Delfín Reynaldo Castedo, el hombre que está siendo juzgado acusado de ser el jefe de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes y al lavado de los activos obtenidos en esta actividad, volvió a declarar ayer, esta vez, para "aclarar" sobre el testimonio brindado por un comandante de Gendarmería que estuvo a cargo del equipo que finalmente lo detuvo en 2016, tras casi diez años de que se mantuviera prófugo. 

Desde la cárcel de Ezeiza, donde cumple prisión preventiva junto a su hermano Raúl Amadeo "Hula" Castedo, que también está siendo juzgado en este proceso ante el Tribunal Oral en lo Federal N° 1 de Salta, Delfín Castedo se presentó como un productor agropecuario y cuestionó a los investigadores de Gendarmería Nacional y a los fiscales que impulsaron su detención, con lo que generó un cruce entre el fiscal Jorge Viltes Monier y su abogado, Mariano Alvarez. 

Castedo acusó a los investigadores de "ensuciar a un juez, a un fiscal", señalándolos como quienes le avisaban de las intervenciones a teléfonos del grupo. "Ellos son campeones en ensuciar a la gente", añadió. "Claro que las fuerzas me odian", afirmó; dijo que esto se debe a que en 2001 denunció hechos de corrupción en la zona de la frontera ante el entonces juez federal Abel Cornejo, ex juez de Corte y ex procurador general de la provincia y actual ministro de Seguridad y Justicia de la provincia. Cornejo ya había sido nombrado en escuchas anteriores, cuando el otro de los acusados, el corredor inmobiliario Eduardo "Pinto" Torino, amenazó con valerse de sus contactos en altas esferas del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal de Salta para destituir al fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, si no desalojaban a un campesino que le disputaba tierras. 

En realidad la demanda de desalojo no se tramitaba en la fiscalía de Cazón, y el fiscal no atendió al requerimiento de Castedo. 

Castedo aseguró que la investigación en su contra se debe a un interés por la finca El Aybal (que con El Pajeal suma casi 30 mil hectáreas) por su posición estratégica limitando con Bolivia; mostrando un croquis que exhibió en los distintos puntos por donde hay pasos ilegales a ese país. "La finca El Aybal se ha transformado en una aduana paralela. Y nadie dice nada", disparó. Acusó a la familia de Liliana Ledesma, por cuyo asesinato en 2006 está procesado, de dedicarse al narcotráfico y dijo que esto fue lo que denunció y le motivó la persecución que afirma estar viviendo. 

Aseguró asimismo que lo investigan desde 1997 y que tras 35 allanamientos en sus propiedades, "nunca me encontraron ni un cigarro de marihuana". Y acusó a la UBA, que administra las fincas embargadas, y a los fiscales federales Eduardo Villalba y José Luis Bruno, que impulsaron su detención, de pretender quedarse con El Aybal. 

En este punto lo interrumpió el fiscal Viltes Monier, dijo que estaba haciendo "fuertes acusaciones" contra el Ministerio Público Fiscal federal y que en todo caso debía hacer la denuncia formal. Alvarez aprovechó para devolver el golpe: en primer lugar "son las mismas acusaciones que hicieron contra mí", dijo en referencia a que el comandante también contó que en las escuchas este abogado y Viviana Pascuso (o Pascuzzo, una mujer cercana al sindicado jefe narco) hablaban de presionar al juez federal en Orán, Gustavo Montoya. 

En segundo lugar, dijo Alvarez, Castedo está detenido y no puede ir a hacer las denuncias, "no sé si la fiscalía lo sabe", siguió. El presidente del Tribunal, Federico Díaz, cortó el intercambio recordando que si lo desea, el detenido puede hacer la denuncia formal. 

Castedo retomó el habla pero fue interrumpido por la defensora de Araujo, la abogada Sandra Domene, que reclamó que declarara solo, porque su hermano hacía acotaciones. "Hula" reaccionó pero el presidente lo hizo callar. Delfín Castedo pidió entonces que se haga una inspección en la frontera para que se vea que se puede pasar a Bolivia por "un montón" de caminos, no solo por los abiertos en las fincas suyas, en Hito 13, Hito 14, Hito 15 "pasa de todo. Nadie hace nada", aseguró, e insistió con solicitar las escuchas completas. 

