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Desde Santa Fe
El peronismo puso en marcha en la Legislatura el quinto intento para integrar una Comisión de la Verdad que identifique e investigue a los cómplices civiles y beneficiarios económicos del terrorismo de estado en Santa Fe, entre ellos el grupo Vicentin. El proyecto de ley fue presentado por segunda vez por la diputada del PJ Matilde Bruera y es idéntico al que ya impulsó en 2020, pero perdió estado parlamentario en la comisión de Asuntos Constitucionales, donde estuvo cajoneado dos años. Bruera sumó a la propuesta al presidente del Partido Justicialista Ricardo Olivera, a sus compañeras de bloque Paola Bravo y Lucila De Ponti y a sus colegas Carlos del Frade (Frente Social y Popular) y Dámaris Pacchiotti (Ciudad Futura). Del Frade es autor de otros dos proyectos similares para crear la misma investigadora, en 2016 y en 2020, que tampoco prosperaron. Las dos iniciativas de Bruera y las dos de Del Frade son la continuidad del primer proyecto de ley que presentó el diputado José María Tessa en 2014, que logró media sanción de la Cámara, pero luego cayó en el agujero negro del Senado, en la comisión de Derechos Humanos que presidía el senador Lisandro Enrico, donde caducó. “Hasta ahora, el Poder Legislativo no ha sancionado una ley para crear una Comisión Investigadora por la Memoria, la Verdad y la Justicia como la propuesta. Por lo tanto, es necesario insistir en su tratamiento y estudio nuevamente”, dijo Bruera.
El objetivo de la comisión será “investigar, estudiar, desentrañar y esclarecer la responsabilidad de los actores económicos, empresarios o empresas, que promovieron, ejecutaron, facilitaron, contribuyeron, se beneficiaron o participaron de alguna forma en los delitos de lesa humanidad en la provincia de Santa Fe”, explicó Bruera. Estará integrada por un presidente propuesto por el Poder Ejecutivo que acredite “solvencia y experiencia en el campo de los derechos humanos”, tres y diputados y tres senadores elegidos por sus pares.
La comisión deberá elaborar un informe que identifique “a los empresarios y/o empresas nacionales, locales y/o extranjeras, que tuvieron intervención y/o responsabilidad en el terrorismo de estado en la provincia, por haber intervenido (…) en prácticas represivas vinculadas a delitos de lesa humanidad”. Esa figura comprende ya sea “el apoyo político, económico, técnico, logístico o de otra naturaleza”, dice el proyecto de ley.
Y “en el caso de identificar la posible comisión o participación en delitos de lesa humanidad, la comisión deberá formular las denuncias correspondientes y acompañar las evidencias, ante el Ministerio Público Fiscal” para que se investigue y determine “la responsabilidad penal” de los empresarios y empresas denunciadas.
Desde 2003, los juicios por delitos de lesa humanidad a militares y policías “con todos sus avatares, idas y vueltas, fueron avanzando y, en alguna medida, se consolidaron”, recordó la diputada Bruera. Ahora “debe ampliarse la mira y analizar el contexto en el que esos delitos fueron cometidos e ir hacia los cómplices civiles, económicos y eclesiásticos, cuyas contribuciones hicieron posible, tornaron más fácil o mejoraron la eficiencia” del terrorismo de estado. “Los cómplices económicos son los autores, coautores, instigadores, partícipes, conspiradores, ejecutores, y beneficiarios”, agregó.
“Los casos de Ford, Mercedes Benz, Techint, Acindar y Vicentin son ejemplos destacados de la estrecha colaboración que existió entre un conjunto de grandes empresas y las fuerzas militares en la represión de los trabajadores”, planteó la legisladora. “En Acindar, en Villa Constitución, no sólo hubo un accionar conjunto con las fuerzas de seguridad, sino que además se usaron las propias instalaciones de la fábrica como centro clandestino de detención”. Y en Vicentin, los trabajadores fueron víctimas de innumerables vejaciones y torturas. En un inicio, recluidos en centros clandestinos de detención y posteriormente ‘blanqueados’ en cárceles comunes, donde permanecieron años”.
El proyecto para crear una Comisión de la Verdad que ponga bajo la lupa a los cómplices civiles y beneficiarios económicos del terrorismo de estado en Santa Fe es el quinto que se presenta en la Legislatura en los últimos ocho años. El primero, lo impulsó en 2014, el diputado José María Tessa, que logró media sanción de la Cámara, pero caducó en el Senado en 2016, en la comisión de Derechos Humanos que presidía el senador radical Lisandro Enrico. Otros integrantes eran su colega de la UCR, Felipe Michlig, y cuatro senadores del PJ: Rubén Pirola, José Baucero, Ricardo Kaufmann y Hugo Pucheta, ya fallecido.
En 2016 y luego en 2020, el diputado Del Frade insistió con la iniciativa: que una Comisión de la Verdad “identifique las complicidades civiles que permitieron perpetrar delitos de lesa humanidad”, en la provincia, entre noviembre de 1974 y diciembre de 1983, pero los dos intentos no pasaron el filtro de la comisión de Asuntos Constitucionales.
En febrero 2020, la diputada Bruera presentó un nuevo proyecto de ley “siguiendo los lineamientos principales” del que había impulsado Tessa en mayo de 2014 y obtuvo media sanción de la Cámara en noviembre de ese año. Pero tampoco prosperó. Así que la semana pasada, la legisladora renovó el estado parlamentario de un asunto pendiente en Santa Fe, pero a las firmas que ya la acompañaron en 2020 (Bravo y De Ponti) sumó las del presidente del PJ y las de sus colegas Del Frade y Pacchiotti. Hasta ahora, “el Poder Legislativo no ha sancionado una ley para constituir una Comisión Investigadora por la Memoria, la Verdad y la Justicia como la propuesta. Vamos a insistir”, ratificó Bruera.
