La segmentación tarifaria comenzará a aplicarse en junio y con ella el Gobierno pretende generar un ahorro fiscal del 0,06 por ciento del PBI en 2022, indica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que el Ejecutivo envió al Congreso. El texto cuenta con un capítulo energético que plantea metas como la reducción de subsidios y el aumento de la inversión en producción. "Esperamos que, con el correr del tiempo, las tarifas energéticas reflejen mejor la cobertura de costos, al tiempo que mantengan asegurada la protección de los hogares de más bajos ingresos", indica.

Para lo que queda del 2022 y en 2023 "no se contemplarán revisiones tarifarias adicionales para aquellos usuarios residenciales con subsidios", dice el texto. Sin embargo, en otro párrafo advierte que "ahorros adicionales resultarían en 2023 como consecuencia de la expansión del plan de segmentación", lo cual deja entrever que podría ampliarse el universo de usuarios que dejen de percibir subsidios.

Tarifas

El grupo de usuarios de mayor poder adquisitivo, por ahora equivalente al 10 por ciento de los hogares, dejará de percibir subsidios, lo cual va a impactar fuertemente en sus boletas. Los usuarios beneficiarios de la tarifa social recibirán un incremento total en su factura para cada año calendario que será equivalente al 40 por ciento del coeficiente de variación salarial (CVS) del año anterior. Por ejemplo, el año pasado registró un incremento del CVS del 53,4 por ciento. El 40 por ciento de ese incremento es igual al 21,4 por ciento, que es lo que subirían las tarifas este año para los usuarios beneficiarios de la tarifa social.

Para el resto de los usuarios, el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80 por ciento del CVS correspondiente al año anterior. De modo que las subas en las boletas serían del 42,7 por ciento este año.

En tanto, los grandes usuarios industriales pagarán la totalidad del costo de la energía, lo cual no difiere mucho de la situación actual, al tiempo que para el resto de los usuarios no residenciales, que incluye pymes y comercios, "se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública", indica el acuerdo.

"Como consecuencia del enfoque detallado anteriormente, que concentra la carga de la actualización en los usuarios con mayor capacidad de pago y protege decididamente a aquellos en situación de vulnerabilidad, esperamos que en 2022 el promedio ponderado del precio mayorista de la energía se mantenga constante en términos reales", plantea el texto acordado con el organismo.

Costos

El costo de la energía que se consume en el país se basa en gran medida en el precio promedio del gas en el punto de inyección al sistema, que impacta tanto en el propio servicio de gas como en la luz, en la medida en que buena parte de la generación eléctrica se realiza en base a las centrales térmicas que funcionan a gas.  

El acuerdo dice que "se han tomado medidas para aumentar la producción energética y reducir el costo de la generación eléctrica, incluso mediante el Plan Gas, que redujo casi a la mitad el precio garantizado del gas licitado en las nuevas subastas, de 7,5 dólares a 3,5 dólares por MMBTU. Asimismo, estamos realizando esfuerzos para aumentar la inversión en la producción y el transporte de energía durante los próximos años de manera que podamos hacer frente a la demanda doméstica y reducir la dependencia de onerosas importaciones de energía".

Subsidios

"Se ha diseñado un nuevo esquema de segmentación de los subsidios a los consumidores residenciales de manera que podamos focalizar las revisiones de los precios mayoristas de la energía en aquellos usuarios que, en base a criterios objetivos, posean mayor capacidad de pago. Siguiendo todos los mecanismos institucionales, antes de que finalice abril, convocaremos a una audiencia pública con la propuesta de eliminar los subsidios a la electricidad y el gas, a partir del primero de junio del corriente año, al 10 por ciento de los consumidores residenciales con mayor capacidad de pago", indica el texto.

El Gobierno y el FMI calcularon que ahorro fiscal previsto con el plan de segmentación podría alcanzar el 0,06 por ciento del PBI en 2022, y "ahorros adicionales resultarían en 2023 como consecuencia de la expansión del plan de segmentación". Esto permite entrever que el año que viene puede haber nuevos hogares que dejen de recibir subsidios.