La Justicia de San Martín consideró que cinco de los narcos detenidos en el marco de la causa por la cocaína adulterada que provocó la muerte de 24 personas en los partidos de San Martín, Tres de Febrero y Hurlingham a principios de febrero pasado cometieron homicidios "agravados por el uso de veneno como método insidioso" y les dictó la prisión preventiva.

En su fallo de 78 páginas, el juez Mariano Grammático Mazzari dictó esa medida en contra de Iván David Avalos (21), Nicolás Matías Campos (18), Luis Alberto Rodríguez (26), Mauricio Adrián Balcarce (29) y Héctor Gabriel Faundez (47).

A los cinco les imputó el delito de "tráfico ilegal de sustancia estupefaciente en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, agravada por la pluralidad de intervinientes en forma organizada, en concurso real con homicidio agravado por el uso de veneno como método insidioso y homicidio agravado en grado de tentativa".

Para el magistrado, por el momento existen evidencias para imputarles 11 de las 24 muertes y más de una veintena de heridos por el consumo de la cocaína adulterada con carfentanilo, una sustancia usada para dormir elefantes.

Por otra parte, el juez justificó la prisión preventiva de los cinco imputados al considerar que "la sanción prevista para los delitos endilgados a los causantes permite inferir un peligro de fuga por parte de todos ellos".

Además, Grammático Mazzari añadió: "Con la convicción de que los imputados forman parte de una organización criminal vinculada al narcotráfico (...) es dable presumir que éstos, en libertad, podrían ponerse en connivencia para provocar el entorpecimiento de la investigación".

Durante la investigación, el juez estableció que los imputados "cumplían diferentes roles en los estratos inferiores de la cadena de comercialización de estupefacientes prohibidas, de la cual sus jefes u organizadores hasta la fecha no fueron identificados".

Por ejemplo, Campos y Rodríguez fueron sindicados por cumplir funciones de seguridad y de "satélite", al dar aviso de la llegada de las diferentes fuerzas del orden.

A su vez, Avalos y Balcarce fueron acusados de vender los estupefacientes en los pasillos internos del asentamiento Puerta 8.

En tanto, Faundez es señalado como el encargado de ocultar los estupefacientes en un domicilio ubicado en la calle El Gaucho, esquina Río Cuarto, en la localidad bonaerense de Loma Hermosa.

"Con cada aporte, han contribuido al plan criminal del aparato al cual pertenecen. Entonces, más allá del carácter fungible que pudiera atribuirse a las contribuciones, ello no es óbice para excluir de responsabilidad a los estratos inferiores", indicó Grammático Mazzari.

En cuanto a los escalones superiores de la organización, el magistrado afirmó que "conocían la probabilidad de que la sustancia estupefaciente suministrada, luego de los sucesivos cortes y estiramientos, causare la muerte o un grave daño a la salud de los consumidores".

"El propio conocimiento potencial que la sociedad criminal tenía de la droga y --más eventualmente-- la indudable conciencia de la posibilidad de desenlaces fatales, sumado a la indiferencia o la conformidad con tales resultados disvaliosos y letales con que tomaron dicho riesgo, son indicadores que demuestran, con un elevado grado de probabilidad, que dicha empresa de narcotráfico fuera dominada por una motivación defectuosa contraria a la norma", indica un tramo de la resolución.

Grammático Mazzari avaló así la pesquisa llevada adelante por el fiscal de instrucción de San Martín Germán Martínez, en el marco de la cual se identificaron los lugares donde las víctimas compraron la droga adulterada en el interior del asentamiento Puerta 8, del partido de Tres de Febrero.

Los sitios fueron allanados y en ellos se secuestraron dosis de estupefacientes listas para la venta que, al ser analizadas, al igual que las aportadas por las víctimas, arrojaron que contenían como sustancia de corte carfentanilo, letal para los seres humanos.

Según el último reporte oficial, durante la primera semana de febrero, 24 personas fallecieron -21 de ellas dentro de hospitales y las tres restantes en domicilios o en la vía pública- tras consumir cocaína adulterada, mientras que 84 personas terminaron internadas por intoxicación en distintos hospitales de la zona noroeste.