Un grupo de médicos y médicas que habían sido convocados para desempeñarse en territorio en la zona de Santa Victoria Este (SVE), municipio del departamento Rivadavia en el extremo norte salteño, quedaron excluidos de esa labor tras una presunta objeción de la provincia a la contratación de personas que tuvieron o tengan vínculo con la mujer wichí Octorina Zamora.

A fines de enero, la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA) se había comunicado con la médica wichí Tujuayliya Gea Zamora para, a través de ella, volver a contactar a profesionales médicos que se desempeñaron entre 2020 y 2021 por 7 meses, en la zona del límite tripartito, con un proyecto de Salud Intercultural.

 En 2021 las acciones se truncaron porque el Ministerio de Salud de la provincia pretendía que el grupo fuera “hospitalizado”, es decir, que se desempeñara como establece el sistema de salud hegemónico, cuando la propuesta era rotar en el territorio saliendo de la institución sanitaria precisamente para encontrarse con los habitantes indígenas en sus propias comunidades. Esto implicaba además el relevo de los profesionales tras un periodo de tiempo.

En un comunicado que dieron a conocer los y las profesionales, se indicó que a fines de enero de este año, autoridades de DINESA dialogaron con Gea Zamora y por medio de ella se logró la contratación de una decena de profesionales pertenecientes a la Agrupación Argentina de Graduados en Cuba. Se acordó entonces una grilla de trabajo para que los involucrados se sumaran a los operativos organizados por el Ministerio de Salud de la Nación en la zona de emergencia sanitaria declarada en los departamentos Rivadavia, San Martín y Orán. La grilla indicaba que esa decena recorrería el territorio de a dos por 10 días, con relevo pasado ese tiempo en febrero y marzo.

Pero el primer par de mujeres médicas que arribó a la provincia en la segunda quincena de febrero, fue llevado hasta SVE y devuelto al centro de Salta Capital al día siguiente de haber estado en el municipio norteño. Esto sucedió porque una vez que estuvieron en SVE, se enteraron de que Mónica Avalos, una médica de la provincia del Chaco, había estado en contacto cercano con la mujer wichí (y referente en la zona, además de ser madre de una de las médicas) Octorina Zamora. De paso a suelo victoreño, Avalos había dormido en la casa de Octorina, quien vive en Embarcación.

Avalos se quedó sin contrato y la otra médica que había ido con ella, decidió renunciar. Según surge del comunicado de este grupo de profesionales, desde DINESA indicaron que el veto a la contratación de la médica chaqueña fue a pedido de “un funcionario salteño (sin especificar área o sector del Ministerio) a la DINESA, argumentando que la profesional mantenía supuestos vínculos con una reconocida referente indígena de la zona: Octorina Zamora, a quien calificaron de ‘cacica no querida en las comunidades’”.

Violencia y discriminación

Tras esta situación, la médica Gea Zamora recibió un llamado de funcionarios de tercera línea de DINESA comunicando que “por solicitud específica de la Provincia de Salta quedaba sin efecto el compromiso de contratación para el mes de marzo de 2022 de todas y todos los colegas médicos convocados por intermediación de ella”.

Desde la cartera sanitaria se indicó ayer a Salta/12 que la última relación que tuvieron con Gea Zamora fue tras el fallido proyecto de hacer contención de la salud en el territorio y no dentro del hospital, como quería la provincia, en 2021.

Hasta el cierre de esta edición el Ministerio de Salud de la Nación no respondió las consultas de este medio. 

El grupo vetado por ambas carteras, concluyó que “en plena Emergencia Socio Sanitaria en el norte salteño los ministerios de Salud de Salta y de Nación, en un acto de violencia, discriminación laboral y política, anulan el compromiso de contratación de un equipo médico que cuenta con la formación requerida, con experiencia en el territorio y con una profesional médica indígena de la zona, que constituye un valioso recurso articulador”.

Mientras, en lo que va de 2022 fallecieron tres niños en Santa Victoria Este, más precisamente de la comunidad La Puntana, todos menores de dos años. Sin embargo, referentes de la zona sostienen que hay más niños y niñas indígenas fallecidos por causas evitables, y aunque se solicitaron las estadísticas al Ministerio de Salud de la provincia, aún no hay respuestas.

La respuesta de Esteban 

Tras la publicación de esta nota (y pese a haber sido requerido con anterioridad a su difusión, sin responder a los llamados), el ministro de Salud, Juan José Esteban, pidió que se haga una “aclaración” sobre esta situación. 

En un audio enviado a Salta/12 rechazó en todos sus términos lo publicado en el comunicado emitido por el grupo de médicos. “Jamás se rechazó ni discriminó a profesionales”, afirmó. Y dijo que “sobre todo tenemos médicos venezolanos, cubanos y bolivianos en Santa Victoria Este y (el departamento) San Martín”. Incluso sostuvo que algunos de esos médicos fueron o son gerentes de hospitales. 

“El instrumento legal que es el trámite administrativo es una condición sine qua non para trabajar y tener una ART para salir a terreno”, añadió. Aseguró que esta fue la información que le envió a Octorina Zamora “personalmente, para decirle que le diga a la médica que se presente en la (secretaría) privada de Salud Pública para realizar el trámite administrativo legal”. Y finalizó: “desconozco las intenciones políticas en un tema tan sensible para nosotros”.