En el día de la mujer trabajadora en Salta hubo marchas en la mañana y por la tarde. La de la Asamblea Feminista fue multitudinaria. También hubo movilizaciones en el interior de la provincia. Con tres femicidios, dos de niñas del Pueblo Wichí, en lo que va del año, se exigió que se termine con el genocidio indígena, y se insistió en las demandas por políticas públicas y un presupuesto acorde para prevenir y erradicar la violencia. Además uno de los reclamos principales fue el sobreseimiento de la médica Miranda Ruíz, imputada por garantizar un aborto legal en Tartagal.

La presidenta de la Multisectorial de Mujeres de Salta, Marta César, destacó que “para el movimiento de mujeres y las disidencias sexuales fue una marcha maravillosa a pesar de los desórdenes que se producen en las marchas masivas donde concurre mucha gente”. “Me emociona ver caras nuevas y jóvenes. Ver como las chicas se van incorporando, y nos van proponiendo a la generaciones más viejas un nuevo discurso y una nueva forma de observar las relaciones de género, de politizar cada hecho de violencia que se inscribe en el cuerpo de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binarias”, dijo a Salta/12.

César consideró que la repercusión que tuvo la marcha en los medios fue muy buena. “Es una de las pocas veces que levanta las voces de la diversidad de estas marchas. Que es lo que hace que el movimiento feminista se vuelva cada vez más unido y poderoso, el respeto que hay entre nosotrxs, entre distintos espacios”, resaltó.

La principales consignas de este año de la marcha de la Asamblea Feminista fueron: “basta de violencias judiciales; basta de femicidios, lesbocidios y transfemicidios; el sobreseimiento para Miranda Ruiz; ni una más sin techo; la implementación de la Educación sexual Integral y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo; basta de genocidio indígena; la derogación del artículo 114 en Salta; basta de ajuste, no al pago del Fondo Monetario Internacional; abajo la guerra, fuera las tropas rusas de Ucrania y fuera la OTAN”. También se exigió la libertad de  la referenta jujeña Milagro Sala.

César explicó que la Multisectorial tiene como reclamo principal que se termine con el terricidio y genocidio indígena que tiene relación con la violencia de género y los femicidios en los pueblos indígenas. Este año, además de los dos femicidios de las niñas wichí Pamela Julia Flores, de 12 años, y Florencia Torres, una adolescente wichí embarazada falleció en el hospital de Tartagal esperando asistencia médica, en este caso se denunció mala praxis, violencia obstétrica, abandono de persona, y discriminación.

La referenta destacó la exigencia para que se deje “de criminalizar a la doctora Miranda Ruiz por garantizar la interrupción voluntaria del embarazo, única médica no objetora de conciencia en el norte provincial”. 

Por otro lado, recordó que se sigue exigiendo la derogación del artículo 114 del Código Contravencional en Salta,  que “abre un espacio de persecución a las compañeras travestis y trans”. Aunque desde su punto de vista “hay que derogar esa ley porque la policía con la experiencia de la pandemia tuvo facultades especiales, hoy actúa como agente de seguridad, de juez y de fiscalía”.

César puso énfasis en que la provincia todavía no designó el presupuesto para prevenir  y erradicar la violencia de género. Dijo que "el presupuesto de 2021 fue miserable, 15 millones sobre 157 mil millones del presupuesto general". Además, sostuvo que el Polo Integral de Mujeres, que tiene sede en Capital, es una institución provincial pero no asiste al interior porque cuando hay demandas de las mujeres y disidencias sexuales no van a los territorios. Añadió que este organismo incurre en violencia institucional y lo saben por en las organizaciones que asisten a víctimas reciben relatos de personas que sostienen haber sido maltratadas en este lugar creado por el gobierno de la provincia precisamente para dar respuestas a las problemáticas de género.

El repudio al vallado de la Catedral

“Quiero expresar mi más enérgico repudio al ministro de Seguridad, Abel Cornejo, que mandó a vallar a toda la Catedral solo porque corría un rumor de que las mujeres íbamos a destrozar la Catedral, a tirar excremento, que nunca ocurrió, con presencia de la policía no para garantizar nuestra integridad sino de terceros”, expresó César.

El 8 de marzo se vallaron los alrededores de la Catedral Basílica e incluso las calles que la rodean y permiten el ingreso al centro de la ciudad de Salta. La policía fue explícita, ante la consulta de Salta/12, explicó que el vallado era por las manifestaciones, que lo levantarían cuando terminen y que era para proteger la Catedral.

“Cornejo tiene un discurso armado sobre las cuestiones de género pero es uno de los grandes machistas, que proviene de la oligarquía”, señaló César.

De igual manera, la marcha paró frente a la Catedral, y allí la protesta principal fue por los abusos sexuales eclesiásticos, y la protección que la Iglesia dio a los curas abusadores. Hace una semana en un juicio penal se condenó al obispo emérito Gustavo Zanchetta por abuso sexual a dos exseminaristas pero aún no perdió el estado clerical.

