En el año 2003, después de una separación aparentemente amistosa, con terapeuta incluido, el marido de la jueza chilena Karen Atala, enterado de que ésta compartía su casa con un nuevo amor, Emma de Ramón, le inició una demanda para quitarle la tenencia de las tres hijas que tenía en común. Las sentencias de primera y segunda instancia le reconocieron a Atala -hoy, directora de la Fundación Iguales, una ONG por los derechos lgbti-, la custodia. Pero su ex marido no paró hasta llegar a la Corte Suprema, que finalmente consideró al lesbianismo como causal para apartarla de sus hijas. Karen decidió llevar el caso a la CIDH, y recién en 2012 obtuvo una histórica sentencia favorable en la que se reconoce la discriminación que sufrió.

Sin embargo, como para la Corte Suprema chilena las sentencias de la Corte Interamericana no son vinculantes, las niñas -para entonces, ya adolescentes- tuvieron que esperar a cumplir la mayoría de edad para poder volver a vivir con su mamá. El caso fue tema de debate en canales, calles y mesas de café. Su vida privada tuvo que convertirse en materia de debate público y castigo aleccionador para otras familias no heterosexuales, para que, tal como cuenta en esta conversación, Atala entendiera la densidad política de lo íntimo.

-¿Cómo fue que la prensa, casi en su totalidad, empezó a hablar de éste, un tema entre privados, un divorcio y la pelea legal por la tenencia?

- Siempre sospeché que lo había filtrado el abogado de mi ex marido, como una forma de litigación estratégica para crear pánico social y con eso favorecer las resoluciones a favor de la postura del demandante. Y lo logró… porque empezó obteniendo la custodia provisoria de las niñas mientras se ventilaba todo el juicio. En febrero de 2003 mi marido me demanda, me notifican, contesto la demanda y en abril me quitan a las niñas. Jamás hubiera pensado que un tema que era entre dos cónyuges que se están separando, iba a terminar siendo tema de conversación y de debate político, ideológico, moral en absolutamente todos los medios y todas las casas. Me acuerdo especialmente del odio que se podía leer en los foros, en los portales que hablan del tema. Nos trataban de perras.

-Hubo hasta encuestas en las que invitaban al público a opinar si tenía derecho o no a criar a sus hijas…

-La tercera, un diario de divulgación nacional bastante importante, hizo varias encuestas de opinión. Con gráficos que mostraban que supuestamente estaba de acuerdo con el fallo el 50% de los encuestados. Creo que eso fue una radiografía de la sociedad chilena de 2004. Se preguntaba “¿Cree que la convivencia de un niño con una pareja homosexual le puede causar algún daño?” En 63% dijo que sí. En cualquier juicio por la tenencia, ambas partes tienen que demostrar cuál de los dos progenitores es más idóneo para hacerse cargo pero el mío fue un juicio en el que yo tenía que demostrar que ser lesbiana no me convertía en mala madre.

-¿Qué cree que puede haber pesado más: que usted fuera una jueza o que se pusiera luz sobre las maternidades lésbicas?

- El estándar con el que se me miró era principalmente el maternaje como un rol destinado a la mujer como el ideario Mariano de la Virgen María, en el cual tú tienes que negar tu derecho a tu sexualidad plena y tu felicidad sexual, la realización personal y a rehacer tu vida. Sacrificar todo para dedicarte a criar a tus hijas. Mientras que nadie esperaba eso del padre. Creo que ese fue el punto, profundamente discriminatorio, por el cual al finalmente la Corte Suprema me quita la tenencia.

-A pesar de todo, era escandaloso que la Justicia reconociera abiertamente que le estaban quitando la tenencia de tus hijas por pura lesbofobia… Entonces las argumentaciones recurrían a un giro común que es hacer pasar los propios prejuicios como una “preocupación por los niños”…

 -Yo según la ley chilena no tenía ningún problema, ni maltrato, no consumo de sustancias ilegales, o de “exponer a mis hijos a prostitución”, que son causales para privarte de tus hijos. Entonces decían que una pareja del mismo sexo era un peligro para las niñas. El argumento decía: no nos estamos ocupando de la vida privada de Atala, nos preocupan las niñas, nos preocupan que sean discriminadas. Decir que las niñas podían sufrir eventuales discriminaciones era pensar en riesgos potenciales. Eso tenía más que ver con imaginario prejuicioso que con riesgos comprobables. Los jueces utilizaron la fórmula estándar del interés superior del niño para patentar sus prejuicios sobre cierta comunidad.

