Luego del acuerdo al que arribó el Ejecutivo provincial con docentes, personal de salud y empleados de la administración pública de incrementar los salarios un 45% a partir de marzo, pagaderos en cuotas que se extenderán hasta septiembre, los trabajadores municipales comenzaron a presionar a sus intendentes para que equiparen e incluso se mejore ese número habida cuenta de la información acerca de que las coparticipaciones nacional y provincial vienen en ascenso.

Pero los jefes comunales, aferrados al discurso de la “previsibilidad” y la baja recaudación, estirarán hasta último momento las negociaciones peleando para retener algunos porcentajes del aumento o dilatar la forma de pago.

En muchos departamentos, como el de Orán, las rondas de negociaciones comenzaron recién ayer. Aunque con una postura firme por parte de los representantes gremiales: en ningún caso retrocederían con respecto a lo que se acordó a nivel provincial. 

“Ellos ya saben que pedimos el 45% como piso”, aclaró la delegada municipal de ATE Orán, Cristina Guzmán, quien sumó al reclamo el pase a planta permanente de los trabajadores contratados, y que otros tantos “precarizados” pasen a tener un contrato laboral. Al mismo tiempo se planteó el aumento de sueldos para quienes trabajan en las cooperativas.

En Las Lajitas, departamento Anta, el acuerdo llegó antes de lo previsto. Allí Alberto Fermani se adelantó y ofreció a sus trabajadores pagar en los mismos términos que lo hizo el gobierno provincial. Por lo que según la delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), solo restan cerrar algunos acuerdos relacionados al pase a planta y otros ítems.

En el departamento de La Caldera aún reina el suspenso. El mandatario de Vaqueros, Daniel Moreno, sostuvo que asegurará el 45% de aumento que ganarán los docentes en los mismos tramos, 14% a febrero, 9% a abril, 7% en junio, 4% en julio y los restantes 11 recién en septiembre. Sin embargo los gremios aún no habían contestado la oferta.

Mientras, en el municipio de La Caldera, aún reina el silencio. Bajo el argumento de la fiesta de La Chicha, ayer se había otorgado asueto y desde el Ejecutivo nadie atinó adelantar cuál será la propuesta de Diego Sumbay. Aunque los municipales ya se pararon firmes en su decisión de exigir la igualdad con respecto a lo que cobran sus pares a nivel provincial.

“El viernes pasado hicimos el pedido formal del aumento salarial del 45% de la misma forma que estableció la provincia. En el transcurso de la semana nos estaremos reuniendo con el Intendente Sumbay para tratar el tema”, respondió el delegado gremial por ATE de aquel municipio, Gustavo Sarapura. Hoy o mañana mantendrían un encuentro, y si no hay acuerdo “entre el viernes y el lunes de la semana que viene decidiremos en asamblea qué medidas tomar”, esgrimió el referente sindical.

Lo mismo sucede en Rosario de Lerma. Su intendente Enrique Martínez, se reunió ayer por la tarde con la representación gremial local para seguir puliendo los detalles del acuerdo, aunque aún no se cerró definitivamente.

En el departamento San Martín, si bien hay avances, todavía no lograron ultimar detalles en cada uno de los municipios. En diálogo con Salta/12, Fermín Hoyos, secretario General departamental de ATE, contó que en los municipios “más pobres que no tienen ingresos genuinos” como Embarcación, Ballivián, Mosconi y Santa Victoria, sus intendentes ya comprometieron seguir el lineamiento provincial y pagar el 45% de aumento, propuesta que aceptaron.

En Aguaray, Tartagal y Salvador Mazza, esperaban “un esfuerzo más” ya que consideran que son localidades “ricas” que tienen la posibilidad de recaudar más gracias a sus riquezas naturales, las regalías y el cobro de peaje en la frontera. En asamblea, decidieron rechazar de plano la propuesta del interventor de Salvador Mazza, Adrián Zigarán “porque se acoge a lo dispuesto por provincia, cuando es un municipio autónomo que no necesita de ese dinero como sí lo necesitan otros municipios”, afirmó Hoyos.

En ese sentido, explicó que aprobaron el 45% propuesto, pero quieren incluir otros ítems como el pase a planta permanente de muchos trabajadores y el contrato de los eventuales, “porque el 50% de los trabajadores lo está haciendo en negro, sin obra social ni beneficios”. A su vez exigen acortar los plazos de pago para que se complete el incremento en julio “y que en el aumento se contemple también el mes de enero”. Fermín Hoyos alertó que la asamblea se mostró decidida a iniciar un paro en caso que sea necesario “a más tardar la semana que viene” si no hay una muestra de apertura por parte de Zigarán.

En Tartagal sucede algo parecido. Si bien aceptarían el 45% de aumento, cuando en un principio solicitaban el 50, lo que piden desde el sector de los trabajadores es que se acorten las cuotas a tres, pagaderas hasta julio y no a septiembre. Además, pidieron que se incluya el mes de enero en los incrementos “porque todos los años se acuerda desde enero a diciembre y ahora quieren dejar un mes de lado”, acotó el gremialista.

Sin embargo, Hoyos se mostró optimista de poder encarrilar un acuerdo e informó que hoy mantendría un nuevo enclave con los funcionarios del ejecutivo municipal para escuchar una nueva propuesta. Mismo futuro vio en Aguaray, donde Guillermo Alemán les ofreció el 40% de incremento pero pagando el total al mes de mayo, lo que hace que se note más en el bolsillo y no se licue en tantas cuotas y a tan largo plazo.

En Rosario de la Frontera esperaban un pronto acuerdo. Allí Gustavo Solís adelantó que se acojerá a lo que acuerden los gremios del sector provincial.

Capital en problemas

Mientas tanto, en la ciudad de Salta, los principales referentes nucleados en la Intergremial también desafiaron a la intendenta Bettina Romero y sus funcionarios a cumplir con los términos acordados por el Ejecutivo provincial “o comenzaremos las asambleas y con ellas se tomarán medidas de fuerza”, sostuvo el secretario General de SIMUSA (Sindicato Municipal de Salta), Sergio Rodríguez.

El municipio, a través de su secretaria de Gobierno, Frida Fonseca, ya había adelantado que en cualquier caso, el tope superaría el 40% “teniendo en cuenta la proyección de inflación que realiza el gobierno nacional para este año”. Por eso desde la semana pasada la Intergremial presentó notas formales exigiendo la equiparación del 45%, algo que le reiteraron ayer en reunión al subsecretario de Gobierno, Javier Guil, en un encuentro que mantuvieron en el Centro Cívico Municipal.

"Yo no me siento condicionado por ningún funcionario, no se trata de decir que llegan al 40 y no pueden más, sino de discutir y negociar", alertó Rodriguez. Y aseguró que la intendenta los “ningunea al gestionar recursos millonarios para obras”, pero que deja de lado a los trabajadores.

“Si te están dando $600 millones para un puente es porque demostraste solvencia, entonces debe ser que jugás con el sueldo de los trabajadores que son a los únicos que dejas afuera", añadió. Y adelantó que de no mediar una respuesta que sea como mínimo igual a la de la provincia en 48 horas, "quedamos liberados a iniciar medidas de fuerza".