Alrededor de 200 familias llevan ya 10 meses asentadas en tierras propiedad de la multinacional La Moraleja, ubicada en jurisdicción del municipio de Las Lajitas en el sureste provincial. El intendente Fernando Alabi se reunió con el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo. Tras la reunión, ambos funcionarios expresaron su preocupación por “destrabar el conflicto” y éste último enfatizó su interés por la “inversión privada”.
El encuentro inquietó a las familias de la toma que temen un desalojo. La delegada Melisa Castillo señaló que el jefe comunal se había comprometido a comprar tierras a la empresa para entregárselas en venta, por tanto no esperaban que pidiera la intervención de la cartera de Seguridad.
“Vecinos de Las Lajitas usurparon tierras de La Moraleja, es un problema que lleva un año y no se puede resolver pero tenemos toda la confianza en que el ministro va a ayudar a destrabar esta situación”, sostuvo el intendente Alabi luego de la reunión que mantuvo con Cornejo.
Por su parte, el ministro dijo que “para que haya inversión tiene que haber seguridad”. “Estamos preocupados por la situación de la ocupación de la finca La Moraleja. Este Ministerio quiere encontrar una pronta solución", sostuvo antes de contar que el intendente "ha dado una serie de pautas que pueden permitir destrabar ese conflicto. Tanto los directivos como abogados de la empresa La Moraleja también tienen una solución que dar, así que seguramente vamos a tener una reunión con la fiscal (María Celeste García Pisacic) de Joaquín Víctor González”, manifestó.
La delegada contó a Salta/12 que el pasado 11 de febrero el intendente junto a su secretario, Eduardo Pereyra, se reunieron con ellxs en el asentamiento. "Nos prometió una solución, llegó a decir que en 150 lotes entramos bien. Él se comprometió a reunirse con La Moraleja y comprar los lotes. Nos dio un plazo y nos dijo que nos pasemos a las dos primeras cuadras, que reubiquemos gente y esperemos para comunicarnos. Me comuniqué con Pereyra el 25 de febrero, respondió que la empresa rechazó la propuesta, que esperemos 15 días”, sostuvo.
Castillo explicó que antes de que Alabi fuera a la toma, cuatro delegadas habían ido a la municipalidad a pedirle una audiencia. “Le expresamos las condiciones en que estamos viviendo acá. El tema de la lluvia, que no estamos viviendo dignamente, estamos en condiciones horribles. Hace poco se sumó más gente" a vivir en esas tierras, relató. Señaló que la cantidad de personas en la toma fue variando. Hubo quienes se fueron y otras familias que siguieron llegando a asentarse. La delegada estima que son alrededor de 200, todas con niñxs a cargo. “La mayoría son mujeres con niñxs, hay embarazadas. La gente vive aquí y esperamos no llegar a nada malo”, dijo en referencia al temor de que las repriman.
“No estoy entendiendo qué pasó, por qué el intendente tomó esa medida (de recurrir a la cartera de Seguridad). El intendente prometió una solución, no un desalojo. Nosotros estamos en situación de calle, no tenemos un lugar a dónde más ir, por eso estamos en esta toma de terrenos ¿a dónde nos vamos? algunos alquilábamos antes, ahora los alquileres están muy caros, algunas personas vivíamos amontonadas" dijo Castillo. Contó que la mayoría trabaja de manera informal en el servicio doméstico y en lo actividad rural haciendo changuitas. Recordó que algunas personas trabajaban en La Moraleja pero cuando se enteraron que estaban en la toma, las despidieron.
"Esperamos que no se llegue a un desalojo. Yo creo que la gente no va a querer entregar así nomás, hace un año que estamos luchando. Yo voy a luchar por mi lote, estoy con mi hijita de 3 añitos", manifestó Castillo. Su pareja es trabajador rural y también es delegado de la toma.
El temor de las familias asentadas no parece infundado si se tiene en cuenta que el intendente no se reunió con la secretaría de Tierras y Bienes, ni con el Instituto Provincial de la Vivienda, ni con el Ministerio de Desarrollo Social, organismos que podrían dar una respuesta ante el déficit habitacional y la vulnerabilidad social. Por el contrario, eligió reunirse con el ministro de Seguridad que tiene bajo su mando a la Policía de la Provincia.
Castillo contó que el intendente les dijo que mandó a lxs agentxs sanitarixs y a trabajadorxs de la campaña del prevención del dengue a censar, pero “nunca nos pasó ningún resultado”. Sostuvo que recién en febrero el jefe comunal les dio un número de expediente “Nos prometió que nos iba a dar solución”.
