La Colectiva de Abogadas Translesbofeministas pedirá a la Corte Suprema de la provincia que incorpore como requisito obligatorio para ingresantes la formación en materia de género y que se aplique de manera inmediata el cupo laboral travesti-trans en el Poder Judicial. En la antesala del 8M, la asociación civil que nuclea a las profesionales del derecho con perspectiva de género de Rosario, fundamenta el planteo en "distintas situaciones de gravedad institucional sufridas por identidades feminizadas y disidencias en su paso por la justicia provincial". Y lamentaron que "la estructura patriarcal lleva años arraigada en el Poder Judicial".
Como parte de las actividades y demandas, en el marco del próximo 8 de marzo, diferentes organizaciones del movimiento transfeminista llevan sus reclamos como bandera de la jornada de acción contra las desigualdades. En ese contexto, la Justicia es una de las interpeladas. Desde la colectiva de Abogadas Translesbofeministas aprovecharon la fecha coincidente con el proceso de concurso de ingreso a tribunales para empleades administrativos y entregarán un petitorio a la Corte al que adhirieron diferentes agrupaciones locales y nacionales.
En ese sentido, plantearon como primer punto que se modifique el artículo 4 del Régimen de Ingreso de Empleados Administrativos, choferes y personal con oficios del Poder Judicial disponiéndose la obligatoriedad en la acreditación de capacitación en materia de género destinada a las y los postulantes a ingresar al Poder Judicial de carácter gratuito y con instancia evaluativa. También apuntaron a que se implemente en lo inmediato lo establecido en la notmativa nacional y provincial a fin de hacer efectivo el cupo laboral travesti-trans.
"Como colectivo feminista venimos acompañando diversas situaciones que vislumbraron las consecuencias negativas que arroja la falta de perspectiva de género en el poder judicial. El abordaje de esas situaciones termina siendo llevado a cabo por organizaciones, grupos de mujeres, asociaciones civiles que se dedican a luchar contra un sistema que no reconoce desigualdades estructurales de género", indicaron.
Ante ese planteo, consideraron que "llegó el momento de que el Poder Judicial cumpla con los Tratados Internacionales de DDHH y con toda la normativa nacional que el país fue creando a lo largo de estos años, ya que desconocer la legislación existente en materia de género implica ir en contra del plexo normativo de derechos humanos básicos para nuestra sociedad". Y agregaron: "Entendemos que hemos avanzado en la formación y capacitación del personal que compone el Poder Judicial mediante la implementación del curso sobre Ley Micaela, y aunque ello es celebrado por los feminismos, resulta insuficiente. La estructura patriarcal lleva años arraigada en el Poder Judicial, al igual que en todos los espacios de poder, por eso entendemos que cambios drásticos de paradigmas requieren de medidas que estén a la altura de aquellos cambios", reclamaron.