El Ejército chileno divulgó un reciente informe sobre violaciones a los derechos humanos perpetrados bajo la dictadura de Augusto Pinochet donde estos delitos de lesa humanidad fueron calificaron como una “vergüenza institucional”. Luego de dar a conocer el informe, el comandante en jefe, el general Ricardo Martínez, renunció a su cargo.

Según sostuvo la prensa local, es la primera vez que una institución castrense chilena reconoce y condena su rol en los crímenes, torturas, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas. Sucede bajo los nuevos vientos que corren con el cambio de gobierno tras la asunción de Gabriel Boric, que nombró a Maya Fernández Allende, la nieta del expresidente socialista, como ministra de Defensa.

“Uno de los episodios más condenables fue el paso (a fines de 1973) del General Sergio Arellano Stark y su comitiva, conocida como la Caravana de la Muerte hasta nuestros días, que hizo un recorrido por diversas guarniciones del norte y sur del país, dejando una huella de ejecuciones que afectó gravemente a la Institución”, reconoce el informe de 120 páginas.

Esta Caravana de la Muerte fue la responsable de asesinar y desaparecer a un centenar de presos políticos, según informó la Comisión Nacional de la Verdad y la Justicia chilena.

“Existió una conducta previa que buscaba producir temor e involucrar a integrantes de todas las unidades que visitaban, entregándoles la responsabilidad de enfrentar a los familiares de los afectados y así, dejar a esos jóvenes oficiales y suboficiales de aquellos regimientos, como la cara visible de las ejecuciones”, resalta el informe.

Titulado “Reflexión sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar”, el documento afirma que “las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo 1973-1990 y en la que los miembros del Ejército tuvieron participación fueron una profunda herida ocasionada al deber ser militar”.

“El elemento fundamental para mantener la disciplina militar radica en que las órdenes que imparte un superior deben ser legales y allí radica el imperativo que deben ser cumplidas por los subordinados. La disciplina en las relaciones entre militares no es un acto de sumisión”, agrega.

Martínez renunció a su cargo justo el mismo día en que se dio a conocer el documento. Este mismo jueves, el militar debía responder ante la Justicia en el marco de una causa por desvíos de fondos del Ejército