos al autorizar por ley que sigan trabajando y aportando más allá de los 65 años, sin que sus empleadores puedan forzarlos al retiro como ocurre en la actualidad. Todo lo que sumen por arriba de los 15 años de aportes –si finalmente fuera ésa la línea de corte– significaría un plus para su ingreso mensual, cuyo financiamiento saldría del régimen jubilatorio solventado con aportes y contribuciones. 

Con esta medida, el Gobierno empezaría a correr los límites de la edad jubilatoria, haciendo caer en las espaldas de los trabajadores que padecieron la informalidad laboral o el desempleo la responsabilidad de trabajar más años para cobrar un haber más alto que la devaluada pensión por vejez. Para superar la resistencia empresaria, el Estado resignaría el cobro de contribuciones patronales por esos empleados cuando sigan trabajando más allá de los 65 años. De todos modos, estos puntos son aún materia de debate entre los funcionarios que trabajan en la reforma.

El segundo pilar del nuevo régimen jubilatorio, en tanto, seguirá siendo el sistema de reparto. La novedad en este caso viene por la modificación de la fórmula de cálculo para determinar el haber inicial de cada jubilado; es decir, lo que una persona empieza a cobrar cuando se retira. En lugar de los componentes actuales –PBU, PC y PAP–, se avanzaría con un esquema conformado por la prestación universal –la pensión por vejez– más el plus asociado a los años y al nivel de aportes al sistema. Un aspecto clave en este caso es si habrá un tope sobre la proporción del salario afectado a los aportes previsionales que sea más bajo que el actual. Es una posibilidad, para incentivar a los trabajadores a realizar aportes voluntarios al tercer pilar del sistema y, sobre todo, para bajar la presión de gastos al Estado nacional, que pagaría a los nuevos jubilados haberes más bajos que los actuales.

El tercer pilar, en el proyecto en estudio, cumplirá la función de elevar los montos de las jubilaciones de aquellos trabajadores que hagan aportes voluntarios a este sistema. Estará constituido por cajas complementarias bajo un esquema también de reparto y, según dicen los funcionarios, no se baraja la posibilidad de volver a habilitar mecanismos de capitalización individual. Las cajas complementarias existentes –como las profesionales o de distintas actividades– o las que se creen ofrecerían a los trabajadores la administración de aportes voluntarios para mejorar sus jubilaciones. El sistema financiero podría encontrar aquí una puerta para volver al negocio de la gestión de recursos previsionales. Por otra parte, fuentes del Gobierno sostienen que por ahora no se analizan cambios en la ley de movilidad jubilatoria, que va actualizando los haberes en marzo y septiembre de cada año.

Con esta división en tres pilares –universal, de reparto y complementario– se reproducirían en la tercera edad las diferencias salariales de la etapa activa, dándole un sesgo más marcado de diferenciación entre ciudadanos de primera –aquellos que pudieron completar los años de aportes para acceder a la jubilación plena, con haberes aún más altos para quienes realizaron aportes voluntarios– y de segunda, que deberían conformarse con la pensión por vejez. 

En la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo se reúnen un miércoles por mes el titular de esa dependencia, Juan Carlos Paulucci (un hombre que llegó al puesto de la mano de Gerónimo “Momo” Venegas), funcionarios de la Anses y de la AFIP, junto con delegados empresarios, sindicales (de la CGT, CTA y distintos gremios) y especialistas para debatir sobre los cambios que necesita el sistema jubilatorio. Allí trascendió la posibilidad de que el Gobierno modifique también el régimen de autónomos y monotributistas en su aspecto previsional, unificando a esos sectores en una sola categoría. La “armonización” de las cajas jubilatorias provinciales con la nacional es otro de los objetivos del oficialismo. En varias provincias creen que ello implicará presiones del gobierno nacional para forzarlos a disminuir prestaciones y a subir la edad jubilatoria en línea con el régimen de la Anses. Gremios como el docente, a su vez, están alertas por si aparece la pretensión de las autoridades de modificar los estatutos especiales como el que tiene el sector. 

Por otra parte, Paulucci informó en el último encuentro de esa comisión asesora que se creará otro cuerpo para elaborar un Código de la Seguridad Social. Sería un digesto de normas nacionales y provinciales. El funcionario indicó que fueron seleccionados para esa tarea dos ex camaristas de la Seguridad Social, Mabel Maffei de Borghi y Bernabé Chirinos, y el constitucionalista Félix Loñ.

La velocidad y profundidad de los cambios en materia de jubilaciones dependerá del resultado de las elecciones de octubre. Una buena performance del oficialismo le dará margen para ir más a fondo. Como en los ‘90, las prestaciones de la seguridad social vuelven a estar en el centro de los planes de ajuste neoliberales.