La Asamblea de Articulacion Plurinacional Regional Norte de las comunidades originarias de la provincia de Salta repudió la creación de un cuerpo especial de la Policía para intervenir en los cortes de rura en el norte provincial, medida decidida por el Ministerio de Seguridad y Justicia. El coordinador y vocero, José Cuenca Cruz, dijo que reclaman al gobierno provincial una mesa de diálogo político con las comunidades originarias.
Cuenca Cruz recordó que el pasado 2 febrero, los diputados provinciales Matías Monteagudo y Santiago Vargas pidieron por nota al ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Abel Cornejo, la creación de "un grupo especial de la Policía" para que "trabaje en la prevención y mediación de los cortes totales de las rutas del norte provincial". Si bien señaló que duda de que estos legisladores hayan elaborado el pedido y si estas ideas fueron suyas, consideró que se excluyó de estás decisiones a las comunidades indígenas, que son las que vienen cortando las rutas con diversos reclamos históricos.
El referente dijo que el gobernador Gustavo Sáenz los discrimina como interloculotures. "En Tartagal hay 10 identidades (indígenas) y somos discriminados. No contemplan los derechos indígenas de las comunidades cuando Abel Cornejo plantea que haya un escuadrón especial para mediar", sostuvo.
Cuenca Cruz interpretó la disposición del Ministerio de Seguridad y Justicia como el resultado del temor a las demandas de las comunidades, que "en este momento van a empezar a estallar". Graficó que hay reclamos en la ruta nacional 86 por la falta de acceso a la energía eléctrica y al agua, "cuestiones básicas que no pudo resolver este gobierno ni el anterior de Juan Manuel Urtubey ni el de Juan Carlos Romero" a los que calificó como gobiernos coloniales.
"Nosotros llegamos a la situación de corte de ruta porque nos queda la ultima opción para repercutir en los medios y que las autoridades vengan a resolver", expresó.
Por todo ello, Cuenca Cruz dijo que demandan una mesa de diálogo político con las comunidades indígenas de la región y los ministerios del gobierno provincial, en particular con las carteras de Desarrollo Social, Educación y Salud. "Esperamos la disposición de Sáenz para constituir esa mesa", afirmó.
Recientemente Cornejo organizó una mesa interministerial, luego de las protestas de Misión Kilómetro 2 ante el femicidio de la niña wichí Pamela Julia Flores, pero solo estuvo la mujer wichí Octorina Zamora. En tanto, el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) no había sido invitado, tampoco otras comunidades. "Nosotros ya hemos planteado que el IPPIS tiene que avalar la constitución de la mesa (de diálogo que proponen las comunidades) pero los vocales no han contestado", dijo Cuenca Cruz.
"El IPPIS es una mina de oro, recibe el 4% de regalías: minera, gasífera, agroganadera, Queremos saber cómo está esa administración", añadió. Además, señaló que en los territorios indígenas están los recursos naturales que se destinan para el extractivismo, y debido a esto consideró que "no hay un reconocimiento al genocidio indígena".
También destacó que tienen más respuestas de Nación que de la provincia. Entre los diversos reclamos de las comunidades sigue vigente la necesidad de que se reglamente la ley de salud intercultural indígena, la participación en la designación de autoridades de hospitales y que estas tengan conocimiento de las culturas originarias. "Tienen que participar los intérpretes para que la persona que no maneja bien el español sea bien entendida", indicó Cuenca Cruz.
"Desde los Territorios Comunitarios de la Región Norte Salta, en nuestra condición de autoridades comunitarias de nuestro espacio político organizativo Asamblea de Articulación Plurinacional Regional Norte Salta REPUDIAMOS el carácter de esta representación política que pasa por alto la situación de EMERGENCIA SOCIOSANITARIA de un sector numeroso de la población regional: las comunidades de Pueblos Indígenas, Pre Existentes al estado Provincial; que la representación republicana se empecina en marginarnos. Ante tanta postergación en materia de todos los derechos de parte de las diferentes gestiones municipales en la región, la protesta social en modo de cortes de rutas es la última instancia para que respeten nuestros derechos", manifestó un comunicado de la Asamblea de comunidades de los departamentos Oran, San Martín y Rivadavia.
