El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata comenzó a juzgar a los acusados de dos masacres de la Policía bonaerense y el Ejército en 1977 y la apropiación de tres hermanos robados a una de las víctimas, que además sufrieron violencias y abusos en un internado de la Iglesia Católica hasta que su padre los pudo rescatar a fines de 1983. Entre los acusados hay íconos del genocidio como Miguel Etchecolatz o el exministro de Gobierno del dictador Ibérico  Saint Jain en Buenos Aires Jaime Smart; ex policías de la Brigada de Investigaciones de Lanús imputados como autores de los fusilamientos, y la ex secretaria del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora Nora Susana Pellicer, única sobreviviente en condiciones de ser juzgada del entramado criminal encabezado por la jueza Martha Delia Pons –ya fallecida– que durante seis años impidió la restitución de los menores a su familia biológica.

La audiencia inicial, en la que se leyeron las piezas acusatorias, se desarrolló en forma semipresencial este viernes. Los miembros del tribunal, José Michilini, Andrés Basso y Nelson Jarazo, igual que la mayoría de las partes, estuvieron en los tribunales platenses. Etchecolatz, con siete condenas en el haber y el crucifijo en el pecho, estaba en la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal, en Campo de Mayo. Junto con el ex director de Investigaciones de la Bonaerense, que se levantó sin problemas de su silla de ruedas, estaban los ex policías Roberto Guillermo Catinari y Héctor Raúl Francescangeli. Desde sus casas siguieron la audiencia Smart, los ex policías Armando Antonio Calabro, José Augusto López y Rubén Carlos Chávez, y el ex comisario y ex jefe del Pozo de Banfield Juan Miguel Wolk, alias “Alemán” o “Nazi”, quien ya se fugó en 2012 de su arresto domiciliario en Mar del Plata y ahora se exhibió en cámara con osos de peluche de fondo, según pudo verse en la transmisión del medio comunitario La Retaguardia.

Las masacres

El 15 de marzo de 1977, poco antes del amanecer, miembros de la Policía y el Ejército rodearon una vivienda precaria del barrio San José, en Almirante Brown, donde vivía Vicenta Orrego Meza de Ramírez con sus tres niños, y a la que días antes habían llegado sus compañeros de militancia María Florencia Ruibal y José Luis Alvarenga. De acuerdo con la acusación del fiscal federal Sergio Mola, la casa fue atacada a balazos y, una vez que cesaron los disparos, Vicenta “comenzó a evacuar a sus hijos por la ventana que daba al fondo de la vivienda”. “Primero salió Carlos, de cinco años, quien fue tomado en brazos por un efectivo. Éste lo pasó a otro y así sucesivamente, en una especie de cadena humana, hasta que lo dejaron solo en medio del baldío lindante”, relató. Lo mismo ocurrió con María Ester, de cuatro años. Por último salió la mujer con Mariano, de dos años, en brazos. “Exhibía y agitaba un trapo blanco, comunicando de forma clara, entendible e indiscutible que se estaba entregando. Vicenta fue recibida por el mismo efectivo que había tomado a sus otros hijos, quien luego de conducirla unos pasos hasta el límite de la construcción de la casa, con su arma de puño, de manera artera y sin mediar provocación ni justificación alguna, le disparó a corta distancia en la cabeza provocándole la muerte. Vicenta cayó al suelo con el niño aún en brazos, el cual fue apartado mediante una patada del cuerpo de la madre, sobre quien seguidamente se disparó una ráfaga de ametralladora”, describió el fiscal. En el mismo operativo fueron asesinados Ruibal y Alvarenga.

Al día siguiente unos 200 efectivos del Ejército y la Bonaerense atacaron otra vivienda de Llavallol, en Lomas de Zamora. Allí estaban el médico Pedro Juan Berger –padre de María Antonia, una de las sobrevivientes de la Masacre de Trelew–, Narcisa Adelaida Encinas y Andrés Steketee. “Las víctimas se rindieron, salieron de la casa con las manos en alto y fueron acribilladas”, resumió la fiscalía. Pese a que dos de ellas fueron identificadas incluso en medios de comunicación, los cuerpos fueron enterrados en tumbas NN en el cementerio de Lomas de Zamora. Por ambas masacres están acusados Smart, Etchecolatz y Walk como autores mediatos, y los cinco expolicías de la Brigada de Lanús como autores directos.

El infierno de Belén

Los hermanos Ramírez quedaron al cuidado de un vecino, a quien la Policía le informó que iría a recogerlos. Como no aparecieron los llevó a la Comisaría de Adrogué, desde donde los derivaron al Tribunal de Menores a cargo de Martha Delia Pons, quien ordenó internarlos en el hogar “Casa de Belén”, que dependía de la parroquia Sagrada Familia de Nazareth, en Banfield. Julio Ramírez, el padre, estaba preso sin condena desde 1974. Apenas supo del operativo envió notas a los ministerios de Interior y Justicia hasta lograr que lo visitaran dos funcionarios del tribunal. “Perdió la oportunidad de educarlos”, le comunicaron en nombre de Pons, quien ese año tuvo un rol activo en el reparto de criaturas nacidas en cautiverio o secuestradas junto a sus padres, y que llegó a decirle a una abuela de Plaza de Mayo que no pensaba devolverle a sus nietos porque “sus hijos eran terroristas” y “no tienen derecho a criarlos”. La hermana y la madre de Ramírez reclamaron por ver a los chicos pero se toparon con la misma negativa.

Cuando ya había pasado un año y medio, la licenciada en trabajo social María Felicitas Elías hizo un estudio ambiental y aconsejó otorgar la guarda a la familia paterna. Pons ignoró el dictamen y la amenazó para que lo modificara. Como Elías no accedió, ordenó el estudio a otra psicóloga, María Teresa Gómez, quien consideró que los niños “no reclaman la presencia de familiares directos” e infirió “un resentimiento encubierto” en la tía que pretendía adoptarlos. “Por razones y características personales” de los Ramírez consideró que “la familia no ofrece ser un contingente adecuado” y aconsejó que dejaran de visitarlos.

En 1980 Ramírez logró ser expulsado del país y se radicó en Suecia, donde le contó su historia al presidente del CELS, Emilio Mignone. En plena dictadura el organismo libró una larga batalla jurídica que culminó a fines de 1983, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó la restitución de los menores. El 29 de diciembre, ya con Raúl Alfonsín como presidente, Ramírez contó su historia durante una conferencia de prensa en el CELS y acusó a la jueza Pons de “lavarles el cerebro” a sus hijos, que el mismo día partieron con su padre rumbo a Suecia.

Durante los seis años en “Casa de Belén”, además de la alteración de la identidad y el ocultamiento a su familia biológica, los hermanos fueron víctimas de diferentes violencias y abusos. Por sus padecimientos sólo llegó a juicio oral –en libertad– la ex secretaria Nora Susana Pellicer. Estuvieron acusados el “padrino” del hogar, Juan Carlos Milone, la titular de “Casa de Belén”, Dominga Vera, y la psicóloga María Teresa Gómez. Los tres fueron apartados del proceso por problemas de salud mientras el juicio se demoraba por problemas para constituir el Tribunal Oral. La tristemente célebre impunidad biológica.