No me quise fugar 

"No es que me quise fugar", empezó ayer Castedo al responder al comandante que dirigió el operativo de búsqueda que terminó con su detención, el 22 de julio de 2016. El oficial de Gendarmería había dicho que Castedo amagó con huir poniendo en marcha la camioneta pero que un gendarme se lo impidió sujetándolo tras romper el vidrio del vehículo. 

Castedo dijo que forcejeó porque "pensaba que me iban a robar", dado que el primer alferez no tenía identificación a la vista. Y lanzó una chicana: el comandante no puede describir ese momento porque "Él no se encontraba ahí. Estaba a tres cuadras en una confitería", dijo. 

En cuanto a las escuchas sobre comunicaciones con Ricardo Ervas, que era encargado de las fincas El Pajeal y El Aybal, de propiedad de Castedo, para explicar algunos intercambios en los que se menciona esta cifra el acusado dijo que habían desaparecido 50 toneladas de maíz. Y pidió que se incorporen las escuchas completas, "no la fracción que a ellos (los investigadores de Gendarmería) les conviene". Agregó que el comandante "trata de confundir a la fiscalía sobre este tema". 

Por otro lado, añadió que sabía que le "estaban robando", y que por eso y "muchos problemas", Ervas dejó de ser el encargado. Y puso más distancia: "Es problema de él", dijo sobre las escuchas de conversaciones entre Riqui o Ricky Ervas y Ricardo Martínez Cuéllar, que le reclamaba una deuda de Castedo por dos cargas, e incluso le hizo hablar con personas con acento de Colombia que advirtieron de que si no pagaban esas cargas o se entregaba un acta de secuestro iba a haber represalias. 

Ervas, Martínez Cuéllar y Bernardo Alejandro Flores fueron detenidos a finales de diciembre de 2016 en relación al secuestro de 180 kilos de cocaína.

Castedo también quiso aclarar su vínculo con Micaela Romero, que ha sido señalada por Gendarmería como una colaboradora que por su indicación habló con testigos para que morigeraran sus declaraciones y que fue la intermediaria para sobornar a policías de Bolivia. El principal acusado dijo que tenía contacto con ella a través de su pareja, un empleado del Senasa de apellido Michel o Mitchell, al que contrataba para que vacunara sus animales. "Yo más que nadie quiero que se sepa la verdad", aseveró. 

Al margen

También Melba Araujo fustigó ayer al jefe del equipo que detuvo a Castedo. Dijo que el comandante tiene este trabajo "pero tiene que comprender que no puede involucrar a gente inocente".

Se presentó como madre de cinco hijas, de 24 años la mayor y de 9 la más pequeña. Contó que convivió con el principal acusado por casi 17 años, "el rol que siempre cumplí fue el de cuidar a mi familia", aseguró. Antes su ex marido había asegurado que ella "no tiene nada que ver" con la actividad en las fincas.

Araujo dijo que con sus hijas iba mucho a las fincas porque las chicas disfrutaban del campo y los animales. "Esa fue nuestra vida. Nosotros siempre estuvimos al margen de lo que se vendía o se compraba", "tratan de ponerme en un rol que yo nunca tuve", aseguró respecto de la acusación, que afirma que tomó las riendas de las fincas y de las otras actividades cuando el capo narco cayó preso. 

"Nunca en mi vida hice algo ilegal", sostuvo, y reiteró que viene soportando "un sufrimiento muy grande" con sus hijas, que "salieron muy perjudicadas".

La mujer dijo que solo colaboró con su marido en ocasiones, sobre todo con la venta de animales. Y puso a Micaela Romero en otra función, dijo que era la encargada de tramitar los DTA (Documento para el Tránsito de Animales), y que brindaba este servicio a otros ganaderos de la zona.