-¿Qué apoyos recibió en ese momento?

 - Por supuesto, de organizaciones feministas de Chile. En una visita a Chile del teórico norteamericano Paul B. Preciado, le conté mi historia y me dijo algo así como “tú perdiste tus hijas por el mandato patriarcal”. Yo no tenía ni idea de qué me estaba hablando. Yo era jueza de provincia… de una ciudad chiquita. Me dijeron: “venga a estudiar el Magíster en Filosofía del Género para conocer las estructuras asimétricas del poder qué se tejen contra las mujeres”. Es decir, cómo las mujeres se les exige un deber ser de este ideario sacrificial, que permea toda la cultura latinoamericana en todas las instituciones. Después de dos años de Magíster entendí por qué había perdido a mis hijas.

-También ha contado que nadie quería llevar tu caso…

 -Ningún abogado quiso tomarme porque el tema era álgido. En la primera etapa el abogado que me tomó el juicio fue Juan Pablo Olmedo Bustos, él era abogado de Derechos Humanos que ya había llevado casos al Sistema Interamericano, como el de la proyección en Chile de La última tentación de Cristo. En ese caso obligó a Chile a derogar la ley de censura previa, heredada de la dictadura. Cuando la Corte falló en mi contra y decidimos ir contra el Estado de Chile, Juan Pablo Olmedo articuló una red de abogados. Recibí también solidaridad de los que fueron mis compañeros de universidad. Y profundizamos la mirada feminista sumando a Corporación Humanas, una organización de justicia de género.

-¿Cómo impactó esta historia en la comunidad lgbti de Chile?

-Me detenían en la calle madres lesbianas y me decían “Si a usted le quitaron a sus hijas siendo jueza, ¿qué nos queda a nosotras como simples mortales?” Iban a pagar muchas madres lesbianas de Chile, porque era la Corte Suprema la que había hablado, entonces ahí tomamos la decisión de hacer la acción internacional contra el Estado chileno.

-¿Qué ha cambiado desde 2004 en la Justicia y en la sociedad chilena en relación a la discriminación contra las madres lesbianas?

- El Chile de ese momento era profundamente conservador. Entonces que a principios de los 2000 saliera en el tapete público una mujer profesional, con un cargo de poder como jueza de la república, lesbiana, les movió el piso a todo el mundo. A nivel legislativo hubo muchísimos cambios y a muchos de ellos los hemos impulsado desde la Fundación Iguales: la ley Antidiscriminatoria, el acuerdo de Unión Civil, que fue la primera vez que se regula la convivencia de personas del mismo sexo. Logramos que se aprobara también la ley de Identidad Trans del 2017, con sus limitaciones, hay que decirlo, ya que dejó afuera a la adolescencia y la niñez trans.

-Mucha gente cree que a partir del fallo favorable de la Corte Interamericana volvió a vivir con sus hijas, pero eso no fue así. ¿Por qué?

-Tenía la ilusión de que me las devolvieran como medida de reparación, pero mis abogados me fueron explicando que no era una cuarta instancia. Era una demanda contra el Estado para que obligue a que los jueces empiecen a fallar sin prejuicio y sin estereotipos. Tendría que haber empezado todo el proceso judicial nuevamente dentro de mi país, ya con este antecedente nuevo a mi favor. Pero habían pasado ya 8 años de batalla legal, entonces mis hijas estaban grandes, más cerca de la mayoría de edad, y no valía la pena. Cada una de mis hijas a medida que cumplieron los 18 se vinieron a vivir conmigo. Hoy son tres mujeres maravillosas, orgullosas de su madre y orgullosa de su historia.