El contador público y empleado con 15 años de antigüedad de la Auditoría General de la Provincia, Juan Manuel Chamorro, presentó por segunda vez una nota dirigida a los miembros de la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones de la Cámara de Senadores, con el fin de que se revean las postulaciones de Elsa del Valle Pereyra Maidana y Marcos Segura Alsogaray para integrar ese organismo de control, que fueron enviadas desde la Cámara de Diputados.

La primera es afiliada al Partido Renovador de Salta (PRS) y fue candidata a diputada nacional en segundo término acompañando a Felipe Biella. Mientras que Segura Alsogaray lleva dos gestiones como miembro del directorio, por lo que este sería su tercer mandato y gracias a la reforma constitucional, que extendió el plazo de los auditores a 8 años, terminará con 18 años en el mismo puesto si es que se renueva su cargo, una situación que la misma modificación de la Carta Magna prohíbe.

Chamorro denunció, como varios diputados y senadores de la oposición, que ambas propuestas fueron presentadas por bloques oficialistas y que, sumados a los otros miembros que se renovaron durante 2021, terminarían componiendo un directorio “puesto a dedo” por quienes gobiernan y manejan el Ejecutivo.

En diálogo con Salta/12, el contador recordó que en diciembre del año pasado presentó la primera nota y como aún no tuvo respuesta, insistió con su pedido “antes que retomen las sesiones y sea demasiado tarde". Apegándose al reglamento de la Cámara Alta, Chamorro alerta que se estaría incumpliendo el artículo 36 de la Ley 7.103 (de creación de la Auditoría),  ya que no reflejan la propuesta de la oposición, puesto que los cinco auditores (tres en funciones y dos próximos a designarse el 1 de marzo) fueron propuestos por corrientes oficialistas.

Asimismo, aseguró, y así lo expresa en la nota que presentó a los senadores, que también se incumple el artículo 169 de la recientemente reformada Constitución Provincial, que establece que los postulantes deben ser “seleccionados por una Comisión de Auditoría de la Cámara de Diputados integrada por siete miembros, de los cuales cuatro (la mayoría) deben pertenecer a los partidos políticos o frentes electorales de la oposición”. Comenta también que la selección debe ponerse en conocimiento del plenario de la Cámara de Diputados. “Son designados previa audiencia pública por la Cámara de Senadores en sesión pública, duran ocho años en sus funciones no pudiendo ser designados nuevamente”.

Sin embargo, la selección de los dos nombres se hizo antes de que se reformule la Ley madre provincial con integrantes exclusivamente afines al gobierno provincial. En tanto desde el oficialismo, en busca de rebatir el argumento de la falta de opositores, señalan que hubo miembros de la bancada de Más Salta, que si bien no integra exclusivamente las filas del oficialismo, todos sus diputados fueron candidatos de la lista Gana Salta, que acompañó a Gustavo Sáenz, como el caso de Gladys Paredes. Y de Salta Independiente (SI), de Bernardo Biella, que está compuesto por el Partido Renovador, aliado del gobernador. “Por lo que no hay hoy por hoy ningún integrante que haya sido propuesto verdaderamente por la oposición”, afirmó Chamorro.

Para el denunciante, lo que está en juego “es la independencia que este órgano de control debe tener para poder hacer un seguimiento objetivo del manejo de la cosa pública”.

Como empleado y técnico formado y capacitado en la Auditoría, Chamorro también pidió a la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones que considere la posibilidad de postular y designar a integrantes del mismo organismo que sean personal de planta permanente con más de 10 años de antigüedad, ya que “cuentan con la experiencia, el conocimiento académico, el compromiso institucional y el apartamiento partidario necesario para mantener la independencia moral y técnica del cargo a representar”, explicó.

Chamorro expresó su malestar por lo que considera un derroche de dinero del erario público ya que cada auditor “puede nombrar a cinco asesores externos”, cada uno cobra cifras superiores a los $150.000 mensuales, “cuando hay personal capacitado en el interior del organismo que al final recibe órdenes a veces de gente que ni siquiera tiene un título habilitante”, culminó.

“Están para medir la gestión del Poder Ejecutivo, pero si todos los que tienen que hacerlo forman parte del gobierno, pierden objetividad y el organismo pierde su razón de ser, su espíritu”, esgrimió.

En 2021 se renovaron los otros tres puestos que integran la Auditoría, en todos los casos las propuestas llegaron desde el oficialismo, independientemente de que los nombres, como alega el sector de la mayoría que los designó, respondan o no a las filas del mandatario provincial. “Porque fueron propuestos por ellos, cuando la norma indica que tiene que ser la oposición la que proponga los nombres en la comisión de Diputados y que deben ser ratificados por el Senado, por eso pedí que revisen esas designaciones y las envíen de nuevo a diputados, para que se rijan por la nueva Constitución y para que no se cometan estos vicios que lo que hacen es violar la Carta Magna y la Ley de la Auditoría”, concluyó Chamorro.