En 2020, tras las manifestaciones por los incendios en el Delta del Paraná, la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados inauguraba el debate para la sanción de una Ley de Humedales, cuyo tratamiento se imponía entonces como urgente pero se vio interrumpido por tercera vez en la historia del país. En ese marco, una jurisdicción --la que al parecer contiene la porción más significativa de superficie de estos ecosistemas-- marcó una disidencia en relación a la iniciativa. Era Corrientes, la provincia en la que ardieron pastizales, bosques, palmares, humedales, plantaciones forestales e infraestructura rural (la triste enumeración es de Emilio Spataro, fundador de la organización Guardianes del Y'Vera, integrante de la Red Nacional de Humedales y licenciado en Gestión Ambiental). Mediante una resolución, el Senado correntino manifestaba su "preocupación" por el tratamiento de la norma.

"La cosa está mucho mejor porque llovió... ¿y después qué?", se pregunta Spataro del otro lado del teléfono, sin alivio aparente. Es que el fenómeno de La Niña, vinculado a la sequía, y el cambio climático hacen un combo explosivo con otra cara del problema: la inacción política. Corrientes no es solamente la provincia que más superficie de humedales contiene --la estimación la aporta el senador Martín Barrionuevo; en rigor, el dato oficial se conocerá en el momento en que surja un inventario nacional, mediante la ley--, sino también un bastión de resistencia a una normativa por la que la sociedad civil puja hace una década y que apunta al corazón de su matriz productiva. La presión proviene del monocultivo forestal de especies exóticas y los sectores arrocero y ganadero.

La resolución del Senado correntino

Esa resistencia alcanzó su máxima expresión en agosto de 2020, luego de que la Cámara Baja abriera el debate para la sanción de una Ley Nacional de Humedales. No había todavía un proyecto cocinado: había diez en danza. Mediante una resolución (número 23), el Senado correntino manifestaba su "preocupación por las implicancias negativas que esos proyectos deparan hacia el sistema productivo" y enlazaba esto con una defensa en torno a la autonomía --una postura histórica de la provincia--. "Lo que subyace es estar en contra de que el Estado (nacional) regule lo que ocurre en los campos privados, para que sus propietarios puedan hacer lo que quieran", explica Spataro. Una semana antes, la Coordinadora de Entidades Productivas de Corrientes --compuesta por más de 10 organismos, entre ellos la Sociedad Rural, la Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro-- había rechazado también la posibilidad de que aparezca una normativa nacional con ese espíritu. Esas organizaciones son las que después "exigen ayuda estatal ante las sequías e incendios", cuestiona el ambientalista en una nota para la Agencia Tierra Viva.

La polémica resolución se encuentra en la página oficial del Senado de Corrientes, donde también es posible hallar la versión taquigráfica. Barrionuevo, del FdT, recuerda que fue una iniciativa del oficialismo provincial, es decir del radicalismo alineado a Juntos por el Cambio. El FdT se abstuvo. "Nuestro argumento era que había legisladores nacionales para hacer los planteos que quisieran sobre Corrientes, que no teníamos que hacer valoraciones sobre la actividad del Congreso de la Nación", cuenta. Los cinco senadores opositores pelearon para que se votara una ley provincial para la creación de un inventario de humedales. Lo consiguieron. "Nos pusimos a trabajar, lo hicimos bien, participativamente. El avance es que vamos a dejar de hablar en abstracto para tener una discusión concreta. Vamos a tener la caracterización e identificación de los humedales de Corrientes", señala.

Los argumentos del oficialismo correntino

"Hagan lugar en el conurbano para 800 mil correntinos" si es que prospera la Ley Nacional de Humedales, llegó a decir a Bichos de campo un diputado nacional correntino, el radical Jorge Vara, exministro de Producción provincial y autor de su propio proyecto de ley nacional de humedales, en consonancia con las demandas de los sectores productivos. En una nota de septiembre de 2020, el medio postulaba que, según el criterio aplicado en la legislación, "podría quedar improductiva el 70 por ciento de la superficie de la provincia". Ese argumento aparece en la versión taquigráfica. Como estos otros: "No puede ser que legisladores de zonas secas, pedregosas, vengan a resolvernos el sistema productivo en Corrientes"; "no estamos dispuestos a que nos conviertan en una momia productiva".

Barrionuevo, quien en aquella sesión postulaba la necesidad de que "el sistema productivo sea sustentable también desde el punto de vista ambiental", confía en que el inventario, como instrumento de precisión, sea la salida de "los dogmas". Por el contrario, Spataro cree que la existencia de un inventario provincial refleja el "miedo" del poder político de que haya un "un proceso coordinado desde la Nación con una metodología científica fuerte, que implique que haya más humedales que los que la provincia quiere reconocer". 

Antecedente: el proyecto de Pino Solanas

Hay un antecedente de aquella resolución del Senado. Lo cuenta el abogado ambientalista Enrique Viale, quien trabajó junto a Pino Solanas cuando el legislador presentó el proyecto en el Congreso en 2016. También detectó la feroz oposición de los senadores correntinos. Y de hecho, en el tercer y último intento para la sanción de la ley, el texto quedó estancado en una comisión presidida entonces por un correntino, José Ruiz Aragón (FdT), la de Agricultura. Viale asegura que la de humedales es "la ley más lobbiada de la historia", por sobre la de bosques y glaciares. 

Las pérdidas causadas por los incendios

"Una ley de humedales no hubiera parado todo esto. Nadie puede saber si los incendios no se hubieran producido, porque además están la sequía y el cambio climático, pero seguro que sería mejor si existiera, incluso para la producción. Una ley ordena el territorio y las actividades productivas sobre estos ecosistemas, sin prohibirlas. Los humedales actúan como cortafuegos, son esponjas que dan agua en momentos de sequía y la quitan en momentos de excesos hídricos. Su conservación es clave para enfrentar el cambio climático", explica Viale. Y añade: "Siempre nos dicen que la ley para el ingreso a las provincias. Los devastadores incendios de Corrientes son el mejor y más triste ejemplo de que destrozar el ambiente es económicamente muy negativo: se habla de pérdidas de 75 mil millones de pesos".

"Unos pocos en su extrema soberbia se inventaron el camino de su propia destrucción. En su ambición quieren que eso lo paguen los ciudadanos a través de los fondos de recuperación de la producción. Todo el dinero y las transferencias públicas deben ir a garantizar la restauración ambiental, pobladores campesinos y comunidades afectadas, los bomberos y fomentar un verdadero plan de manejo de fuego, basado en la implementación de la Ley de Humedales", concluye Spataro.