El Gobierno nacional confirmó que se están ultimando “palabra por palabra” los puntos finales del acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para su inmediato envío al Congreso nacional. De la misma manera, reveló que en las últimas horas se acordó con el organismo que el parámetro para la quita de subsidios a los servicios públicos será fijado por el Coeficiente de Variación Salarial.

El punto sobre cómo se aplicará la segmentación tarifaria de la luz y el gas fue “uno de los últimos” temas que faltaba cerrar en las negociaciones con el staff del FMI. Lo que resta es la redacción del texto final y adjuntar toda la documentación técnica que será entregada para el debate parlamentario.

Una discusión "palabra por palabra" con el FMI

Tal como lo había anticipado el presidente Alberto Fernández en su discurso en el Congreso, el Gobierno ya cerró los puntos sustanciales del acuerdo. No obstante, el resto son “negociaciones delicadas que implican discutir palabra por palabra”, en castellano y en inglés, para que no haya tergiversaciones sobre los compromisos alcanzados.

“Estamos discutiendo con los poderosos una deuda histórica que tomó el expresidente Mauricio Macri, que comprometió a varias generaciones de argentinos y esto no se resuelve en cinco minutos”, definió la portavoz Gabriela Cerruti durante su habitual conferencia de los jueves.

La vocera destacó que la posición de los negociadores del Ministerio de Economía fue de “mucha templanza” porque “no hay que aflojar en la defensa de los intereses argentinos”.

Los aumentos en luz y gas

Luego dio a conocer en detalle los puntos alcanzados con el organismo multilateral en materia de tarifas de los servicios de luz y gas. Reconoció el tema “estaba dificultando” el cierre del acuerdo porque “había algunas diferencias” en cómo se iban a aplicar.

Leyó un tramo del acuerdo en el que ambas partes explicaban que los criterios se basaron en la crisis energética internacional producto del conflicto en Europa del este y se enmarcaron en “los objetivos económicos y fiscales” pactados en el acuerdo.

El nuevo criterio para la aplicación de subsidios abarcará tanto a usuarios residenciales como no residenciales. Para los primeros, la quita, que a su vez determinará la suba en las boletas, será fijada de acuerdo a los ingresos de cada sector.

Es decir, según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), tal como lo había establecido la la ley 27.443 votada en 2018 por el Congreso y luego vetada por el entonces presidente Macri, porque ponía freno a los tarifazos desatados por su gobierno.

La segmentación en las tarifas

Los nuevos porcentajes de aumento para la luz y el gas serán fijados en una audiencia pública prevista para fines de abril próximo, y “trazarán un sendero para el bienio 2022/2023”.

Allí se enfocará “el esfuerzo estatal en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pagos y medidas que induzcan al uso racional de los servicios”.

Para esto, continuó Cerruti sobre la base del texto elaborado por el Palacio de Hacienda, se establecerán tres niveles de segmentación:

A- Para los usuarios que dejarán de ser beneficiarios de subsidios en función de su plena capacidad de pago.

B- Para los usuarios beneficiarios de tarifa social, el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40 por ciento del CVS del año anterior.

C- Para el resto de los usuarios, el incremento total en su factura para el año calendario será del 80 por ciento del CVS del año anterior.

“Durante los años 2022 y 2023 no podrán aplicarse incrementos por encima de los topes previstos para los usuarios B y C”, cerró la portavoz.