La mesa nacional de Juntos por el Cambio adelantó para hoy a la tarde un encuentro virtual previsto originalmente para el martes con el objetivo de intentar unificar una posición común ante la inédita obligación de debatir en el Congreso el acuerdo de refinanciación de la deuda de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contraída por el gobierno de Mauricio Macri, que presiona a sus socios para bloquearlo. Se trata de un desafío con tintes de utopía en el marco de las posturas enfrentadas entre los diez bloques que integran la alianza opositora en la Cámara baja y tras el papelón protagonizado por los diputados del PRO que abandonaron el recinto en la apertura de sesiones ordinarias ante las miradas de sus socios de la UCR y la Coalición Cívica. El ala más dura del PRO, si bien no definió una postura frente a la votación, irá a la reunión con duras críticas al proyecto de acuerdo que el gobierno hizo público el viernes, al que considera “una bomba de tiempo que explotará en la cara del próximo gobierno”, que posterga sus ansiadas reformas estructurales y que “cargará el peso del ajuste sobre el sector privado”.

La actual alianza opositora, que como oficialismo en 2018 asistió impávida al escueto anuncio de menos de tres minutos que le demandó a Macri anunciar el fabuloso endeudamiento con el FMI por cadena nacional y sin pasar por el Congreso –como establece el artículo 75 de la Constitución Nacional–, se debate entre apoyar o no el acuerdo alcanzado por el gobierno de Alberto Fernández y celebrado el viernes por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AnCham), que le pidió al Congreso “acompañar esta decisión estratégica”.

Los debates internos en las filas cambiemitas abarcan desde la posibilidad de garantizarle o no el quórum al tratamiento del proyecto –que se debatiría en el recinto el próximo jueves– hasta intentar acordar una postura común o en última instancia otorgar libertad de acción a los diputados, más allá del sector al que pertenezcan, opción que permitiría descomprimir presiones internas y evitar que queden demasiado expuestas las divisiones entre las tres fuerzas (PRO-UCR-CC) y sus ramificaciones.

El ala dura del PRO, cuyas caras visibles (Macri y Patricia Bullrich) no ocupan bancas parlamentarias, llevará a la reunión de hoy una posición lapidaria sobre el proyecto de acuerdo, según un borrador que trascendió ayer y que no define una postura frente a la votación. “No se puede avalar con el voto una nueva crisis inflacionaria, ni un futuro default de la deuda doméstica, ni la continuidad de las políticas que nos depositaron en una larga estanflación y contra las cuales venimos batallando hace años”, sostiene el texto. Ese sector observa con espanto que el proyecto posterga reformas estructurales –de cuya ausencia destacó precisamente Fernández en la Asamblea Legislativa– y no altera “el corazón de la política económica kirchnerista”.

Según los cálculos del macrismo duro, “dos tercios de la corrección fiscal que se necesita para llegar al equilibrio fiscal primario deberán ser ejecutados por la próxima administración”. “El agujero fiscal en estos dos años se financiará con deuda en el mercado local a tasas de interés exorbitantes, que ya superan el 50% anual”, apunta. Si bien el acuerdo con el FMI evitaría el default, consideran que sienta las bases para una “crisis futura”. Por último, alertan que “la política económica que promueve el acuerdo es inflacionaria y cargará el peso del ajuste sobre el sector privado”. El gobierno festeja que no habrá ajuste fiscal pero omite decir que se financiará con más ajuste del sector privado”, concluyen.

Entre los sectores más ligados a los gobernadores radicales y a la Coalición Cívica, igual que entre los dirigentes más moderados del PRO, prevalecería la posición de garantizar que el país no caiga en default, que consideran el peor de los escenarios. Desde las filas de Horacio Rodríguez Larreta interpretan que esa situación implicaría un alto costo para el país pero también para la marca Juntos por el Cambio, que sólo favorecería a los neofacistas ultraliberales.

Una opción en debate sería abstenerse en la votación en general de la ley, votar a favor el artículo primero para avalar la operación crediticia y rechazar el segundo, con el plan económico. Los más duros se inclinan por votar en contra en general y solo autorizar el financiamiento. Otra alternativa es presentar un dictamen propio que contenga un solo artículo (la autorización a la refinanciación). De esa forma consideran que podrían rechazar los fundamentos del proyecto, que contienen duras críticas a Macri, y avalar sólo el financiamiento.

Entre los radicales tampoco habría una mirada unificada. Mientras Morales se inclina por votar a favor en general, el bloque de Mario Negri deja trascender sus reparos con la nueva redacción de la ley. En un sector del radicalismo preferirían abstenerse y solo avalar el financiamiento, que también sería la postura de Elisa Carrió. Desde Evolución Radical, el espacio que lidera Martín Lousteau, sostienen en cambio que “el acuerdo necesita ser aprobado en su integridad” para que lo pueda tratar el directorio del FMI.