El enfermero Ricardo Márquez reinició el miércoles último una huelga de hambre frente a la Casa de Gobierno, para pedir la restitución de un cargo que ganó por concurso en 2018. El trabajador retomó la protesta que había iniciado a mediados de febrero, luego de que funcionarios del Ministerio de Salud Pública no cumplieran con el compromiso de darle una audiencia para acordar una solución. 

Márquez fue alejado de la jefatura del Programa de Enfermería del Hospital del Milagro, luego de que cuatro enfermeras lo denunciaran por violencia laboral y de género. Desde ese momento fue trasladado como enfermero al Centro de Salud del barrio 20 de Junio en la capital salteña.

Según el manifestante, las denuncias en su contra no tenían asidero y se hicieron tras irregularidades detectadas en el accionar laboral y las categorías profesionales administrativas inexistentes que detentaban las enfermeras que luego lo acusaron. En el momento de los hechos el actual ministro de Salud, Juan José Esteban, estaba a cargo de la gerencia del Hospital del Milagro y el enfermero lo responsabilizó por no poder restablecerse en el cargo.

Aunque hay dictámenes administrativos que consideran que ante la falta de elementos para sancionarlo, Márquez debía ser restituido a su cargo, el coordinador de Asuntos Legales e Institucionales de la cartera sanitaria, Ricardo Carpio, hizo llegar un escrito a Salta/12 en el que explicó que hay nuevas disposiciones y denuncias en el ámbito judicial, por lo que se hicieron nuevas consultas a los órganos administrativos que emitieron esos dictámenes. 

“A mí por el momento no me notificaron de nada” dijo Márquez al ser consultado por estas nuevas denuncias. Aunque este medio solicitó copias de las nuevas medidas judiciales, desde el Ministerio de Salud respondieron que “las actuaciones son de acceso exclusivo de las partes y tienen carácter reservado”.

La abogada de las denunciantes, Iris Roldán, sostuvo por su parte que hay resoluciones judiciales que ratifican las denuncias de sus representadas. En un comunicado emitido ni bien Márquez inició la huelga de hambre a mediados de febrero, las denunciantes afirmaron que “la Cámara de Apelación del Poder Judicial de Salta rechazó el recurso de apelación interpuesto por Márquez en contra de la medida dictada por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género de Primera Instancia, reafirmando el Tribunal (de apelación) la decisión judicial contra el agresor denunciado”. Pero también en este caso se indicó que el oficio que dispone esta medida no puede ser exhibido por la reserva de las actuaciones.

No hay falta administrativa 

El dictamen 108 de la Subsecretaría de Personal - Actuaciones Disciplinarias de la provincia, fue emitido el 14 de diciembre de 2020. En él se analizó el sumario iniciado en 2019 contra Márquez. Surgió de este análisis que cuando las denunciantes se manifestaron en contra del ahora huelguista, el resto del personal de enfermería se mostró disconforme con las acusaciones contra el trabajador y reconoció “una marcada mejoría en la organización del Programa de Enfermería”, con la gestión de Márquez.

Se entendió que los malos tratos denunciados no tenían evidencia más que los dichos de las personas que acusan. Por otro lado, se sostuvo que Márquez observó que la categoría que detentaban las denunciantes estaría develando irregularidades, y es por ello que, según surge del escrito, se inició otro sumario para investigar esta situación.

Otro elemento que surgió es que las actuaciones iniciadas en la Fiscalía Penal por las denuncias de violencia de género se habían archivado el 24 de junio de 2019.

“Se puede establecer que los hechos analizados tienen como causa las medidas y acciones solicitadas por Márquez, a fin de organizar el servicio de enfermería, actividad propia de la jerarquía del cargo que desempeñaba como jefe del Programa de Enfermería del Hospital Señor del Milagro, en cuanto a que las mismas (las denunciantes), presentaban irregularidades” en la prestación de sus servicios, se sostiene en el instrumento administrativo.

Se añade que “si bien las irregularidades cometidas por las denunciantes son reprochables, las mismas no constituyen el objeto del sumario” que se analizaba en este escrito. Finalmente, se entendió que las denuncias y la investigación posterior son sobre hechos que “no configuran falta administrativa alguna por parte de Márquez”.

El 8 de julio de 2021 la comisión que actúa en la Oficina de Violencia Laboral (integrada por referentes de los gremios y funcionarios de la cartera sanitaria) envió un escrito al Ministerio de Salud sugiriendo que se debía “realizar la restitución (de Márquez) de forma inmediata, ya que en pos de las intervenciones y las entrevistas realizadas al agente, la administración se encontraría incurriendo en una vulneración de los derechos del agente que es un componente dentro de la violencia, al no cumplir con los plazos legales establecidos en las normas de rito para el cumplimiento de la restitución solicitada”. Sin embargo, a casi un año de estos trámites, Márquez continúa sin ocupar el cargo concursado.