Faltan quince días para que se cumplan 46 años del golpe genocida. Los juicios por delitos de lesa humanidad llevan casi quince años de continuidad desde su reapertura. Los genocidas mueren y sus víctimas también. El tiempo corre para que la posibilidad de hacer justicia no se escurra entre las manos. En ese escenario, la Cámara Federal de Casación Penal dictó una acordada que representa un nuevo impulso para agilizar los procesos por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Así lo entendieron referentes de organismos de derechos humanos que el miércoles por la tarde visitaron Comodoro Py, invitados por el presidente del máximo tribunal penal, Alejandro Slokar. “Nos vamos con mucha esperanza”, le dijo Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, a Página/12 tras la reunión.

Cerca de las 13, llegó Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, al despacho de Slokar en el primer piso. Ingresó diciendo que le preocupaba el tiempo. “Los genocidas se mueren y nosotras también, y queremos justicia”, le dijo a Slokar, que desde el mes pasado preside la Casación. Al rato, se sumó Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Más tarde llegaron Carlos Pisoni, de HIJOS, junto con Carlotto. La última en entrar a la oficina de Slokar fue Graciela Lois.

La reunión después se trasladó hasta la sala de acuerdos de la Casación, el salón en el que, en general, los integrantes del máximo tribunal penal se reúnen. En esa sala habían recibido el día anterior al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y le habían entregado las reglas prácticas para la tramitación de procesos complejos que acababan de firmar. A la reunión formal con los organismos se plegaron los dos vicepresidentes del tribunal, Ana Figueroa y Mariano Borinsky.

El encuentro se extendió durante casi dos horas y no faltaron críticas al rol de los tribunales de Retiro. Taty Almeida reclamó que dejara de ser “Comodoro PRO” y Pisoni pidió que la próxima vez que los invitaran no les convidaran café con sobrecitos de azúcar Ledesma –a cuyo dueño, Carlos Pedro Tadeo Blaquier, la Casación favoreció en 2015–. Emaniel Lovelli, el abogado de Abuelas, aprovechó para reclamar por las demoras que también existen en Casación y puso como ejemplo lo que ese tribunal tardó para confirmar las condenas por el Circuito Camps (2012) y por La Cacha (2014).

Los jueces tomaron nota y les presentaron la acordada que habían firmado el día anterior. La resolución en sí reactualiza una guía que se había firmado en 2012, durante la presidencia de Pedro David, para darles celeridad a los juicios. En ese momento, el tribunal acababa de renovarse y la acordada significó un nuevo mensaje para dejar atrás los tiempos en que la Casación funcionaba como una traba para que las causas de lesa humanidad avanzaran. En este caso, esta nueva acordada –adoptada durante la presidencia de Slokar pero que recoge un planteo que había hecho la fiscal Ángeles Ramos mientras Ángela Ledesma estaba al frente de la Casación– también marca un intento para dejar atrás un año marcado por varios escándalos en ese tribunal: desde las visitas de dos de sus integrantes a Mauricio Macri a los chats misóginos de Juan Carlos Gemignani, el único casador que no estuvo presente para firmar las reglas prácticas.

Los nuevos lineamientos

La acordada 2/2022 da una serie de pautas para que los tribunales sigan a la hora de tramitar procesos complejos, con muchos imputados y por muchos hechos, como son las causas por delitos de lesa humanidad. Entre otras cuestiones establece que:

  • Los juicios deben hacerse con celeridad y se deben evitar las dilaciones;

  • Se les debe dar prioridad a la hora de fijar audiencias. Esto ya lo había dicho la Corte en 2008.

  • Se deben evitar las demoras para dictar nuevas sentencias. Hay causas que son revisadas y un tribunal tiene que dictar un nuevo fallo, pero ese proceso puede demorar ocho años.

  • Las nuevas tecnologías pueden ayudar a que se conecten jueces que quizá no son de determinada jurisdicción y están cubriendo vacantes en otras;

  • Se debe garantizar la publicidad y solo limitarla por pedido expreso de una víctima.

  • Las sentencias deben ser escritas con un lenguaje claro y deben dar cuenta de una perspectiva de género.

  • Las pruebas deben ser preservadas.

  • Se debe brindar asistencia a las víctimas, especialmente a aquellas que sufrieron violencia sexual.

  • Se debe trabajar en la ejecución de la pena y en los controles de las salidas transitorias o de las domiciliarias. Ese fue parte de un reclamo que la semana pasada le llevaron sobrevivientes de Atlético, Banco y Olimpo a Slokar después de que la sala de feria de la Casación les otorgara salidas transitorias a Eduardo Kalinec, Juan Carlos Avena y Luis Donocik.

“Espero que en diez años no tengamos que volver a encontrarnos por las demoras en los juicios”, les dijo Slokar a los militantes de los organismos antes de despedirlos. “La consigna es memoria, verdad y justicia. Para eso, se necesita siempre una justicia de verdad y con memoria”, reflexionó después el juez ante la consulta de este diario y habló del persistente empeño por la vigencia de los juicios cuando aún hay más de 200 causas en instrucción, 20 procesos en trámite y siete con fecha para iniciarse este año.

“Queremos justicia”

Taty Almeida fue la primera en irse de la reunión. “Pedimos justicia y les planteamos nuestra preocupación porque mueren los represores y nosotras también. Nosotras queremos justicia antes y que ellos sean condenados”, dijo la referente de Madres de Plaza de Mayo LF al traspasar la puerta de la sala de acuerdos.

Estela de Carlotto llevaba una carpeta con la acordada. “Ahora tenemos que leer este texto que nos han entregado”, dijo mientras contaba que estaba contenta por encontrarse con dos amigos –especialmente con Slokar–. “Éste no es un espacio en el que tengamos amigos, muchas veces todo lo contrario”, dijo la presidenta de Abuelas mientras paseaba la vista por el pasillo casi vacío del primer piso de Comodoro Py. “Hay una predisposición muy grande para responder a nuestras necesidades”, agregó mientras se saludaba con Lita Boitano. “Somos las viejas locas”, decía con tono alegre Carlotto.

Junto con Boitano estaba Graciela Lois. “Lo mío es generacional”, dijo a este diario. “Yo soy de la generación de los desaparecidos y quiero ver a los genocidas condenados”.

Para Charly Pisoni, la acordada de Casación fue una buena noticia. “Es un reclamo que veníamos impulsando. Aplaudimos la decisión de la presidencia de Slokar de actualizar las reglas”, le comentó a este diario y expresó su preocupación por las prisiones domiciliarias. “Ocho de cada diez genocidas están en sus casas”.

"Es indispensable"

Entre los referentes de los organismos, se mezclaban los tres jueces y algunos funcionarios de la Casación. No faltaron empleados judiciales que pidieron sacarse fotos con los militantes de derechos humanos.

“El objetivo de la acordada es la celeridad y dinamizar los juicios de lesa humanidad”, dijo Mariano Borinsky mientras destacaba que casi la mitad de las causas que ingresan a ese tribunal son por delitos cometidos durante la última dictadura.

“Los organismos nos plantearon sus inquietudes acerca de la demora en los juicios. Se los escuchó, se les entregó las reglas prácticas para intentar agilizar”, dijo la camarista Ana Figueroa. “Esperamos que sean útiles para ver el resultado del juzgamiento y la sanción de los responsables”.

“Podemos hablar de una dinámica de hundimiento de los juicios a partir de 2015 y un estancamiento a raíz de la pandemia. En esta nueva normalidad, darle un nuevo impulso es indispensable”, cerró Slokar.