El día que declaró ante la Comisión Bicameral de Inteligencia el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, tuvo que explicar por qué tenía vinculación con algunos funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal. Es el jefe de los fiscales, no un funcionario político. Cuando le preguntaron específicamente sobre el exministro de Trabajo Marcelo Villegas, dio una explicación asombrosa: dijo que había tenido contactos con él vinculados "con la asistencia a víctimas y a la necesidad de establecer estructuras de canalización de situaciones personales de familiares de víctimas en el plano laboral y cuestiones por el estilo". Agregó la muletilla habitual: todo era de "carácter institucional". Lo que no se sabía en ese momento, a fines de enero, y que surgió del análisis de los llamados telefónicos de los ex funcionarios de la provincia que participaron de la reunión de la "Gestapo" antisindical donde se planeaba el armado de causas contra dirigentes gremiales, es que Conte Grand hablaba con todos ellos y con Villegas en particular lo hizo doce veces en el período investigado, e incluso en un solo día tuvo cuatro conversaciones, una de 17 minutos. Villegas había dicho durante aquella cumbre que tenía todo arreglado y "chequeado" con "la Procuración, fiscalía y el juez". 

El abogado César Albarracín, que representa al dirigente de la Uocra Juan Pablo "Pata" Medina como querellante, le pidió al juez Ernesto Kreplak que analice todos los llamados del procurador, un hombre de gran confianza de la exgobernadora, que también fue su secretario Legal y Técnico. Conte Grand no está imputado en el expediente hasta ahora ni se habían requerido sus llamados. Había sido mencionado como parte de la mesa judicial (provincial y nacional) por el comisario Hernán Casassa, también ante la Bicameral, pero por ahora no se avanzó en esa línea. El juzgado sí había ordenado estudiar las comunicaciones de todos los presentes en la reunión que se hizo en el Banco Provincia el 15 de junio de 2017. La mayoría tiene como denominador común las comunicaciones con Conte Grand: aparece en llamados con Villegas, con el exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi, con el exministro de Infraestructura Roberto Gigante, con el intendente de La Plata, Julio Garro, el senador Juan Pablo Allan y la propia Vidal. 

Villegas es quien dijo de manera desembozada en aquel encuentro en el Bapro que deseaba tener una Gestapo propia para "terminar con los gremios". Como informó Página/12, quienes condujeron esa cumbre fueron tres jerarcas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI): Juan Sebastián De Stéfano, exdirector de Asuntos Jurídicos, Diego Dalmau Pereyra, exjefe operacional de Contrainteligencia, y Darío Biorci, exjefe de Gabinete. 

Villegas tuvo un papel contudente también. A la hora de invitar a empresarios presentes a denunciar sindicalistas y en especial al Pata Medina les dio algunas ideas y les aclaró, para su tranquilidad: "Hemos chequeado con la Procuración, con la fiscalía y con el juez que eso va a funcionar; ese fue el primer paso hace unas cuantas semanas atrás”. Y les insistió: “Hemos tenido el recaudo de tomar como primera medida asegurarnos la cuestión judicial. O sea, no estaríamos a este nivel hablando con ustedes como mínimo dos ministros, un viceministro de Justicia, un senador por intermedio del gobierno nacional si no tuviésemos asegurada la cuestión judicial. No los estamos invitando a un carnaval para ver qué sale". 

Al referirse a la Procuración, todo indica, estaba hablando de Conte Grand. El juez que ordenó la detención del dirigente gremial y que se quedó con las causas principales fue Luis Armella, que es juez federal de Quilmes y cuya intervención era difícil comprender porque se denunciaban hechos y protagonistas con jurisdicción en La Plata. En la agenda de Villegas hay al menos cinco visitas suyas al juzgado en cuestión. Una de las más llamativas fue el 18 de octubre de 2017 a las 10.30. Ese mismo día, la agenda de Darío Nieto, secretario de Mauricio Macri, decía: "Villegas, juez de Quilmes quiere hablar con MM en privado". Villegas y Grassi tienen llamados con el exAFI De Stéfano quien, a la vez, tenía contacto con el juzgado. 

Casualidad, o no, Conte Grand tenía un celular encriptado que le había entregado la entonces gestión de la AFI, al mando de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Cuando en la Bicameral le consultaron al respecto confirmó que le habían dado un teléfono de esas características y que fue en el contexto de la Cumbre del G-20, aunque aclaró que nunca lo usó. No explicó para qué era ni se entiende la función, tratándose del jefe de los fiscales con competencias provinciales. La excusa del G-20 fue utilizada por la propia AFI y el gobierno de Macri para espiar a opositores, también a dirigentes propios, a periodistas y organizaciones sociales. 

Las llamadas

La presentación del abogado Albarracín subraya algunos detalles de contexto: la primera llamada entre Villegas y el Procurador es el 9 de mayo de 2017. Ese mismo día comenzaron tareas de espionaje sobre el Pata Medina, sin que hubiera una orden judicial. La llamada inmediata anterior de Villegas había sido con Gustavo Ferrari, exministro de Justicia bonaerense, y junto antes con la entonces gobernadora Vidal. Hay cuatro comunicaciones el 23 de mayo entre Villegas y Conte Grand. La última, señala el abogado, duró 17 minutos. El día previo el exministro había estado reunido con los otros funcionarios de la mesa de la Gestapo: Gigante, Allan y Grassi.  Siempre, explica, intercala llamados con ellos. 

