Maximiliano Pullaro declarará hoy como testigo en el juicio oral contra Esteban Lindor Alvarado y seis miembros de su organización criminal por secuestros, asesinatos, balaceras, asociación ilícita y lavado de activos. Está previsto que el ex ministro de Seguridad provincial brinde su testimonio alrededor de las 10.30 en el Centro de Justicia Penal. La expectativa de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra es que lo que Pullaro tenga para contar reforzará la hipótesis del estrecho vínculo que Alvarado tenía con muchos policías, y que sobre esa base construyó su poder.
El actual diputado radical en Juntos por el Cambio era el ministro de Seguridad del gobierno del Frente Progresista el sábado 2 de febrero de 2019, cuando una partida de la Tropa de Operaciones Especiales capturó a Alvarado en un camping de Embalse Río Tercero, en Córdoba. Los fiscales cifran expectativas en que Pullaro relate entretelones de cómo se preparó esa detención, y que hable sobre el envío del teléfono del imputado a Estados Unidos, para desbloquearlo.
Alvarado hacía más de un lustro que había acrecentado su influencia en el tráfico de drogas, pero sus relaciones con la Policía le habían servido para mantenerse impune. Aquel verano de 2019 la TOE organizó una brigada con varios agentes de civil que se acercaron en un automóvil particular hasta el camping de aquel balneario cordobés. Lo reconocieron a pesar de que estaba más flaco que en las fotos, lucía una barba de varios días y una gorra. Pero cuando el hombre advirtió que lo acechaban, echó a correr y arrojó su teléfono celular al lago.
El aparato fue rescatado del agua y una comisión policial fue enviada para llevarlo a una empresa de peritajes contratista del FBI para desbloquearlo y extraer la información que fue de utilidad para la instrucción de la causa. Desde Fiscalía explicaron a este diario que el Ministerio de Seguridad entonces costeó los gastos de ese peritaje, y por eso hoy le preguntarán a Pullaro sobre ese punto. "Eso nos servirá para explicar por qué mandamos el teléfono a Estados Unidos, y además, para demostrar las particularidades que hubo en torno a la detención, porque tuvo que hacerse con la mayor discreción", explicó la fuente.
El reglamento obliga a cada policía en Santa Fe a informarle a su superior –en este caso, el jefe de Policía– si abandona el territorio provincial. Eso es precisamente lo que ocurrió cuando los investigadores tuvieron el dato de que Alvarado estaba en la provincia de Córdoba. Pero haberlo informado a la cúpula policial podría haber arruinado la operación. En el juicio ya quedó constancia, por los testigos Mariana Ortigala y Carlos Argüelles, de la estrecha relación entre Alvarado y el comisario mayor Néstor Arizmendi, quien fue nombrado jefe de la Unidad Regional II cuando Antonio Bonfatti asumió como gobernador.
"Había una necesidad muy importante de que la información no se filtrara, que no se enteraran más policías. Era muy poca gente la que sabía, a pesar de la obligación administrativa que tiene cualquier policía que sale de la provincia de avisarle al jefe. Esto servirá para demostrar hasta qué punto la Policía está involucrada en esta causa", agregó la fuente.
El testimonio de Pullaro tendrá, además, un condimento extra. Si bien la requisitoria fiscal para que el actual legislador declara data desde el año pasado, comparecerá hoy luego del testimonio que el arrepentido Carlos Argüelles grabó antes de ser asesinado el 6 de setiembre de 2021, en su taller de Garay al 3500.
En esa declaración, Argüelles habló de la famosa lista que Alvarado tenía con personas que deseaba mandar a asesinar, y el plan de encargar el secuestro de un hijo de Pullaro, para lo cual había averiguado a qué escuela concurría. Asimismo, el mecánico que fue cómplice del jefe narco y luego rompió el silencio contó otra idea que tenía el ahora enjuiciado: arrojar marihuana desde una avioneta durante un partido de Rosario Central, con cartelitos con foto y nombre de Pullaro, por entonces todavía ministro de Seguridad.
