La fiscala federal Paloma Ochoa pidió que el exministro de Justicia Germán Garavano sea llamado a prestar declaración indagatoria por los abultados gastos que autorizó en favor de Alejandro Vandenbroele, el “arrepentido” que fue clave para lograr la condena del exvicepresidente Amado Boudou en el caso de la imprenta Ciccone Calcográfica SA. El Ministerio de Justicia de Mauricio Macri le destinó casi 4,5 millones de pesos a Vandenbroele, lo que incluyó dinero para montar una posada en Mendoza e incluso cientos de miles de pesos para pagar un abogado que lo ayudara a regularizar su situación con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Será el juez federal Julián Ercolini quien deberá decidir si avanza con la indagatoria de Garavano. La fiscala también quiere indagar al propio Vandenbroele y al extitular del Programa de Protección de Testigos e Imputados Francisco Lagos. A Garavano y a Lagos los acusa por administración infiel y abuso de autoridad.

Vandenbroele llegó un día a la fiscalía de Jorge Di Lello y propuso cooperar en la causa que seguía el juez federal Ariel Lijo contra el exvicepresidente Boudou. El 13 de noviembre de 2017, Vandenbroele ya había sido incorporado al Programa de Protección de Testigos del que terminó saliendo el 28 de febrero de 2020, después de que el portal El Destape revelara los gastos exorbitantes que el macrismo había destinado para él.

Según informó el Ministerio de Justicia, las erogaciones totales para Vandenbroele ascendieron a 4.478.559 pesos. Dentro de esa suma, hay que contar que se destinaron 1.813.866 pesos para relocalizarlo en Mendoza y para su supervivencia diaria. Lo curioso fue que, al momento de aceptarlo, el Programa hizo un análisis de riesgo que decía que Vandenbroele debería quedarse en Buenos Aires para estar cerca de los tribunales por si lo requerían. Sin embargo, a la semana ya le estaban autorizando el viaje a Mendoza y, a los nueve días, lo estaba llamando el juez Lijo para que se presentara en el juzgado.

Así fue como el Ministerio de Justicia pagó 72 pasajes aéreos entre Buenos Aires y Mendoza por 601.394,62 pesos. Incluso llegaron a autorizar a Vandenbroele a que viajara para Buenos Aires para pasar fin de año con la familia. El Estado también abonó siete cuotas alimentarias que adeudaba con su hija y le depositó 840 mil pesos para que abriera su posada, La Masía, en Mendoza. Como a Vandenbroele le preocupaba que estaba en una situación irregular con la AFIP, autorizaron un pago de 200 mil pesos para que un abogado pusiera en regla las cuentas del “arrepentido” estrella.

Según reconstruyó Ochoa, Garavano firmó dos resoluciones para anticiparle pagos a Vandenbroele. Una resolución se rubricó el 4 de mayo de 2018 y habilitaba destinar 680 mil pesos para relocalizarlo de manera transitoria. El 19 de octubre de ese año –dos meses después de que el Tribunal Oral Federal 4 condenara a Boudou– se habilitó una erogación de 2.054.000 pesos para relocalizar definitivamente a Vandebroele. Durante su gestión como ministro de Justicia de Macri, Garavano dictó catorce resoluciones autorizando o anticipando gastos para la tramitación de diez legajos del Programa de Protección de Testigos, pero ninguna fue por el monto con el que se benefició a Vandenbroele.

Toda la situación de Vandenbroele en el programa fue irregular: debieron haberlo expulsado en, al menos, dos oportunidades. Una vez se escapó de la custodia en la zona de Pilar para mantener una reunión secreta. Otra vez, la madre de su hija, Laura Muñoz, denunció que estaba alcoholizado al llevar a la nena a la casa. Sin embargo, permaneció en el programa. 

Hay otra cuestión que es aún más llamativa. La ley que regula el funcionamiento del Programa de Protección de Testigos --la 25.764-- establece que la ayuda económica nunca podrá extenderse por más de seis meses. En el caso de Vandenbroele, la ayuda económica se extendió hasta el 5 de diciembre de 2019 –cinco días antes de que Macri dejara el gobierno–, lo que equivale a decir que recibió dinero del Ministerio de Justicia por dos años.

Antes de dejar el gobierno, Macri buscó arreglar esa situación y modificó por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la ley para establecer que la ayuda podría extenderse por dos años e incluso tres. En simultáneo, la administración Cambiemos buscó sacar el Programa de la órbita del Ministerio de Justicia, probablemente para buscar que no se detectaran las irregularidades en el manejo de los arrepentidos. Buscó que lo aceptaran en los tribunales sin demasiado éxito. El presidente Alberto Fernández derogó ese DNU.