Otra llamada entre el procurador y el ministro es el 11de julio. Ese día la fiscala Ana Medina impulsó una de las denuncias contra Pata Medina, que le fue derivada de otra fiscalía. El 13 de septiembre, Conte Grand y Villegas hablan a la noche tarde, a las 23.10. Al día siguiente, el empresario Fabián Cusini presenta una denuncia contra la Uocra por la paralización de una obra directo ante la fiscal Medina, no a la fiscalía de turno. Cusini es miembro de la Cámara de Desarrolladores Urbanos. Declaró esta semana y, al igual que los otros empresarios, complicó a Villegas. Contó que el ministro les insistía con que presentaran las denuncias con el formato indicado. El total de comunicaciones conocido entre Conte Grand y Villegas es de doce. Son llamados de línea, puede haber otras comunicaciones por WhatsApp. 

Un dato que suma el escrito del abogado de Medina es elocuente: enumera 16 llamadas entre el Procurador y la exgobernadora con una característica peculiar: siempre llamaba Conte Grand. Pero previo a cada llamada se producía lo que parecería ser un llamado de aviso desde el teléfono de Vidal a otro número que en teoría usaría Conte Grand, quien dos minutos después devolvía la llamada. Uno de los días que hablaron fue crucial: fue el 4 de mayo de 2017, el día que se reunieron en la Casa Rosada Macri, Villegas, Arribas, Patricia Bullrich, Guillermo Dietrich, Germán Garavano y Jorge Triaca. Como reveló Raúl Kollmann, en ese cónclave Macri les dijo a todos que quien quien quedaba a cargo de "coordinar" la persecución a sindicalistas era Arribas. 

En la Bicameral

Ante los legisladores de la Bicameral, Conte Grand dijo que había tratado con Villegas desde que era secretario Legal y Técnico de Vidal, y aclaró que luego siguió en contacto como lo hizo con otros ministros como el de Justicia, Ferrari, y el de Seguridad, Cristian Ritondo, entre otros, o Sergio Berni después. El diputado Rodolfo Tailahde le repreguntó sobre esos "contactos" y el procurador insistió que eran reuniones por "temas vinculados a sus áreas". Luego se dio este diálogo: 

Tailhade: Pareciera que con el entonces ministro Ritondo y con Ferrari tendrían, por ahí, un poco más de sentido esas reuniones. No quiero decir que no tuviera sentido, pero puntualmente quiero ir a si esos contactos con Villegas los recuerda en particular ya como procurador y en función de qué tema. 

Conte Grand: No, no no. Recuerdo sí que he tenido alguna relación de carácter institucional y hemos derivado en función de situaciones, por ejemplo, de lo que  recuerdo, vinculadas a la asistencia a las víctimas y a la necesidad de establecer estructuras de canalización de situaciones personales de familiares de vícitmas con el plano de lo laboral y cuestiones por el estilo. Para ser más claro, porque yo debo ser el más viejo de esta mesa o casi: nunca tuve una reunión con el ministro Villegas para tabajar en el armado de una causa ni para acordar el funcionamiento de las estructuras del Ministerio Público a partir de objetivos o decisiones que no sean de carácter institucional en modo alguno. Y hasta donde yo sé, ningún integrante de la Procuración eso hizo.  

La denuncia de Moyano

Quien denunció este miércoles a Conte Grand fue Pablo Moyano, en una demanda por tráfico de influencias y prevaricato en causas destinadas a lograr procesar y encarcelar a opositores políticos, dirigentes sociales, gremialistas --entre ellos él y su padre, Hugo Moyano-- y también a su abogado, Daniel Llermanos. "Venimos a denunciar la existencia de una organización de tráfico de influencias creada entre los años 2016 y 2017 --cuyos vigencia y efectos aún perduran-- estructurada dentro del ámbito de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires con la asistencia y colaboración de funcionarios, aún no suficientemente identificados, pertenecientes al área del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires", señaló la denuncia. 

En su presentación, el dirigente camionero precisó que esa organización, que según la denuncia también contó con la "connivencia" de "miembros del Poder Judicial y de Ministerio Público Fiscal", tuvo la "finalidad de procesar y/o encarcelar indebidamente a opositores políticos, dirigentes sociales, gremialistas y los abogados que intervenían en las defensas". Puntualizó además que estos delitos "se encuentran plenamente acreditados, cuanto menos, en el ámbito del Departamento Judicial de Lomas de Zamora en perjuicio de Hugo Moyano, Pablo Moyano, el doctor Víctor Hortel y quien suscribe" (Daniel Llermanos). 

La denuncia fue presentada en La Plata y quedó radicada en la fiscalía 16 a cargo de Juan Condomí Alcorta, con intervención del Juzgado de Garantías 1, de Guillermo Atencio.