La conducción de Vicentin, que sigue en manos de miembros del clan familiar que dio lugar a la escandalosa cesación de pagos de 2019, presentó una nueva propuesta de salvataje de la empresa ante el juez a cargo del concurso preventivo, Fabián Lorenzini. Con la firma de Omar Scarel, presidente del Directorio y uno de los más de diez acusados en la justicia penal por delitos de estafa, presentó el viernes pasado ante el juzgado civil y comercial Nº 2 de Reconquista, Santa Fe, una nueva "Propuesta de Organización Empresaria para el período 2022-2033", con la cual Vicentin pretende zafar de la quiebra mediante el desmembramiento del grupo y cesión de algunos de sus principales negocios a una sociedad que tiene los mismos accionistas de la concursada.

En opinión del diputado provincial Carlos Del Frade (Unión Popular), integrante de la Comisión Investigadora del caso Vicentin en la legislatura santafesina, "el documento presentado por Scarel, procesado por delitos de estafas reiteradas y libre bajo fianza,  es la síntesis del proceso de vaciamiento, fuga y endeudamiento del grupo".

El Plan de Empresa que presentó Scarel abarca un proceso de doce años (entre el actual y el 2033 incluídos) durante el cual la gestión empresaria quedaría en manos de los que denomina Interesados Estratégicos. Definición que abarca al trío conformado por Viterra (filial local de la suiza Glencore), Molinos SA y ACA (asociación de cooperativas vinculada políticamente a Coninagro). 

Son las tres empresas principales que siguieron operando con Vicentin tras su presentaión en convocatoria (febrero de 2020) y en algunos casos pasaron a explotar directamente sus instalaciones, por contratos "a fazon" y sustituyendo el lugar que ocupaba anteriormente Vicentin como uno de los mayores exportadores de granos y derivados. 

A la finalización de ese período, de acuerdo al esquema que presenta la propuesta del directivo procesado, el trío de Interesados Estratégicos se quedaría con el 95% de la actual Vicentin SA, que a esa altura conservaría todo el núcleo de empresas vinculadas al negocio de granos, agrupados en lo que denomina "Nodo Sur" y "Complejo Avellaneda (Santa Fe)". 

Pero, además, la propuesta incluye un capítulo denominado "reordenamiento de activos" entre las tenencias accionarias de Vicentin SA (la concursada) y las de Vicentin Family Group, sociedad que tiene exactamente los mismos accionistas que la primera, pero que el juez Lorenzini se negó a considerar como parte del mismo grupo y, por lo tanto, la mantuvo al margen del concurso. 

"Como parte de los acuerdos con los Interesados Estratégicos", dice el documento que se presentó en el juzgado, Vicentin SAIC adquirirá las participaciones de VFG en las empresas Renopack, Patagonia Bioenergía y Oleaginosa San Lorenzo, para que queden incorporadas al paquete que al final del proceso quede en manos de Viterra-Molinos-ACA. 

A cambio, Vicentin SAIC le cederá a VFG sus participaciones en: Río del Norte, Vicentin Desarrollos, Diferol, Friar, Buyanor, Terminal Puerto de Rosario, Playa Puerto, Juviar, Sir Cotton, Algodonera Avellaneda, y las bodegas ENAV y Sottano. Vicentin le cedería a VFG, además, los créditos de los que es titular en las empresas: Algodonera Avellaneda, Buyanor, Vicentin Desarrollos, IA Latam, Logística Rio Arriba, Nacadie Comercial, Servicios Fluviales, Sir Cotton, Sottano, Vicentin Chile, Vicentin Family Group y VFG Inversiones. 

De tal modo, quedaría consolidada la separación de todos estos activos de la suerte de la concursada, los cuales pasarían a manos de los propios accionistas actuales de Vicentin SAIC, pero por afuera del concurso de acreedores (y lejos del alcance de estos últimos).

A esto hace referencia el diputado provincial Del Frade cuando califica a la propuesta como "una fenomenal construcción de impunidad". Agrega que "los cierres de oficinas en Europa, Uruguay y Paraguay parecen anunciar un plan de exterminio de documentación y pruebas que podrían explicar el fenomenal desarrollo y diversificación del grupo desde 2002". "Más que nunca", reclama el legislador, "el gobierno nacional y el provincial deberían hacerse presentes en este proceso que va camino a consolidar uno de los más grandes saqueos de la historia argentina contemporánea".