Tras una jornada de protesta a las puertas del Palacio Ceci, la Comunidad Argentina de Sordos (CAS) logró un primer compromiso del Gobierno porteño para no quitarle a la comunidad el histórico edificio de Villa Devoto que es sede de la escuela de sordos Bartolomé Ayrolo. La CAS anunció que se creará una "mesa de trabajo" y que "no se va a tocar" el edificio que el GCBA buscaba destinar al Distrito del Vino. "No bajemos los brazos y no descansemos en promesas", advirtieron desde la comunidad educativa del colegio, que resistió la entrega de las llaves del lugar. Las organizaciones que trabajan en defensa de los bienes públicos adelantaron que avanzarán con una acción judicial.
"Hemos llegado a un acuerdo, no se va a tocar este espacio, van a convocar a una mesa de trabajo y tenemos dos años para generar proyectos para decidir en qué se va a utilizar", anunció, pasadas las 13 del miércoles, el presidente de la CAS, Enzo Rizzi. Ante la expectativa de los manifestantes, Rizzi confirmó que el acuerdo fue ratificado con la firma de un acta: "Hemos dicho claramente que los proyectos no pueden ser para el Distrito del Vino, tienen que ser de la comunidad de personas sordas", aseguró.
Desde las 11 30, la plazoleta ubicada frente al Palacio, en Lincoln al 4300, se empezó a poblar de guardapolvos blancos de la comunidad educativa organizada. "El Palacio es de la comunidad sorda", "¿es más importante el turismo que la educación?", se leía en los carteles cuando, al grito de "las llaves no se entregan", representantes de la comunidad ingresaron a la reunión con el objetivo de defender el edificio que, junto a la sede que funciona a su lado, forma parte de la escuela.
"Las llaves me las vienen pidiendo desde hace tiempo. La semana pasada nos enteramos a través de una persona que vino a hacer una recorrida que iba a ser destinado al Distrito del Vino", contó tras la reunión la directora de la escuela, María Rosa López, que confirmó que "no hice entrega de las llaves". Es que ningún funcionario del GCBA informó al colegio qué iba a pasar con el edificio y las alarmas sonaron cuando el Ministerio de Cultura de Mendoza publicó en Twitter que "la ministra Nora Vicario visitó el Palacio Ceci, futura Casa del Vino en el Distrito del Vino en CABA. Un espacio y vidriera para mostrar las bodegas y experiencias ecoturísticas".
En los últimos años los directivos de la escuela venían reclamando que el edificio catalogado como "bien de Interés arquitectónico" debía ser refaccionado por el deterioro sufrido por el paso de los años. En diciembre de 2021, tras una reunión con la dirección, representantes del Ministerio de Educación informaron que finalmente se llevarían a cabo las obras. El 3 de febrero de este año, sin comunicarlo al colegio, el Ministerio transfirió el control del edificio a la Dirección General de Administración de Bienes. La publicación del Ministerio mendocino terminó de cerrar la ecuación.
En la reunión de este miércoles también estuvieron presentes los gremios docentes UTE y Ademys. Jorge Godoy, secretario de Educación Especial de UTE, dijo a Página/12 que "está frenada la entrega de las llaves, pero no es definitivo. Lo bueno es que se dilató la situación y hay que tratar de revertirla: que el edificio sea para la comunidad educativa". Además, acompañaron la protesta legisladores de la oposición porteña, como Matías Barroetaveña, Lucía Cámpora, Claudio Ferreño, Victoria Montenegro, María Bielli y Juan Manuel Valdés, del Frente de Todos, y Amanda Martín y Alejandrina Barry, del Frente de Izquierda. Ambos espacios anunciaron que presentarán proyectos de ley para defender el edificio.
El Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), en tanto, hizo un análisis legal del traspaso del edificio. Señalaron que el cambio de uso debería mantener "conexidad, interdependencia o correlación con el específicamente previsto en la ley". "Ninguna de estas situaciones se da en el presente caso. La Casa del Vino no mantiene conexidad, interdependencia o correlación con el destino dado", indicaron. Además, sostuvieron que, al ser un bien de dominio público, el GCBA debe convocar a audiencia pública. "Se decidió avanzar en una acción judicial y en la presentación de un proyecto de ley", adelantó a este diario el titular del ODC, Jonatan Baldiviezo.
