La sala III de la Cámara de Casación Penal hizo lugar al recurso  interpuesto por el fiscal Antonio Gustavo Gómez y declaró la competencia del juzgado federal 2 para que continúe la investigación por la desaparición forzada de Luis Armando Espinoza, cuyo cuerpo sin vida apareció cinco días después de su desaparición, en mayo de 2020. En sus considerandos, Casación sostuvo que se trata de "hechos de extrema e inusitada trascendencia, que, incluso, podrían ser enmarcados como una grave violación de los derechos humanos". La causa llevada adelante por el juez Mario Velázquez ya había sido elevada a juicio oral tras la imputación de nueve policías y dos civiles por el secuestro y el asesinato de Espinoza. Sin embargo, más allá del tipo de delito penal y el fuero, este magistrado había señalado a PáginaI12 que se trató de un hecho como los que sucedían en la dictadura. “Acá se privó a una persona de la libertad, se la hizo desaparecer y, habiéndola matado, se la tiró. Tiene todos los condimentos de la época más atroz de nuestra historia en manos del terrorismo de Estado”.

Poco antes de cumplirse un año de la desaparición y asesinato de Espinoza, el fiscal de homicidios del Centro Judicial de San Miguel de Tucumán, Carlos Sale, requirió la elevación a juicio de la causa con la imputación del delito de privación ilegítima de la libertad seguida de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. A los nueve policías de la comisaría de Monteagudo acusados –Rubén Montenegro, José Morales, Miriam González, René Ardiles, Víctor Salinas, Carlos Romano, José María Paz, Gerardo González Rojas y Claudio Zelaya– se suma el agravante de los incumplimientos de deberes de funcionario público. También les imputó los delitos de privación ilegítima de la libertad y lesiones en perjuicio de Juan Espinoza, hermano de Luis. Los civiles involucrados son Héctor Villavicencio, quien oficiaba como vigía, y Álvaro González. De acuerdo con la investigación, el oficial Morales disparó su arma reglamentaria modelo “Jericho” contra Luis Espinoza, por la espalda, a una distancia de 10 metros, en un operativo ilegal realizado el 15 de mayo de 2020. 

En medio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por la pandemia de covid-19, un grupo de personas se había reunido a presenciar una carrera de caballos en una zona rural de Monteagudo. La policía fue a dispersar a los asistentes y, en ese marco, se produjeron los disparos. Sin saber si Espinoza continuaba con vida, sin darle asistencia médica, comenzó el operativo de encubrimiento. González Rojas fue a buscar una bolsa y se trasladaron a la comisaría de Monteagudo. Desde allí partió el VW Fox conducido Montenegro, que recorrió más de 100 kilómetros por la ruta 65, y 400 metros después del paraje La Banderita, ya sobre territorio catamarqueño, arrojaron el cuerpo de Espinoza. A las 20 del día del crimen, familiares de Luis Espinoza habían ido hasta la comisaría de Monteagudo a averiguar sobre su desaparición. Allí fueron recibidos por Salinas y Miriam González, quienes les respondieron que no podían tomar la denuncia hasta que no transcurrieran 72 horas.

La investigación recayó en el juzgado de instrucción penal de Monteros. La defensa de uno de los policías solicitó que el fuero federal se declarase competente, pero el juzgado federal 2 de Tucumán lo rechazó. También se expresó en el mismo sentido el fiscal general Gómez, quien no tuvo acogida en la Cámara de Apelaciones de Tucumán y por eso llegó hasta la Cámara Federal de Casación Penal, donde su planteo sí fue sostenido el fiscal general Javier De Luca. Ahora, al resolver la cuestión, los camaristas Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Eduardo Riggi consideraron que la justicia federal debe investigar la desaparición forzada de Espinoza, dada “la naturaleza de los derechos lesionados y el carácter de los delitos”. La familia Espinoza ya había solicitado un pronto juicio y prisión perpetua para los acusados. Ahora deberá seguir aguardando porque, si bien desde el punto de vista legal lo realizado por la justicia provincial es válido, el nuevo juzgado se tomará su tiempo para analizar el expediente.