Este año, en la toma ya se inundaron dos veces. Castillo señaló que desde el municipio no les brindaron ninguna asistencia pero destacó que hubo trabajadores municipales que “de su propio bolsillo”, al igual que otrxs vecinxs del pueblo, colaboraron y llevaron ropa para lxs niñxs.
“En la semana que el intendente vino, como tres días antes nos habíamos inundado. Estaba lleno de barro. Él entró hasta la primera cuadra”, relató la vocera. Contó que algunas personas están construyendo, que ya tienen pisos hechos, incluso uno ya levantó paredes de material. “La mayoría hicieron las bases de las casas de material y las casas de machimbre. Adelante hay muchas casitas de madera, con pisitos”, describió. Y también hay ranchos de plástico. Lxs vecinxs tienen conexiones de energía eléctrica y agua clandestinas, al igual que en otro asentamiento que está desde hace más tiempo en tierras que La Moraleja donó a la municipalidad. La vecina dijo que por la mala instalación eléctrica durante las últimas lluvias, la conexión "hizo chispas", pero es un riesgo que han tomado porque "no es fácil vivir en la oscuridad".
Salta/12 intento hablar con el intendente de Las Lajitas, pero no respondió.
La cuestión de la tierra
El año pasado, por esta toma, hubo proyectos de expropiación presentados por lxs legisladorxs que representan al departamento Anta: la diputada Alejandra Navarro, el diputado Marcelo Paz y el senador Marcelo “Teno” García.
Navarro, quien tuvo como aliado político al intendente Alabi en las últimas elecciones, dijo a Salta/12 que el proyecto quedó en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados y no avanzó porque lxs integrantes vieron que la empresa “tuvo en su momento voluntad de donación”.
El año pasado La Moraleja dijo que era posible que donara tierras al municipio, pero puso como condición que antes se desalojara la toma. Las familias se negaron a irse sin ninguna garantía de que les entregarían un lote. Luego la empresa hizo público que retiraba su oferta de donación y avanzaría con la causa penal que inició desde el primer momento.
“No creo que haya un desalojo, apelo a que esto no pase”, sostuvo Navarro. La legisladora dijo que desconocía de la intervención del ministro de Seguridad en este tema y que no se la invitó a la reunión.
Por otro lado, el senador García dijo a Salta/12 que su proyecto tampoco tuvo avances. Estaba en la Comisión de Legislación General, pero “como se trabaja coordinadamente con el Ejecutivo, estaban buscando otra vía de solución”. Añadió que el intendente comunicó que iba a comprar tierras y que el año pasado vio en las “redes sociales” que había dado lotes a las familias. Sin embargo, contó que no hubo un pedido de informes al intendente para cerciorarse que solucionaría el problema habitacional de la gente que tomó tierras en La Moraleja.
Castillo dijo que el intendente compró tierras en otro lugar y sorteó lotes, pero indicó que fue para todo el pueblo y solo salieron beneficiarias 6 o 7 familias que estaban asentadas en La Moraleja y ya se retiraron del lugar. “Nos hubiese gustado que nos saque de aquí y nos dé ahí. Recibían a quienes querían realmente. A nosotros no nos parecía justo el sorteo porque necesitábamos donde vivir”, expresó.
García está imputado junto al diputado Paz por haber ido a la toma a hablar con la gente en 2021. El senador recordó que en ese momento Cornejo era procurador general, "jefe de los fiscales", quien “ordena la actuación”. “Me llama la atención (dijo sobre la reunión entre el ministro y el intendente) porque quienes tendrían que reunirse serían los propietarios de esas tierras, no el intendente. Entiendo que la toma es ilegal, a todas luces es así, no incitamos a la toma como se nos ha endilgado. Tenemos respeto por la propiedad privada “, dijo el legislador.
Además, García consideró que Alabi debería haber dado prioridad en los sorteos de lotes a la gente que está en la toma de La Moraleja y que de esa manera hubiera solucionado este asunto. “Si están ahí es evidente que no tienen donde vivir. Es un problema que haya gente ahí. Quien les puede dar agua, electricidad, abrirle calles es el municipio”, dijo. Añadió que Las Lajitas es uno de los municipios que ha recibido una suma importante, de $19.130.632,01, por el canon de Salta Forestal y “podría haber comprado tierras”.
Respecto a un posible desalojo, García consideró que hay instancias de diálogo y hay que agotarlas. “El desalojo no sería bueno, más si hay chicos”, opinó.
El Ministerio de Seguridad y Justicia anunció que trabaja en conjunto con el intendente de Las Lajitas "para destrabar conflictos sociales que afectan a la zona" y también para "fortalecer la lucha contra el narcotráfico y distintas modalidades de delitos contra la propiedad".