César también cuestionó que las políticas de género en Salta estén en manos del Ministerio de Seguridad, con un enfoque que pretende dar una respuesta policial a una problemática que requiere políticas integrales y la intervención de otros ministerios de forma transversal.

En toda la provincia 

En el interior de la provincia también hubo marchas. La militanta de Panambi, de Orán, Clara Flores, contó que participó de la marcha que se hizo en Pichanal para acompañar a la familia de la niña víctima de femicidio Florencia Torres.

“Nos pareció sumamente importante participar en Pichanal. Nos conocen a nivel departamental, nos pidieron que hagamos la convocatoria y acompañemos. Se cortó el cruce de las rutas nº 5 y 50 y se marchó hasta la comisaría que está en el centro, a unos 3 de kilómetros. Lo que hicimos es prender velas en recordatorio y conmemoración. Hablaron algunas chicas, se planteó el pedido de justicia para Florencia, que los dos acusados no salgan en libertad, que no haya más femicidios en la provincia, esas son las consignas principales”, manifestó Flores.

Dijo que sostienen las mismas consignas en las marchas de Capital y a nivel nacional. “Sabemos que dentro del sistema judicial se necesita perspectiva de género para todas las sentencias, es una de las consignas que tenemos. Estamos al tanto del caso de Higui, pedimos la absolución y la derogación del artículo 114 del Código Contravencional”, especificó.

En cuanto a los reclamos territoriales, Flores también dijo que las mujeres padecen ante las falencias en el sistema de salud en el que han registrado muchos casos de violencia obstétrica. “Estuvimos durante un mes haciendo relevamiento con la fundación MujeresXMujeres de Tucumán, yendo a centros de salud y en el hospital. En el hospital las tratan mal, en casos de aborto o cuando van a tener a sus hijos”, señaló.

Flores también dijo que compañeras de su organización participaron de la marcha en Orán, a la que fueron otras organizaciones sociales y políticas y también algunas fundaciones que incluso están contra el aborto legal. En este punto, dijo que reflexionaron sobre la falta de rol protagónico de las mujeres y disidencias en aquellas organizaciones, ya que la mayoría de los dirigentes son varones, y también sobre la falta de perspectiva de género, porque gran parte de la sociedad oranense está contra el aborto legal que ya es ley.

La militanta del feminismo comunitario, Griselda Ferreyra, de Cafayate, contó a Salta/12 que marcharon en esa localidad con las mismas demandas de este 8 de marzo a nivel nacional y “a nivel territorial”: “la falta de políticas públicas, la falta de acción con perspectiva de género que tiene la policía, el juzgado, la fiscalía, la revictimización de las compañeras”.

Ferreyra dijo que en Cafayate no se garantiza el acceso a la salud de las mujeres, en particular en lo que respecta a la salud reproductiva y no reproductiva.

La militanta señaló que en las áreas de género falta formación de lxs funcionarixs que integran esos espacios en los municipios de Cafayate y San Carlos. También contó que las víctimas tienen dificultades para acceder a programas sociales porque si no son afines a los gobiernos municipales, se los niegan.

“Los violentos, los perpetradores están dentro de las instituciones también. Vas a hacer una denuncia en la comisaría y el que te la toma es primo, amigo, vecino del agresor”, manifestó. Dijo que se viven las mismas violencias y la falta de políticas públicas que en Capital pero al tratarse de pueblos pequeños esta situación es más cruda.

Además, Ferreyra dijo que políticas nacionales como “Acercar Derechos” no tienen en cuenta la situación económica de las mujeres que no tienen dinero para pagarse un pasaje a la Capital. “El Estado tiene que estar presente”, demandó. 

Agresión a militantas

En la ciudad de Salta, mientras se desarrollaba la protesta frente a la Catedral, un hombre cuya conducta violenta fue noticia varias veces en los medios y que tiene esquizofrenia, empujó a una joven tirándola al piso, sin que la policía interviniera. Una militanta señaló que lxs efectivxs solo actuaron para abrirle una parte del vallado y que este hombre pudiera salir.

Desde la Asesoría de Incapaces, que debe actuar por las personas con patologías psiquiátricas, explicaron que por protocolo la policía debió haber dado intervención al asesor que se encontraba en turno, Esteban Fernández, quien es quien interviene por este hombre, que es paciente psiquiátrico. Sin embargo, lxs policías incumplieron con el protocolo. Se indicó que para intervenir el asesor requería la denuncia en la Fiscalía, pero la joven agredida no radicó la demanda, según se dijo, por miedo.

El hombre luego persiguió hasta su casa a otra militanta, diseñadora gráfica, que forma parte de la Fuerza de las Mujeres. Sus compañeras explicaron a Salta/12 que la joven radicó la denuncia, porque este hombre la siguió y además la fotografiaba.