Ricardo Alconada Magliano fue uno de los empresarios que estuvo el 15 de junio de 2017 en la reunión en la que se discutió cómo armarle una causa al dirigente de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) Juan Pablo “Pata” Medina. Alconada Magliano fue el primero en ser convocado a indagatoria por el juez federal Ernesto Kreplak, pero prefirió guardar silencio y entregar un escrito en el que se presentó como una “víctima” de todo lo que sucedió a partir de aquel día en el Banco Provincia.

Alconada Magliano estuvo sentado a la mesa del Salón de Usos Múltiples (SUM) del Bapro. Allí fue donde Marcelo Villegas, por entonces ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, se entusiasmó con la conformación de una “Gestapo” para terminar con los sindicatos. Ese día, lo habían citado, según el escrito que le dejó a Kreplak, para una reunión institucional en su carácter de presidente de OCSA SA y de la Cámara de Desarrolladores Urbanos.

Según el empresario, él no conocía a muchos de los que participaron de la reunión e incluso destacó que, en algún momento, se sintió incómodo. Explicó que tampoco estaba al tanto de que estaban filmando la reunión –cortesía a la que se abocó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) al instalar cámaras un día antes en el lugar–.

La existencia de la reunión se conoció después del hallazgo de un video en la propia AFI, que fue denunciado el 27 de diciembre pasado por la interventora Cristina Caamaño. En la grabación, se lo ve a Villegas explicándoles a los empresarios cómo hacer presentaciones en el Ministerio de Trabajo contra Medina para que pudieran ser después presentadas como prueba ante la Justicia. Villegas se ocupó de aclarar que ya tenía todo arreglado con el Poder Judicial y con la Procuración.

En su presentación ante Kreplak, Alconada Magliano dijo que lo que discutieron en la reunión del Bapro sobre Medina y la Uocra era real. Después de ese encuentro, él fue uno de los que hizo las presentaciones ante el Ministerio de Trabajo provincial –tal como lo había solicitado Villegas– y después se presentó a declarar ante el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella. En ambas oportunidades habló de intimidaciones –una de las palabras sugeridas en la reunión del Bapro– y de exigencias por parte de Medina.

La investigación en el Juzgado Federal de Quilmes se inició el 31 de julio de 2017 después de que una persona supuestamente dejara un sobre de papel madera. Allí había un anónimo en el que decía que los dueños de Abril Catering SA habían tenido un importante incremento de su patrimonio y que eso se debía a su relación con el Pata Medina. Esa denuncia derivó en varias detenciones, incluida la de Medina, que se materializó el 26 de septiembre de ese año.

El viernes pasado, el exintegrante de la AFI Leandro Araque declaró como testigo ante el juez Kreplak y reconoció que fue él quien hizo los seguimientos sobre Medina a pedido de su superior, Diego Dalmau Pereyra, quien le dijo que estaban investigando al sindicalista por presunto lavado de activos. La AFI empezó a recabar información sobre el dirigente de la Uocra platense en mayo de 2017. El primer informe que confeccionó Araque lleva como fecha el 9 de mayo de ese año, exactamente cinco días después de que en la Casa Rosada coincidieran Mauricio Macri, Villegas y el entonces titular de la AFI, Gustavo Arribas.

Este viernes, Kreplak espera indagar al empresario Guillermo Federico Moretto. Para la semana próxima están citados Jorge Oscar Del Río, Fabián Rolando Cusini, Bernardo Zaslascky y Marcelo Jaworski. El turno de Villegas será recién el 14 de marzo, pese a que él ya también presentó un escrito hace semanas ante Kreplak en el que también se caracterizaba como "víctima" de una operación. Con su indagatoria se inaugurarán las declaraciones de funcionarios que continuarán hasta el 31 de este mes. Están citados, entre otros, el intendente de La Plata, Julio Garro, el exministro de Infraestructura Roberto Gigante y el senador Juan Pablo Allan.

Los últimos tres convocados son los exintegrantes de la AFI que estuvieron en la reunión: Juan Sebastián De Stefano –por entonces director administrativo de Asuntos Jurídicos–, Darío Biorci –jefe de gabinete– y Diego Dalmau Pereyra –director operacional de Contrainteligencia y señalado como quien acondicionó el salón con las cámaras–.

Al momento de disponer las indagatorias, Kreplak dejó en claro que se trataba de una "primera etapa". En la causa está imputada también Vidal y la querella de Medina pidió que se ampliara la investigación hacia Macri pero también hacia Arribas y Silvia Majdalani, su número dos en la AFI.