Durante la apertura de sesiones del Congreso, Alberto Fernández señaló que Arsat desempeñaría un papel importante en la finalización de la actualización de la Red Federal de Fibra Óptica, con el propósito de incrementar 10 veces la capacidad de tráfico de banda ancha. En el mismo acto, también anunció el relanzamiento del plan geoestacionario: a la construcción ya en marcha del Arsat Segunda Generación 1, se sumará, en simultáneo, el Segunda Generación 2. Prevén que la fabricación y la puesta en órbita de ambos constituyan el símbolo de la reactivación de la industria satelital doméstica, anestesiada durante el mandato macrista.

El Arsat SG-1, en verdad, retoma el proyecto del Arsat 3: el tercer satélite geoestacionario que debería haberse lanzado en 2019 y el Gobierno anterior no lo hizo. ¿El objetivo? Junto al SG-2 que comenzará a construirse de inmediato servirán para brindar banda ancha satelital confiable y de calidad a todo el territorio argentino, incluyendo a las Islas Malvinas y Antártida. Asimismo, serán claves en áreas rurales con poca población, en las que no sea posible el despliegue de infraestructura por tierra. Los satélites habilitarán a una mejor transmisión de datos, internet y televisión a más de 200 mil hogares de Argentina, así como también prestarán servicios a naciones vecinas y a precios accesibles.

De manera reciente, Matías Tombolini –exvicepresidente del Banco Nación– fue designado presidente de Arsat y reemplazó a Pablo Tognetti, que asumió como gerente general. A mitad de semana, el flamante titular de la empresa estatal se reunió en Casa de Gobierno con el jefe de Gabinete para diseñar los próximos pasos vinculados al diseño, la producción y la operación del SG-1 y SG-2. Allí Juan Manzur enfatizó en la importancia de iniciar la construcción de un cuarto satélite, con el propósito de “impulsar la soberanía digital y dar continuidad a un plan espacial y de servicios para nuestros países vecinos”.

Cuando se concrete el lanzamiento del SG-1 y el SG-2, Arsat ampliará la flota de activos nacionales y, en total, ya habrá provisto cuatro satélites de telecomunicaciones para mejorar la conectividad de la ciudadanía local y exportar valor agregado en Sudamérica. Las tecnologías servirán para absorber la demanda de transmisión de datos y ampliar la cobertura en el escenario actual; al tiempo que darán respaldo al Arsat 1, cuya vida útil se extenderá hasta 2029. En conjunto, buscarán mejorar el servicio brindado por su antecesor: por un lado, transmisión múltiple y simultánea de servicios de TV y, por otra parte, internet de alta velocidad en zonas alejadas de las grandes urbes, a las que resulta costoso llegar por vía terrestre.

El SG-2, cuya fabricación acaba de anunciar Alberto Fernández, demandará una inversión de 250 millones de dólares, de los cuales 30 millones deberán ser utilizados durante el primer año. Se fabricará en paralelo con el SG-1 porque, de esta manera, el nuevo artefacto podrá aprovechar el camino allanado (la experiencia de los técnicos, la infraestructura instalada, el proceso aceitado) por su antecesor. De forma adicional: la construcción de dos satélites en paralelo estimula las compras simultáneas para negociar de otra manera la adquisición de componentes comunes a ambos artefactos. A diferencia del Arsat 1 y 2 que, lanzados en 2014 y 2015, pesaron 3 mil kilogramos; el SG-1 y el SG-2 tendrán un peso aproximado de 1800/2000 kilogramos al momento de su lanzamiento y una vida útil similar de 15 años.

Recuerdos de soberanía

En la memoria colectiva, aún resuenan las palabras de Adrián Paenza y Víctor Hugo Morales que, con dosis equivalentes de emoción e ingenio, comunicaban el lanzamiento del Arsat 1 desde Guayana Francesa. En aquella primavera de 2014 la entonces presidenta Cristina Kirchner señalaba que “todo esto no era un milagro ni suerte ni tampoco viento de cola”, sino “voluntad política, decisión de Gobierno y política de Estado”.

Científicos, técnicos, operadores, expertos en electrónica, matemática, ingeniería, física y tantas otras disciplinas que, tras formarse durante décadas en la educación pública, agregaban valor al proceso productivo y contribuían en la construcción de un modelo de desarrollo basado en el conocimiento. Iniciaban, en concreto, el camino de las grandes innovaciones en el campo de las telecomunicaciones con un enfoque federal. En síntesis, constituyeron una evidencia palpable que explicaba cómo pensar y producir tecnologías, de argentinos para argentinos, puede funcionar como una vía hacia la soberanía.

De la misma manera que las vacunas, tener autonomía científica y tecnológica brinda un abanico de nuevas posibilidades. En el caso de los satélites geoestacionarios, no solo se trata de incrementar el ingreso de divisas por prestar servicios internacionales, sino también una forma de ocupar, defender y aprovechar comercialmente las órbitas geoestacionarias que fueron asignadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones para Argentina. Espacios en los que potencias rampantes como Reino Unido ya colocaban el ojo.

Recuperar la impronta

El gobierno de Alberto Fernández demuestra intenciones de querer recuperar esa impronta de apoyo al sector que se había cultivado en los gobiernos kirchneristas. Durante la apertura de las sesiones del Congreso, el presidente destacó: “El futuro exige dar un enorme impulso a la ciencia y la tecnología. Son herramientas fundamentales para resolver los problemas que afectan a la humanidad. Estoy convencido que tanto en educación como en ciencia, los argentinos y argentinas debemos avanzar hacia políticas de Estado”.

Y, en esta línea, a las leyes de Financiamiento de la ciencia (que prevé que el país realice una inversión de 1 por ciento del PBI hacia 2032) y de Economía del conocimiento (que busca apoyar a las empresas que se dediquen a brindar servicios cuyo valor radique en el conocimiento) ya sancionadas, se enviará como proyecto legislativo el Plan Argentino de Ciencia y Tecnología 2030, cuyas líneas centrales fueron debatidas y concertadas con los actores de la comunidad científica, universitaria y productiva del país.

A tono con lo previsible, si bien hubo planes nacionales de CyT 2010 y 2020, no sucedió lo mismo con el que correspondía a 2030 porque la administración macrista no lo hizo. El hecho de que esta vez el Plan pueda convertirse en ley podría significar un paso adelante en la planificación de un sector que, para crecer de manera definitiva, no debe estar atado a los gobiernos de turno.

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