“A dos años de la declaración de emergencia socio-sanitaria, la situación que le dio origen en San Martín, Orán y Rivadavia no ha logrado ser revertida”, afirma una de las conclusiones surgidas del Encuentro de Salud Intercultural que se realizó el viernes último en el Hotel Pórtico de la ciudad de Tartagal, en el departamento San Martín. De la convocatoria participaron referentes de unas 80 comunidades indígenas junto a representantes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la organización Pata Pila.
“Hay referentes que no sabían lo de la emergencia socio sanitaria”, contó a Salta/12 Martín Plaza, representante salteño de ACIJ. El abogado señaló que el desconocimiento es parte también de las formas en las que se ejecutan las políticas públicas cuando se trata de las comunidades pertenecientes a pueblos originarios. En la declaración emitida tras el Encuentro se sostiene que la falta de acceso a derechos básicos es una situación que persiste.
La “Declaración sobre el derecho a la salud integral de los Pueblos Originarios” indica, entre otros aspectos, que: en relación a la situación de infancias y adolescencias “deben resolverse los problemas actuales vinculados a la educación -especialmente en materia de acceso, calidad, interculturalidad y aquellas vinculadas a los impactos de la pandemia-, a la nutrición y a los consumos problemáticos, entre otros”.
Afirma asimismo que es necesario continuar con las obras de saneamiento para el acceso al agua potable de aquellas comunidades que aún carecen del servicio, además de “revertir la contaminación que existe en algunos territorios" y "garantizar la provisión de energía eléctrica” para permitir el uso de bombas de agua entre otros.
Todos los puntos incluyen también la necesidad de titularizar los territorios comunitarios y acompañar a las poblaciones para el desarrollo de actividades productivas y agrícolas terminando con “los prejuicios que existen en torno a la capacidad de trabajo de quienes integran nuestras comunidades”. Todas estas políticas que, sostuvieron, deben realizarse desde una perspectiva intercultural.
Reglamentación de la Ley
En diciembre de 2014 el gobierno provincial promulgó la Ley de Salud Intercultural N° 7856. En 2022 se cumplirán 8 años sin que la provincia la reglamente, falencia que impide la aplicación de la normativa. Quienes participaron del Encuentro en Tartagal sostuvieron que esta falta de instrumentación de dicha política pública con visión intercultural perpetúa la ya conocida discriminación estructural.
Esto “nos impide conocer los tratamientos médicos que se nos proponen, y nos imposibilita brindar consentimiento informado a estas prácticas afectando especialmente a mujeres, niños, niñas y adolescentes. También nos impide contar con los recursos necesarios para llegar a los centros hospitalarios así como acompañar a nuestros familiares que necesiten tratamiento, entre otras problemáticas”, indica la Declaración.
Los asistentes al Encuentro afirmaron que en la reglamentación se debe garantizar la participación de las comunidades originarias. A ello se agregó la necesidad de “asegurar la contratación, en cantidad suficiente, de facilitadores y facilitadoras interculturales adecuadamente capacitados y seleccionados en forma transparente e igualitaria, con el aval de las comunidades y organizaciones comunitarias y territoriales. A su vez debe garantizar la existencia de albergues ubicados en lugares cercanos a hospitales y asegurar el traslado desde y hacia las comunidades".
"También se debe asegurar una gestión abierta y participativa en la 'Red de Apoyo Sanitario Intercultural e Interinstitucional para Pueblos Originarios' y debe finalmente garantizar un presupuesto suficiente para el efectivo cumplimiento de dichas políticas”, indicaron.
Una orden judicial sin cumplir
En enero último el juez Eduardo Barrionuevo, vocal del Tribunal de Impugnación, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la ACIJ junto a un amparo y ordenó a la provincia designar facilitadores interculturales en los hospitales públicos y disponer albergues para quienes precisen atención sanitaria lejos de sus lugares de residencia.
La medida resuelta en enero pasado fue apelada por la Fiscalía de Estado de la provincia. Sin embargo, la orden debería cumplirse, dado que es con “efecto devolutivo o no suspensivo”, explicó el mismo juez a este medio.
Plaza afirmó que la orden sigue incumpliéndose, dado que los albergues transitorios no existen (el caso de Tartagal) o se los habilita lejos de los hospitales (como sucede en Salta Capital). Frente a los incumplimientos detectados, el abogado manifestó que se evalúa la creación de redes comunitarias con el fin de señalar con precisión los lugares en los que se incumple la medida cautelar concedida.
Mientras, la Corte de Justicia de Salta tiene en sus manos el amparo que solicita se ordene la reglamentación de la Ley de Salud Intercultural. Por su parte, en una reunión que mantuvo con la ACIJ, el ministro de Salud Juan José Esteban, se comprometió a reglamentar la Ley.
